El derecho del socio a la información y las aclaraciones sobre lo que afecte a su empresa

Los socios con participación en el capital social de una entidad se encuentran, en ocasiones, con obstáculos de cara a conocer la situación de la empresa en la que participan. El comportamiento abusivo de una mayoría de socios puede impedir en ocasiones el conocimiento de los hechos y las circunstancias, a partir de los cuales un socio debe emitir su voto sobre las cuentas anuales y la gestión social de una sociedad.

La Ley de Sociedades de Capital (L.S.C.) regula el derecho de información del socio en los siguientes términos:

Artículo 196. Derecho de información en las sociedades.

1. Los socios de la sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

2. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social.

3. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

Artículo 272. Aprobación de las cuentas.

1. Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general.

2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

3. Salvo disposición contraria de los estatutos, durante ese mismo plazo, el socio o socios de la sociedad de responsabilidad limitada que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad.

Los tribunales vienen interpretando que el artículo 272.2 de la L.S.C. impone el contenido mínimo de la información documental que debe ponerse a disposición del socio, pero este, en contrapartida, debe ejercitar su derecho de manera tal que no entorpezca innecesariamente la vida de la sociedad.

Ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, número 530/2010, de 26 de julio de 2010, que argumenta que:

El derecho se vulnera cuando se deniega la información o cuando se dificulta el acceso a la documentación. […] el derecho de información aunque fundamental, en cuanto instrumental del derecho de voto, sin embargo no es ilimitado, sino que ha de ceñirse a los extremos concretos sometidos a la Junta, ni puede ser llevado al paroxismo, esto es a una situación en que se impida u obstaculice el funcionamiento correcto y normal de la sociedad, sino que ha de ser ejercitado de buena fe, como todos los derechos, debiendo rechazarse los modos de ejercicio que resulten abusivos.

El alcance de la información, documentos e informes a que tendrá derecho el socio difiere según que la solicitud encuentre el apoyo de los socios que representen al menos un 25% del capital social:

(a) Solicitud de uno o varios socios que NO representan el 25% del capital social: en este caso, los artículos 196 y 272 de la L.S.C. le/s reconocen el derecho a la obtención de informes y aclaraciones relativos a asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo recibir respuesta escrita o simplemente verbal, adecuada a las circunstancias del tiempo y naturaleza de los solicitado. Además, el órgano de administración podrá denegar la información si, a su juicio, la publicidad de la información interesada perjudica el interés social.

De cara a la aprobación de las cuentas anuales, deberá entregársele/s, en cualquier caso, los documentos que han de ser aprobados en Junta, el informe de gestión y en su caso, el informe de auditoría de cuentas.

(b) Solicitud de uno o varios socios que SÍ representan un 25% o más del capital social: los artículos 196.3 y 272.3 de la L.S.C. impiden por completo la posibilidad de que la información demandada sea denegada, bien sea con el argumento de que su publicidad puede perjudicar al interés social, bien en el hecho de que abarca una extensión o exhaustividad excesiva.

El socio podrá examinar, en el domicilio social, acompañado de un experto contable, cuantos documentos sirvan de soporte y antecedentes de las cuentas anuales propuestas por los administradores.

El socio puede necesitar conocer algunos datos contables sin los cuales no es posible valorar la corrección de los datos globales recogidos en las cuentas anuales sometidas a aprobación y demás documentos complementarios. Tales datos globales son agregados de datos parciales, lo que justifica el interés del accionista por obtener información sobre estos. Y es legítimo que en ocasiones pida también conocer los documentos contables, en un sentido amplio, que incluye documentos bancarios y fiscales, que soportan tales datos y cifras e informan sobre aspectos relevantes de la marcha de la sociedad y la gestión de los administradores.

Los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales no son exclusivamente los libros contables obligatorios, sino que son todos los documentos contables que sirven de apoyo a sus asientos, como por ejemplo, facturas, albaranes, listado de existencias y el resto de los documentos que sustenten las transacciones contabilizadas.

