Más de 30 personas jurídicas solicitaron la reparación directa del Estado aduciendo daños cometidos por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) por falla o falta del servicio en sus labores de inspección, vigilancia y control, lo que condujo a la pérdida de la totalidad de los aportes que tenían en el Banco Cooperativo de Colombia “Bancoop”.

El Consejo de Estado negó las pretensiones al considerar que la Superintendencia actuó dentro del marco de sus competencias, dentro de la función de policía administrativa, facultades que se concretan en la posibilidad de imponer, con sujeción a los principios de legalidad y proporcionalidad, restricciones a libertades individuales, con el fin de que se acompasen con el interés general. En tal sentido, advirtió que no existe casualidad del daño por cuanto el proceso de liquidación no ha concluido y no existió prueba en el proceso que acreditara la imposibilidad de los asociados de disponer de sus aportes.