Proporcionalidad en sanciones ambientales: un reto urgente

En Colombia, la discusión sobre la proporcionalidad en las sanciones ambientales gana relevancia ante la necesidad de equilibrar la protección de los ecosistemas con el respeto a los derechos fundamentales. Diversos expertos advierten que la aplicación estricta de la norma, sin un diagnóstico previo del contexto socioeconómico, puede derivar en decisiones injustas y contraproducentes.

En territorios donde persisten carencias estructurales —falta de agua potable, energía o transporte— exigir el cumplimiento ambiental sin ofrecer condiciones mínimas para alcanzarlo convierte la norma en una carga inalcanzable. Esto no solo vulnera derechos de personas en situación de pobreza extrema o de comunidades rurales y étnicas, sino que también erosiona la legitimidad de la función ambiental del Estado.

El ordenamiento jurídico ya contempla alternativas como la restauración ecológica o el trabajo comunitario, herramientas que pueden ser igual o más eficaces que una multa, siempre que se apliquen con criterios diferenciales. Sin embargo, la voluntad institucional para usarlas de forma proporcional sigue siendo limitada.

Avanzar hacia un modelo de cumplimiento ambiental legítimo implica integrar análisis sociojurídicos, fortalecer capacidades técnicas y, sobre todo, aplicar la ley con inteligencia jurídica y enfoque humano. Proteger el medioambiente no puede significar excluir o castigar a quienes menos tienen; la sostenibilidad se alcanza cuando la norma se cumple como responsabilidad compartida, no como carga imposible.