Presunción de costos UGPP

Recientemente la UGPP adoptó el esquema de presunción de costos para efectos de determinar los aportes a la seguridad social a cargo de los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas.

Para las industrias manufactureras, el porcentaje de costos presuntos respecto de los ingresos es del 70%. Al resultado le será aplicable la base mínima de cotización del 40%.

El aportante puede establecer costos diferentes a los presuntos, si cuenta con soportes que tengan relación causal con su actividad, y que resulten necesarios y proporcionados, de acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Fuente


Resolución 209 del 12 de febrero de 2020

UGPP expidió presunción de costos para determinar aportes

Por medio de la Resolución 209 del 12 de febrero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), adoptó el esquema de presunción de costos para efectos de determinar los aportes a cargo de las siguientes personas:

  • Trabajadores independientes por cuenta propia, y
  • Trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas.

La determinación del ingreso base de cotización de aportes a la seguridad social se hace bajo el siguiente procedimiento: A los ingresos brutos derivados de la actividad económica, sin incluir IVA, se restan los costos, que bajo el esquema de presunción oscilan entre 27,5% y 75,9%, dependiendo de la actividad económica. Al resultado le será aplicable la base mínima de cotización del 40%.

En todo caso, la Resolución advierte que la persona puede establecer costos diferentes a los presuntos, siempre y cuando cuente con soportes que tengan relación causal con su actividad, y que resulten necesarios y proporcionados de acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Tributario.

La presunción de costos establecida en la Resolución comentada, será aplicable a las situaciones jurídicas no consolidadas, como a procesos de fiscalización en curso o a trámites pendientes de resolver la revocatoria directa.

Esta presunción no es aplicable para las personas que desarrollen la actividad de transporte público automotor de carga por carretera, a quienes les aplica la Resolución 1400 de 2019.

Destacamos que la Resolución fue expedida con fundamento en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), artículo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-68 del 19 de febrero de 2020, por desconocer el principio de unidad de materia, ante la falta de vínculo directo e inmediato entre la regulación del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes, y los objetivos, metas o estrategias previstos en la Ley del Plan.

Considerando que la Corte aplazó los efectos de la decisión hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de la Sentencia, la presunción de costos contenida en la Resolución 209 de 2020 se encuentra vigente.

Servicio consultoría en valuación

Presentamos nuestros productos en servicios de Valuación Profesional certificados mediante el registro en el RAA-Registro Abierto de Avaluadores en cumplimiento de la nueva ley del Valuador:

  • Valuación de Activos y Pasivos, y Auditorias a Estimaciones de Valor Razonable según NIIF.
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  • Cálculo de Deterioro en el valor de los Activos.
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  • Valuación comercial de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Activos e Intangibles especiales.

Nuestra Práctica Profesional Internacional

  • Utilizamos la práctica profesional de IVS versión año 2017 International Estándar Valuation y las NTS Normas Técnicas sectoriales emitidas por la unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y el servicio de avalúos, USN AVSA.
  • Nuestras memorias de cálculo son entregadas al cliente.

Enfoques y Métodos de Valuación

Evaluamos la estructura y calidad de la información base para el cálculo del avalúo y establecemos el enfoque más adecuado para los propósitos de valuación.

Utilizamos tres enfoques principales:

  • Enfoque de Mercado.
  • Enfoque del Costo.
  • Enfoque de Ingresos.

De acuerdo con el enfoque determinado para el propósito de valor, establecemos el método o los métodos a utilizar para determinar nuestra valuación.

Competencias profesionales

  • Habilidades del Valuador, experiencia y práctica profesional certificada.
  • Análisis e investigación técnica para determinación del avalúo.
  • Registros como valuadores profesionales en el RAA (Registro Abierto de Avaluadores)

Implementación SG-SST

Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales.

¿A QUIÉNES LES APLICA?