A fin de cuentas, cuando el socio haya desplegado una actitud, en tiempo, forma y fondo adecuadas, la empresa no podrá negarle la información solicitada. Es mediante el acceso a los documentos e informes que sirven de base a los estados financieros, cuando el socio podrá emitir un voto libre y consciente

Francisco Javier Barrionuevo Castillo, Socio de Auditoría de Auren

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PRIMER EJERCICIO DE APLICACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

La Ley 11/2018 del pasado 28 de diciembre incorpora a nuestra normativa la directiva europea en materia de información no financiera a través de modificaciones del Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

Con carácter general, el ejercicio 2018 ha sido el primero de aplicación a las empresas sujetas a la obligación de divulgación de esta información. Recordemos que esta obligación se establece para las sociedades y grupos con una plantilla media de más de 500 trabajadores y que además o bien sean entidades de interés público o bien superen durante dos ejercicios consecutivos una cifra de negocio de 40 millones de euros o un volumen de activos de 20 millones de euros. Estos requisitos se mantienen para los ejercicios 2019 y 2020 pero para 2021 y siguientes serán de aplicación a todas aquellas sociedades con una plantilla media de más de 250 trabajadores y que además cumplan lo mencionado en las líneas anteriores. Esto quiere decir que en un par de años se ampliará notablemente el número de sociedades obligadas a la preparación del EINF, sociedades además que dado su inferior tamaño estarán presumiblemente menos preparadas para la obtención de la información requerida y para el tratamiento de la misma.

Hay que reseñar que el EINF debe presentarse de forma claramente identificable dentro del informe de gestión o en documento separado con referencia expresa, de tal manera que cumpla los mismos requisitos legales de formulación, aprobación y depósito que los previstos para el propio informe de gestión y cuentas anuales, incluyendo la presentación de este estado como punto separado del orden del día de la Junta General.

La propia Ley 11/2018 establece que “la información incluida en el Estado de Información No Financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación”, sin añadir requisito o cualificación adicional alguna. El BOICAC de marzo de 2019 aclara que no existe impedimento alguno para que el auditor de la sociedad efectúe dicha verificación, añadiendo además que es una información semejante a la incluida en el informe de gestión cuya verificación realiza ya el propio auditor.

En nuestra opinión, resulta recomendable e incluso necesaria la verificación por parte del auditor, no sólo por el conocimiento de la entidad y su negocio sino por su cualificación profesional. Basta repasar la norma para concluir la necesidad de identificar riesgos clave, establecer materialidad, analizar políticas y procedimientos de la organización, discernir sobre cuestiones relevantes o no, tareas todas ellas que el auditor ejecuta en la realización de su actividad profesional.

Cuestión diferente es que desde luego debemos trabajar en estrecha colaboración con los profesionales especializados en las materias objeto de información tales como medioambiente, cuestiones sociales y de personal, derechos humanos o lucha contra la corrupción, con objeto de asegurarnos sobre la calidad y cantidad de la información proporcionada.

El ICJCE emitió en febrero de 2019 la guía de actuación sobre encargos de verificación de EINF que supone una herramienta muy útil para el desarrollo de nuestro trabajo. La guía de actuación hace referencia expresa a los requisitos a evaluar para la aceptación del trabajo y su materialización en una carta de encargo, evidentemente con carácter previo a la ejecución del mismo.

En el curso del primer año de aplicación del EINF se suscitaron también ciertas cuestiones referidas a la dispensa de sociedades dependientes de un grupo y respecto a la inclusión o no de todas las filiales, que vino a resolver la consulta del BOICAC nº 117. En primer lugar, concluye que una sociedad dominante de un grupo que formule cuentas anuales consolidadas debe incluir en su EINF consolidado la información relativa a todas sus sociedades dependientes con independencia del país en que esté radicado el domicilio social de las mismas.

Asimismo, se pregunta por la dispensa de divulgación del EINF de una sociedad dependiente de un grupo que estuviera a su vez incluido en el informe de gestión consolidado de otra sociedad dominante, planteando los posibles escenarios de que la sociedad dominante esté domiciliada en España, en un estado miembro de la Unión Europea o radicada en un tercer país. Y en los tres escenarios la respuesta es positiva, indicando que nada impide la aplicación de la dispensa por la sociedad española incluso controlada por una sociedad dominante radicada en un estado que no sea miembro de la Unión Europea, siempre que la misma publique la información no financiera de acuerdo con lo requerido por la Directiva Europea y nuestra normativa local.

Para terminar, insistir que la incorporación de un elevado número de compañías a la obligación de presentación del EINF del ejercicio 2021 requerirá una preparación gradual por su parte de la información a reportar, cómo obtenerla, cómo tratarla y en muchos casos cómo adaptar sus sistemas de información. Es también nuestra responsabilidad concienciar a las compañías de este hecho y contribuir a evitar los problemas generados en su primer año de aplicación, agravados en este ejercicio por el escaso periodo de tres meses concedido por la legislación para su preparación.

