El cambio climático está alterando el planeta de manera profunda, y sus efectos incluyen lluvias, inundaciones, olas de calor y otros desastres naturales. Estos fenómenos no solo afectan los ecosistemas, sino que también vulneran los derechos humanos, especialmente en comunidades costeras y rurales.

Un claro ejemplo de esta situación se vivió en Montería, Córdoba, el 16 de agosto de 2025, cuando se registraron intensas lluvias asociadas con el huracán Erin. Este evento provocó graves inundaciones en la ciudad y afectó los recursos hídricos y la biodiversidad de la región. Además, la erosión costera en este departamento ha avanzado rápidamente provocando la pérdida de playas perjudicando la actividad turística y pesquera, fuentes vitales de sustento para las comunidades locales. Ante este panorama, muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

En este caso, el cambio climático ha vulnerado derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud y la vivienda, debido a la alteración de los ecosistemas y la destrucción de infraestructura. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha declarado que los tratados climáticos, como el Acuerdo de París, imponen «obligaciones vinculantes» a los Estados para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar los derechos humanos. Asimismo, la CIJ ha subrayado que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados podría constituir un “acto ilícito” que daría lugar a responsabilidades legales, como la reparación a los Estados afectados.

Es necesario entender que el cambio climático es una crisis global que impacta todos los aspectos de la vida humana, y que sus efectos en lugares como el departamento de Córdoba han sido devastadores. No obstante, esta crisis también representa una oportunidad para adoptar políticas públicas que integren la lucha contra el cambio climático con la protección de los derechos humanos. Es fundamental que estas políticas no solo se centren en la restauración de ecosistemas, la protección de la biodiversidad y la construcción de infraestructuras resilientes, sino que también garanticen la justicia climática para todos.

Las autoridades nacionales y locales tienen un papel crucial en liderar este cambio. La crisis climática no puede resolverse únicamente con tecnología, requiere compromiso y acción desde todos los niveles de gobierno. La decisión que tomemos hoy será la clave para asegurar un futuro sostenible y justo para nuestras generaciones y las que están por venir.