La crisis econ\u00f3mica ha provocado una serie de medidas presupuestarias que han afectado a la gesti\u00f3n de los Recursos Humanos (RRHH) de las administraciones p\u00fablicas, disminuyendo el cap\u00edtulo primero del gasto de sus presupuestos, por su descenso de efectivos y por la congelaci\u00f3n y minoraci\u00f3n retributiva. <\/p>\n
Esta pol\u00edtica de \u0093adelgazamiento\u0094 del sector p\u00fablico, si bien ha dado resultado desde la \u00f3ptica de contenci\u00f3n del gasto, ha generado no escasos problemas de gesti\u00f3n en los organismos administrativos y empresas p\u00fablicas, pues a pesar de disponer de un inferior n\u00famero de efectivos, han debido dar id\u00e9nticos servicios, si no m\u00e1s, que en el periodo anterior a la crisis. De ah\u00ed que muchas administraciones hayan acudido a diversas f\u00f3rmulas para la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, no siempre exitosas y algunas de dudosa legalidad como se ha acreditado a posteriori, tras la judicializaci\u00f3n derivada de su implantaci\u00f3n. <\/p>\n
Un an\u00e1lisis de la tasa de reposici\u00f3n de la \u00faltima d\u00e9cada pone de relieve una clara limitaci\u00f3n de la misma, inicialmente en los a\u00f1os 2009 y 2010, cuando se fijaron en un 30% y un 15%, respectivamente, y se endurecieron las excepciones a esa tasa de reposici\u00f3n gen\u00e9rica. Posteriormente, se mantendr\u00eda dicha tendencia impidi\u00e9ndose la contrataci\u00f3n de nuevo personal en las Leyes de Presupuestos del Estado de los a\u00f1os 2012, 2013 y 2014, salvo las que procedieran de ofertas de empleo p\u00fablico anteriores y se establec\u00edan claras limitaciones a las contrataciones de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios interinos.<\/p>\n
El resultado de dichas medidas fue que, despu\u00e9s del m\u00e1ximo hist\u00f3rico del a\u00f1o 2010, con 2.698.628 empleados p\u00fablicos, se ha producido un descenso de 348.000, solo en los a\u00f1os 2012 y 2013 (seg\u00fan datos del Banco de Espa\u00f1a). Posteriormente, se ha ido atenuando ese descenso y en enero de 2017 el n\u00famero de empleados p\u00fablicos es bastante similar al del a\u00f1o 2007. Ha de destacarse que ha sido la administraci\u00f3n local la que ha sufrido el mayor descenso de su personal.<\/p>\n
Para contrarrestar esta falta de efectivos (atenuada por el incremento de la jornada laboral m\u00ednima hasta las 37’5 horas en c\u00f3mputo semanal) se han llevado a cabo alternativas para cumplir con los objetivos y servicios p\u00fablicos cuya gesti\u00f3n tienen encomendados las administraciones.<\/p>\n
Dentro del orden estrictamente laboral, se ha producido una interpretaci\u00f3n flexible de las \u0093necesidades urgentes e inaplazables\u0094 que permit\u00edan la contrataci\u00f3n temporal de personal laboral y de funcionarios interinos, lo que ha implicado una precarizaci\u00f3n del empleo p\u00fablico, y dificultades de encuadrar dichas contrataciones con la estricta tipificaci\u00f3n de los contratos temporales laborales. La consecuencia evidente ha sido el incremento del n\u00famero de interinos por vacante o de trabajadores indefinidos no fijos en las administraciones p\u00fablicas, por fraude en la contrataci\u00f3n. Adicionalmente, esta situaci\u00f3n ha provocado otra controversia jur\u00eddica no resuelta de forma satisfactoria, toda vez que de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de octubre de 2010, existe la obligaci\u00f3n de incluir en las ofertas de empleo p\u00fablico anuales, las plazas ocupadas por personal interino; obligaci\u00f3n que parece colisionar con las prohibiciones de incorporaci\u00f3n de nuevo personal que han sido habituales en las referidas Leyes de Presupuestos. Adem\u00e1s, este incremento de estas situaciones de transitoriedad ha coincidido con la aplicaci\u00f3n por los Tribunales espa\u00f1oles de la jurisprudencia del TJUE que prescribe la indemnizaci\u00f3n por la finalizaci\u00f3n de los contratos de interinidad.<\/p>\n