Juan José Jaramillo Mellado, Socio de Auditoría de Auren

El nuevo papel del Auditor en el sector público local

La colaboración entre los órganos de control públicos y los auditores privados es una realidad ya en nuestro país. Son muchas las experiencias de colaboración público-privada durante los últimos años, la mayoría de ellas positivas.

El objetivo de esta entrada es describir las nuevas posibilidades de colaboración que se abren con la entrada en vigor del RCIL (Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local).

La posibilidad de esta colaboración aparece recogida de forma expresa en el artículo 34 del RCIL donde en su apartado 1 establece que “A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas las Entidades Locales podrán recabar la colaboración pública o privada”. A continuación, el apartado 3 establece los términos en los que se podrá contratar a sociedades de auditoría privadas.

Los trabajos de auditoría de cuentas anuales en las entidades públicas locales obligadas

El artículo 29 apartado 3 del RCIL incorpora, como novedad, la obligatoriedad de realizar una auditoría de cuentas anuales, a partir del año 2019, para organismos públicos locales que con anterioridad no estaban sujetos a esta obligación. Las entidades sujetas serán: Organismos autónomos locales, entidades empresariales locales, fundaciones del sector público, fondos y consorcios y sociedades mercantiles no sometidas a obligación de auditoría por la legislación mercantil.

Es precisamente en las auditorías de cuentas anuales donde las sociedades privadas cuentan con una amplia experiencia acumulada tanto en sociedades mercantiles sujetas a las Normas Técnicas NIAS-ES, como en sociedades públicas sujetas a las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP). En este tipo de trabajo podemos por tanto extrapolar de manera directa la amplia experiencia y contrastadas técnicas de auditorías utilizadas por las firmas privadas. Es previsible que estas auditorías de cuentas anuales no planteen grandes problemas de adaptación respecto a los trabajos de colaboración en la actualidad, se trata tan solo de ampliar el universo de entidades afectadas.

Los trabajos de auditoría de cumplimiento y operativa de las entidades del sector público local no sometidas a control

El artículo 29.3 del RCIL establece, para las entidades no sometidas a control financiero permanente, la obligatoriedad de realizar auditorías de cumplimiento y operativas.

Las auditorías de cumplimiento tienen como objetivo comprobar que la actividad se ha desarrollado de conformidad con las normas que le son de aplicación. La auditoría operativa tiene como objetivo comprobar la racionalidad, eficacia y eficiencia de la gestión económica financiera.

Ambas auditorías admiten la posibilidad de colaboración, pero es quizá en las auditorías operativas donde la sinergia público-privada es mayor.

Las auditorías operativas superan la revisión más “formal” de auditorías financieras y de cumplimiento. Este tipo de auditorías buscan analizar la eficacia y eficiencia en la gestión pública. Este concepto de eficiencia no sólo se verifica mediante la auditoría operativa sino también mediante el control financiero permanente, cuyas posibilidades de colaboración analizaremos en los siguientes apartados.

Hasta ahora, este tipo de revisiones de racionalidad y buena gestión económica-financiera han sido muy escasas en el sector público, centrándose más en la intervención formal, contable y legal de la gestión pública. Sin embargo, las firmas privadas de auditoría si realizan este tipo de análisis para muchas entidades privadas. Análisis que, convenientemente adaptado a las singularidades del sector público, puede ser de mucha utilidad para los interventores locales.

Estos análisis se basan en la definición de objetivos e indicadores, planificación estratégica, elaboración de procedimientos, implantación de modelos de control de gestión y sistemas de información y revisión de resultados.

Nuevas posibilidades de colaboración en el control permanente

Aunque no de manera tan explícita como en el caso de la auditoría pública, el RCIL  también contempla la posibilidad de la colaboración con la intervención de empresas auditoras privadas en otros ámbitos. En su artículo 4, relativo a los principios del ejercicio del control interno, establece que “El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control de al menos el 80% del presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero”

Es decir, respetando la posición central del interventor local y ajustándose en todo momento a las instrucciones dictadas por él, los auditores privados pueden “colaborar” en las funciones de control financiero permanente. Describiremos a continuación algunas de las áreas de colaboración.

La elaboración del plan anual de control financiero

La elaboración de este plan anual de control financiero es quizás el elemento más importante para conseguir un control permanente eficiente. Hay al menos dos razones que justifican la importancia de una buena planificación. En primer lugar, la acumulación por parte de los interventores de un número cada vez mayor de tareas que limita el tiempo dedicado al control, y en segundo lugar, esta planificación permitirá, en base a un análisis de riesgos, centrar el análisis en las áreas sensibles, optimizando así los recursos empleados en el control.

