Servicio consultoría en valuación

Presentamos nuestros productos en servicios de Valuación Profesional certificados mediante el registro en el RAA-Registro Abierto de Avaluadores en cumplimiento de la nueva ley del Valuador:

  • Valuación de Activos y Pasivos, y Auditorias a Estimaciones de Valor Razonable según NIIF.
  • Medición de Lucro Cesante, Daño Emergente, Costo de Oportunidad para propósitos jurídicos.
  • Estudios de precios y Análisis de modelos financieros para negocios inmobiliarios y generales.
  • Cálculo de Deterioro en el valor de los Activos.
  • Valuación de Empresas, de activos operacionales y de establecimientos de comercio.
  • Valuación comercial de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Activos e Intangibles especiales.

Nuestra Práctica Profesional Internacional

  • Utilizamos la práctica profesional de IVS versión año 2017 International Estándar Valuation y las NTS Normas Técnicas sectoriales emitidas por la unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y el servicio de avalúos, USN AVSA.
  • Nuestras memorias de cálculo son entregadas al cliente.

Enfoques y Métodos de Valuación

Evaluamos la estructura y calidad de la información base para el cálculo del avalúo y establecemos el enfoque más adecuado para los propósitos de valuación.

Utilizamos tres enfoques principales:

  • Enfoque de Mercado.
  • Enfoque del Costo.
  • Enfoque de Ingresos.

De acuerdo con el enfoque determinado para el propósito de valor, establecemos el método o los métodos a utilizar para determinar nuestra valuación.

Competencias profesionales

  • Habilidades del Valuador, experiencia y práctica profesional certificada.
  • Análisis e investigación técnica para determinación del avalúo.
  • Registros como valuadores profesionales en el RAA (Registro Abierto de Avaluadores)

Implementación SG-SST

Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales.

¿A QUIÉNES LES APLICA?

  • Empleadores públicos.
  • Empleadores privados.
  • Trabajadores dependientes.
  • Trabajadores independientes.
  • Contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil.
  • Contratantes de personal bajo modalidad de contrato comercial.
  • Organizaciones de economía solidaria.
  • Organizaciones del sector cooperativo.
  • Agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
  • Empresas de servicios temporales.
  • Agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
  • Empresas de servicios temporales.
  • Estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.
  • Trabajadores en misión.
  • Administradoras de riesgos laborales.
  • Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado.
  • Personal civil de las fuerzas militares.

MODALIDADES DE ASESORÍA

1.IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

FASE 1

  • Definición de la estructura directiva del proceso.
  • Definición de protocolos de aprobación.
  • Definición de planeación general del proceso.
  • Plan de comunicación interna y externa.

FASE 2

  • Levantamiento de información.
  • Diseño e implementación SG- SST.

2.CONSULTORÍA Y REVISIÓN PERIÓDICA POST IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

FASE 1

  • Definición de la estructura directiva del proceso.
  • Definición de protocolos de aprobación.
  • Plan de comunicación interna y externa.
  • Evaluación inicial (definimos en qué nivel está su empresa).

FASE 2

  • Corrección de procedimientos SG- SST.
  • Mantenimiento del SG-SST.
  • Plan de comunicación interna y externa.
  • Actualizaciones del Sg-SST ( marco legal, planeación estratégica de la compañía).

3. AUDITORÍA POST IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

FASE 1

  • Definición de la estructura directiva del proceso.
  • Definición de protocolos de aprobación.
  • Plan de comunicación interna y externa.

FASE 2

  • Levantamiento de información.
  • Diagnóstico del procedimientos SG- SST aplicado.
  • Entrega de informe final.
  • Recomendaciones.

Gobierno modificó los obligados y plazos para el registro nacional de base de datos

El Régimen General de Protección de Datos Personales de Colombia, contenido en la Ley 1581 de 2012, establece que el registro nacional de base de datos es el directorio público de las bases de datos personales sujetas a tratamiento que operan en el país, y cuya administración está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los obligados y plazos para la inscripción de las bases de datos personales ante el registro nacional fueron recientemente modificados, considerando que ha sido reducido su cumplimiento, pese a la divulgación y socialización de tal obligación.