Otra de las posibilidades usualmente utilizadas en este periodo ha sido la externalizaci\u00f3n de diversos servicios, que si bien no plantea problemas de legalidad si se lleva a cabo respecto de servicios individualizados y con organizaci\u00f3n y medios propios de la entidad contratista (limpieza de viales p\u00fablicos, mantenimiento de zonas verdes, etc.), s\u00ed que se encuentran en la fr\u00e1gil l\u00ednea divisoria entre la contrataci\u00f3n administrativa y la laboral en los supuestos de trabajadores aut\u00f3nomos, generalmente profesionales, que prestan sus servicios con habitualidad y exclusividad para la administraci\u00f3n contratante. En ese sentido, se ha incrementado la judicializaci\u00f3n de dichas relaciones jur\u00eddicas, as\u00ed como las sentencias declarativas de laboralidad de v\u00ednculos inicialmente administrativos. Tambi\u00e9n han generado notorias problem\u00e1ticas judiciales las externalizaciones de servicios que constituyen la propia actividad de la administraci\u00f3n, dada la expansiva tendencia jurisdiccional hacia la cesi\u00f3n ilegal de mano de obra, a pesar de que las empresas contratistas eran entidades de gran implantaci\u00f3n, capacidad econ\u00f3mica y especializaci\u00f3n en el sector de servicios.<\/p>\n
En definitiva, esta huida del derecho laboral ha tenido un efecto \u0093boomerang\u0094, con la conversi\u00f3n en trabajadores indefinidos no fijo de \u0093falsos aut\u00f3nomos\u0094 o de empresas subcontratistas.<\/p>\n
Parece evidente que el legislador nacional se ha percatado de esta problem\u00e1tica y ha introducido en la LPGE de 2017 medidas que pretenden paliar estas pr\u00e1cticas. As\u00ed, la disposici\u00f3n adicional 26\u00aa establece limitaciones a la incorporaci\u00f3n de personal laboral procedente de empresas subcontratistas; y la disposici\u00f3n adicional 34\u00aa regula la exigencia de responsabilidades de los \u00f3rganos competentes en materia de personal respecto de los incumplimientos en la normativa de la contrataci\u00f3n laboral temporal. En la misma l\u00ednea hemos de citar el art\u00edculo 308 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/p>\n
La situaci\u00f3n de nuestros organismos p\u00fablicos es, en t\u00e9rminos generales, de una evidente falta de recursos personales, y unas necesidades que cumplir superiores a las que sus medios les permiten. Sin embargo, no se han implantado medidas que puedan corregir esta evidente disfunci\u00f3n, al menos para aquellas entidades p\u00fablicas que est\u00e9n en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica saneada. Ante tal situaci\u00f3n, se precisan medidas organizativas de mejora de los RRHH. La incentivaci\u00f3n de los empleados p\u00fablicos, tras sus minoraciones salariales e incremento de jornada, se hace imprescindible, estableciendo planes de carrera profesional tanto horizontal como vertical.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha de proceder a planteamientos de consolidaci\u00f3n de empleo temporal, de conformidad con lo establecido en la disposici\u00f3n transitoria cuarta del Estatuto B\u00e1sico del Empelado P\u00fablico, si bien, no ignoramos las problem\u00e1ticas que pudieran surgir para la cobertura de dichos puestos respecto de sus actuales ocupantes. No obstante, es evidente que se precisa regular las situaciones de interinidad prolongada, a mayor abundamiento, requerida para no crear injusticias respecto a la promoci\u00f3n interna, por la imposibilidad de que este personal \u0093precarizado\u0094 tenga esta posibilidad de promoci\u00f3n, hoy vedada (aunque es una limitaci\u00f3n a cuestionar).<\/p>\n
Igualmente, se hace necesario retomar con mayores br\u00edos la aplicaci\u00f3n de t\u00e9cnicas de definici\u00f3n y valoraci\u00f3n de puestos de trabajo, pues como consecuencia del ingreso de profesionales a trav\u00e9s de estos procesos llam\u00e9mosles, \u0093irregulares\u0094, se han incrementado los puestos de trabajo \u0093no valorados\u0094 tanto respecto de sus retribuciones, como de su contenido y responsabilidades. Igualmente, esta f\u00f3rmula reparadora no est\u00e1 exenta de dificultades, como la limitaci\u00f3n del incremento de masa salarial, o la aplicaci\u00f3n de las minoraciones que procedan a quienes resulten en la valoraci\u00f3n con un salario inferior al que cobran en la realidad. Debate \u00e9ste que excede, por su profundidad, de estas reflexiones generales que pretendemos compartir.<\/p>\n
En definitiva, se espera una continuidad de incertidumbres, controversias y disfunciones en los RRHH de nuestros organismos p\u00fablicos, pero asimismo, plagado de retos para superar la situaci\u00f3n actual de los mismos y cumplir con las funciones p\u00fablicas que han de desempe\u00f1ar. <\/p>\n
Jos\u00e9 Javier Cabello Burgos, Auren Abogados, Director Derecho Laboral Sector P\u00fablico<\/b><\/p>\n