  • Empleadores públicos.
  • Empleadores privados.
  • Trabajadores dependientes.
  • Trabajadores independientes.
  • Contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil.
  • Contratantes de personal bajo modalidad de contrato comercial.
  • Organizaciones de economía solidaria.
  • Organizaciones del sector cooperativo.
  • Agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
  • Empresas de servicios temporales.
  • Agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
  • Empresas de servicios temporales.
  • Estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.
  • Trabajadores en misión.
  • Administradoras de riesgos laborales.
  • Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado.
  • Personal civil de las fuerzas militares.

MODALIDADES DE ASESORÍA

1.IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

FASE 1

  • Definición de la estructura directiva del proceso.
  • Definición de protocolos de aprobación.
  • Definición de planeación general del proceso.
  • Plan de comunicación interna y externa.

FASE 2

  • Levantamiento de información.
  • Diseño e implementación SG- SST.

2.CONSULTORÍA Y REVISIÓN PERIÓDICA POST IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

FASE 1

  • Definición de la estructura directiva del proceso.
  • Definición de protocolos de aprobación.
  • Plan de comunicación interna y externa.
  • Evaluación inicial (definimos en qué nivel está su empresa).

FASE 2

  • Corrección de procedimientos SG- SST.
  • Mantenimiento del SG-SST.
  • Plan de comunicación interna y externa.
  • Actualizaciones del Sg-SST ( marco legal, planeación estratégica de la compañía).

3. AUDITORÍA POST IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

FASE 1

  • Definición de la estructura directiva del proceso.
  • Definición de protocolos de aprobación.
  • Plan de comunicación interna y externa.

FASE 2

  • Levantamiento de información.
  • Diagnóstico del procedimientos SG- SST aplicado.
  • Entrega de informe final.
  • Recomendaciones.

Gobierno modificó los obligados y plazos para el registro nacional de base de datos

El Régimen General de Protección de Datos Personales de Colombia, contenido en la Ley 1581 de 2012, establece que el registro nacional de base de datos es el directorio público de las bases de datos personales sujetas a tratamiento que operan en el país, y cuya administración está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los obligados y plazos para la inscripción de las bases de datos personales ante el registro nacional fueron recientemente modificados, considerando que ha sido reducido su cumplimiento, pese a la divulgación y socialización de tal obligación.

En virtud a ello, teniendo en cuenta criterios de priorización acordes a los riesgos en la administración de la información personal, así como la carga asumida por los sujetos obligados para llevar a cabo el registro, se determinó que únicamente los siguientes sujetos deberán realizar la inscripción ante el registro nacional:

 

  • Sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 UVT ($3.315 millones para 2018),
  • Personas jurídicas de naturaleza pública.

Los siguientes son los nuevos plazos para cumplir la obligación de inscripción:

 

  • Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 610.000 UVT ($20.225 para el 2018), a más tardar el 30 de septiembre de 2018,
  • Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 y hasta 610.000 UVT, a más tardar el 30 de noviembre de 2018,
  • Las personas jurídicas de naturaleza pública a más tardar el 31 de enero de 2019.

Las bases de datos creadas con posterioridad a estos vencimientos, deberán inscribirse dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Importante resaltar que los no obligados a registrar sus bases de datos ante el registro nacional, en todo caso continúan sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012.

Contratación pública y la terminación unilateral de contratos.

La ley de contratación pública (80 de 1993) establece que la cláusula excepcional de terminación unilateral del contrato debe pactarse expresamente en el contrato de prestación de servicios y procede en los siguientes eventos:

 

  • Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga,
  • Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista,
  • Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista, y
  • Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

 

La entidad Colombia Compra Eficiente, al ser consultada sobre la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios por falta de presupuesto, o porque el contratista no paga la seguridad social dentro de los primeros 10 días del mes, concluyó que la terminación unilateral no está prevista para el evento de falta de presupuesto de la entidad Estatal en la ejecución de sus contratos, ni para el incumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de sus aportes a la seguridad social.

Precisó la entidad que si en el contrato se estipula como obligación del contratista el pago de sus aportes a la seguridad social dentro de los primeros 10 días del mes, y el contratista no lo hace de esta forma, se configuraría un incumplimiento del contrato, pero no una situación que permita dar por terminado unilateralmente el contrato de acuerdo a la ley de contratación pública.