La elaboración del informe anual de resultados y el Plan de Acción

El objetivo final del control interno es, no sólo detectar las debilidades y riesgos en la gestión económico-financiera, sino sobre todo resolverlos. El principal instrumento diseñado con este fin es el Plan de Acción que deberá elaborar el presidente de la Corporación. Este plan tal y como estable el artículo 38 del RCIL “determinará las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto”.

Es en el Plan de Acción donde se debe utilizar toda la experiencia acumulada en “buenas prácticas” en otras entidades locales. La elaboración de medidas capaces de resolver los problemas detectados depende en buena medida de la existencia de una experiencia previa en un número suficiente de entidades locales. Las firmas de auditoría privada, al trabajar para entidades locales muy diversas, pueden realizar una importante función de asesoramiento al interventor local, proponiendo soluciones ya contrastadas en otras entidades y seleccionando aquellas que mejor se adaptan a la institución local.

La revisión de la eficacia y la eficiencia en la gestión

Estos análisis son precisamente los que potencialmente generan un mayor impacto en la gestión y pueden mejorar los resultados obtenidos en las políticas públicas, reduciendo de manera simultánea los costes incurridos.

Las firmas de auditoría acumulan también en este tipo de análisis una amplia experiencia tanto en empresas mercantiles, donde estos análisis son inherentes a los procedimientos de control de gestión, como en entidades públicas.

 Otras posibles colaboraciones 

  • Asesoramiento en el diseño del modelo de control interno
  • Respuesta a las alegaciones presentadas
  • Apoyo en la elaboración de modelos de fiscalización previa limitada
  • Técnicas de auditoría y muestreo
  • Elaboración de programas de trabajo detallados y normalizados
  • Formación de equipos


Pablo Nieto Gutierréz, Director de Auditoría de Auren

El nuevo informe de auditoría, observaciones y reflexiones tras el segundo año de su aplicación

El nuevo informe de auditoría, vigente para aquellos trabajos de auditoría de cuentas anuales o de estados financieros de ejercicios que se iniciaron a partir del 17 de junio de 2016, es decir, aplicable en general para aquellas auditorías de cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2018, ya transcurridos, ha supuesto novedades importantes en cuanto a su forma y contenido. El nuevo informe de auditoría es mucho más amplio y exigente, tratando de mejorar el valor de comunicación y la relevancia del mismo.

Desde el punto de vista del auditor ha tenido diversas connotaciones, entre las que destacan las siguientes.

En general, el informe de auditoría ahora es mucho más largo, los apartados que se venían utilizando han ampliado su contenido, por ejemplo en cuanto a la información sobre cuáles son las responsabilidades de la entidad auditada en relación con el control interno, así como respecto de la preparación y contenido de las propias cuentas anuales, algo  desconocido por parte de algunos usuarios del informe; al igual que la información relativa a las responsabilidades del auditor, quedando mucho más precisa. El tipo de opinión, favorable, con salvedades, desfavorable, o denegada, así como los fundamentos sobre la que se sustenta, ahora se presenta directamente nada más comenzar la lectura del informe, algo muy importante para tener una visión global sobre la adecuación de las cuentas anuales desde un primer vistazo. Adicionalmente, como gran novedad, el auditor ha de plasmar en su informe las cuestiones clave de la auditoría, o los aspectos más relevantes de la misma, o sea, los principales riesgos detectados de incorrecciones materiales en su trabajo de verificación de las cuentas anuales, así como los procedimientos principales utilizados para abordar los mismos y poder concluir una vez resueltos favorablemente, presentar entre uno y tres de éstos ha constituido la práctica generalizada.

Aspectos tales como la incertidumbre material sobre la empresa en funcionamiento, es decir, dudas sobre la continuidad normal de las actividades de la entidad, ahora se destacan especialmente en un apartado principal, no quedando desapercibidos. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones también contribuyen a destacar aspectos sobre la auditoría y otros complementarios que el auditor puede considerar necesarios para un mayor entendimiento de la situación de la entidad auditada, si bien se observa que ha disminuido su uso, algo desfavorable, pues ayudan a resaltar determinada información que podría ser muy valiosa para el lector. Por último, el párrafo sobre la constatación efectuada del contenido y presentación del informe de gestión, ahora mucho más exigente y que debe contemplar las interrelaciones necesarias con las posibles salvedades presentadas en el informe de auditoría y que pueden estar afectando a la interpretación del propio informe de gestión.