En virtud a ello, teniendo en cuenta criterios de priorización acordes a los riesgos en la administración de la información personal, así como la carga asumida por los sujetos obligados para llevar a cabo el registro, se determinó que únicamente los siguientes sujetos deberán realizar la inscripción ante el registro nacional:

 

  • Sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 UVT ($3.315 millones para 2018),
  • Personas jurídicas de naturaleza pública.

Los siguientes son los nuevos plazos para cumplir la obligación de inscripción:

 

  • Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 610.000 UVT ($20.225 para el 2018), a más tardar el 30 de septiembre de 2018,
  • Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 y hasta 610.000 UVT, a más tardar el 30 de noviembre de 2018,
  • Las personas jurídicas de naturaleza pública a más tardar el 31 de enero de 2019.

Las bases de datos creadas con posterioridad a estos vencimientos, deberán inscribirse dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Importante resaltar que los no obligados a registrar sus bases de datos ante el registro nacional, en todo caso continúan sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012.

Contratación pública y la terminación unilateral de contratos.

La ley de contratación pública (80 de 1993) establece que la cláusula excepcional de terminación unilateral del contrato debe pactarse expresamente en el contrato de prestación de servicios y procede en los siguientes eventos:

 

  • Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga,
  • Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista,
  • Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista, y
  • Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

 

La entidad Colombia Compra Eficiente, al ser consultada sobre la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios por falta de presupuesto, o porque el contratista no paga la seguridad social dentro de los primeros 10 días del mes, concluyó que la terminación unilateral no está prevista para el evento de falta de presupuesto de la entidad Estatal en la ejecución de sus contratos, ni para el incumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de sus aportes a la seguridad social.

Precisó la entidad que si en el contrato se estipula como obligación del contratista el pago de sus aportes a la seguridad social dentro de los primeros 10 días del mes, y el contratista no lo hace de esta forma, se configuraría un incumplimiento del contrato, pero no una situación que permita dar por terminado unilateralmente el contrato de acuerdo a la ley de contratación pública. 

Así lo señaló recientemente la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, luego de precisar que el hecho generador del impuesto de avisos y tableros es la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos

Así lo señaló recientemente la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, luego de precisar que el hecho generador del impuesto de avisos y tableros es la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público, o en cualquier clase de vehículos, sin importar el área del aviso o la valla.

En tal sentido, concluyó la entidad que los avisos que causan el tributo no requieren que coincida con el lugar en que está ubicada la fábrica u oficina, aduciendo que el hecho de que los avisos estén ubicados en lugares distintos no excluye su hecho generador.

Tomando como referencia consideraciones del Consejo de Estado, sostuvo la entidad que el impuesto de avisos y tableros requiere la presencia de las siguientes circunstancias:

 

  • Colocación real de avisos, vallas o tableros,
  • Que dicha colocación tenga lugar en: vía pública, interior y exterior de coches, tranvías, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público,
  • Que la finalidad sea anunciar: su actividad, su nombre comercial o sus productos, cualquiera de los tres.
  • Tener la calidad de contribuyente del impuesto de industria y comercio, pues precisamente el impuesto de avisos y tableros es su impuesto complementario.

  Bajo tales circunstancias, consideró la Dirección de Apoyo Fiscal que no tendría justificación, como argumento para la no causación del tributo, que los avisos no están instalados en el lugar en el que se realiza la actividad industrial. En su opinión, la instalación de avisos en centros comerciales, al tener la calidad de establecimientos públicos, causa el impuesto de avisos y tableros.

No informar situación de control empresarial o hacerlo extemporáneamente causa sanciones de hasta 200 SMMLV

La Ley 222 de 1995 dispone que cuando se configure una situación de control, según los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control, documento que presentará para su inscripción en el registro mercantil dentro de los 30 días siguientes a la configuración de la situación de control.

De no efectuarse la inscripción en dicho plazo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la Financiera respecto de sus vigiladas, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en el registro mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.

En tal sentido, el artículo 86 de la misma Ley 222 faculta a la Superintendencia para imponer sanciones hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incumplan la ley, sus órdenes o los estatutos sociales.

En reciente concepto, la Superintendencia de Sociedades reiteró que la aplicación de estas sanciones deben ser ejercidas con base en un sano criterio de discrecionalidad que le concede la ley para tasar su monto, criterio en el que priman los principios de proporcionalidad, razonabilidad y de legalidad que deben caracterizar este tipo de actuaciones.