Todo ello, ha supuesto una mayor concatenación de la planificación del trabajo del auditor, basado en la identificación de riesgos de incorrecciones materiales en las cuentas anuales, con el abordaje adecuado de los mismos, empleando los procedimientos necesarios para  lograr conclusiones claras y, plasmar los resultados principales en el informe de auditoría, debiendo mantener una comunicación regular con los responsables del gobierno de la entidad auditada. En definitiva,  una mayor dedicación de horas de trabajo y el tener que hilar mucho más fino.

Desde el punto de vista de los usuarios del informe, éstos se han encontrado con un documento más largo, pero más informativo y aclaratorio, lo que sin duda alguna ha tenido dos aspectos contrapuestos, por una parte, la del lector riguroso, que ha quedado mejor informado en relación con la adecuación de las cuentas anuales de la entidad auditada e igualmente sobre la situación económica y financiera de la misma, apreciando las bondades del nuevo informe de auditoría; y por el contrario, la del lector informal y con prisas, que prácticamente se ha limitado a leer el tipo de opinión emitida al inicio del documento y poco más, pues considera que con ello es suficiente y que ha de emplear su tiempo en otros asuntos de mayor interés al margen de todo esto.

En general, no se han observado comentarios ni favorables ni desfavorables por parte de los usuarios del informe de auditoría, por lo cual se deduce que, hasta el momento, el valor añadido que ha podido aportar el nuevo informe de auditoría ha sido apreciado  exclusivamente por una minoría de lectores con cierta formación y cultura empresarial, capaces de efectuar una lectura responsable del mismo, dado el interés directo o indirecto que en forma alguna mantienen en la entidad auditada.

Juan José Cabrera, Socio de Auditoría de Auren

La auditoría de cuentas, la asignatura pendiente de la Ley de Partidos Políticos

Son indudables los avances que en los últimos 10 años se han conseguido en materia de transparencia económica de las Administraciones Públicas. La demanda de la ciudadanía de una mayor transparencia como un valor transversal y esencial en una sociedad democrática fue acogida en el año 2013 por el legislador con la aprobación de la Ley de transparencia de las Administraciones Públicas.

La transparencia refuerza la credibilidad de las Administraciones y legítima con más fuerza su acción pública. No obstante, este progreso y sensibilidad hacia la transparencia de la Administración no ha sufrido el mismo mimetismo legislativo en las organizaciones y partidos políticos, financiados mayoritariamente con recursos públicos.

El ordenamiento jurídico actual regula el régimen de fiscalización y control, sin la imposición expresa de someter a auditoría sus cuentas anuales, sometiéndolos en exclusiva al control del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo. Sin embargo, este régimen de fiscalización no da respuesta a una de las características básicas que debe tener la información económico-financiera: la oportunidad, entendida como la necesidad que los usuarios, en este caso los ciudadanos, dispongan de la información en un tiempo adecuado y suficientemente corto para que les sea de utilidad. La actual regulación nos lleva a una situación en que el último informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos va referido a las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Ante esta situación, sólo uno de los cuatro partidos políticos con mayor representación en las Cortes somete y publica de manera voluntaria a auditoría sus cuentas anuales. Como contrapunto a esto, todos los partidos con representación en el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte someten sus cuentas anuales a auditoría de cuentas, son publicadas y puestas a disposición de los ciudadanos, toda vez que su financiación es mayoritariamente privada en contraste con la financiación de partidos políticos de España que procede de las arcas públicas.

Los partidos políticos, tienen una magnifica oportunidad de definir y posicionarse como quieren seducir a la ciudadanía y como quieren que esta los perciba no sólo a través de sus programas y proyectos sino también necesariamente través de la calidad y el alcance de la información financiera. La actividad de auditoría de cuentas debe ser un instrumento imprescindible para relegitimar la actividad política y devolverle el crédito que merece. 

Miquel Francesc Gelabert Morro, Socio de Auditoría de Auren

¿Es el Blockchain el futuro de la auditoría?

Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, estableció en el año 2015 mediante una nota enviada a sus clientes que “Mientras que el ciclo de furor de Bitcoin se ha ido silenciosamente, Silicon Valley y Wall Street están apostando que la tecnología que le subyace, la Blockchain, puede cambiar… bueno, TODO.”

No es el objeto de este post alarmar a nadie, pero todo apunta a que blockchain desempeñará un papel muy importante en un entorno socioeconómico en el que cada vez es más necesario producir y gestionar grandes cantidades de información fiable. Si hasta ahora no te ha generado demasiado interés esta tecnología, creo que sería conveniente que empieces a prestar atención a lo que se ha llegado a considerar la cuarta revolución industrial y que está llamada a cambiar la forma de entender los negocios.

Pero entonces… ¿Qué es una blockchain?

Es habitual ver cómo la gente suele confundir blockchain y Bitcoin, sin embargo, la primera se trata de la tecnología y la segunda simplemente es una (aunque es cierto que la más famosa) de sus posibles aplicaciones.  Por asimilarlo a algo cotidiano, podríamos decir que blockchain es el sistema operativo de nuestro móvil y bitcoin es “whatsapp”.

Blockchain, del inglés “cadena de bloques”, consiste (muy básicamente) en un registro inalterable de todas las transacciones que se hacen en su red. Las transacciones son acordadas entre las partes involucradas mediante el software, el cual es el encargado de certificar y validar que las operaciones han tenido lugar, añadiendo la transacción al registro de la blockchain. Se asegura de esta manera que la información contenida no pueda alterarse mediante encriptación.

Todo sistema en el que se produzca algún tipo de compartición está sujeto a que una tecnología blockchain pueda aplicarse, por lo que los expertos afirman que se trata del siguiente escalón para pasar de una internet de la información a una internet del valor sin intermediarios y directamente entre los usuarios que así lo decidan.

Si bien es cierto que en la actualidad la tecnología blockchain está estrechamente vinculada con las nuevas criptomonedas, nos encontramos ante un sistema valido para otros tipos de transacciones que también demandan seguridad y una mayor agilidad como, por ejemplo, contratos (“Smart contracts”), compra/venta de acciones, origen e historial de joyas, gestión de la propiedad intelectual, registros mercantiles/de la propiedad/médicos, …

Ahora bien… ¿cuál es la relación que se podría esperar entre una auditoría y una blockchain?

Uno de los problemas fundamentales que generan los métodos de auditoría tradicionales (Sin tener en cuenta La cantidad de recursos que se requieren para llevarlos a cabo), sería la imposibilidad de garantizar el 100% de seguridad como consecuencia de la metodología común de selección de muestras, de ahí aquello de “seguridad razonable”. Pues bien, blockchain tiene potencial para resolver este problema, por lo que el sector de la auditoría ha empezado a tomar posiciones y está realizando constantes investigaciones con el fin de desarrollar herramientas que aumenten tanto la garantía como la eficiencia de las actividades de auditoría.

Por citar un ejemplo, y dado que esta tecnología promete transparencia, seguridad y auditabilidad, una de las aplicaciones mas inmediatas que podrían derivarse de su uso en las auditorías podría ser la relacionada con las confirmaciones externas. De este modo, si el libro mayor de una sociedad se encontrara en una blockchain pública y descentralizada, los auditores podrían obtener toda la información relacionada con cualquier tipo de transacciones sin la necesidad de realizar un procedimiento de confirmación externo, con el ahorro de tiempo y costes que esto conllevaría.

Por el momento, blockchain no es rival ante el juicio profesional, y por tanto seguirá siendo necesario que los auditores aportemos nuestro criterio en áreas de los estados financieros sujetas a incertidumbres y principalmente a la hora de determinar las estimaciones contables. No obstante, es posible que dichas estimaciones se vean reducidas en un escenario donde la blockchain se haya adoptado de manera amplia.

Como conclusión, y a pesar de que el futuro es siempre una incógnita, parece que blockchain ha venido para quedarse y, siendo el ser humano una especie poco amiga de la incertidumbre que suponen los cambios, nos encontramos ante una pastilla demasiado difícil de tragar.

Sin embargo, no podemos permitirnos ser meros espectadores del cambio ya que para nuestra profesión se abren nuevos retos a la hora de redefinir los servicios de auditoría. Y es que quien piense que en la actualidad la auditoría se limita a poner cientos de ticks con un lapicero rojo lleva tiempo jugando a otro deporte.

Por ello, es fundamental que, aunque aún desconozcamos las consecuencias que el uso de esta tecnología puede acarrear, volvamos a hacer gala de nuestra capacidad para adaptarnos al entorno y comencemos a familiarizarnos con ella, a trabajarla y a crear proyectos, porque si esperamos demasiado tiempo para apuntarnos a este amanecer, nos lo habremos perdido.

Miguel Crespo, Socio de Auren Auditores