El plazo de la oferta para la suscripción de acciones no puede ser indefinido, ni la oferta puede estar sujeta a condiciones

Una de las formas más comunes de que las sociedades obtengan nuevos recursos para el desarrollo de su objeto social, es a través del contrato de suscripción de acciones, definido en el artículo 384 del Código de Comercio como aquél en cuya virtud una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad, de acuerdo con el reglamento respectivo, y a someterse a sus estatutos, y como contraprestación la sociedad se obliga a reconocerle la calidad de accionista.

La doctrina de la Superintendencia de Sociedades ha sostenido que el contrato de suscripción de acciones es de naturaleza consensual; para perfeccionarse basta el acuerdo de voluntades, y tiene su origen en la oferta (precontrato) que la sociedad emisora formula a sus accionistas, terceros, o a ambos. Para la entidad, la oferta no está sujeta a solemnidades especiales, salvo para el caso de suscripción de acciones con derecho de preferencia.

Al ser consultada la entidad acerca de la posibilidad de condicionar el plazo de suscripción de acciones a una notificación futura, fecha incierta o condición, manifestó que ni el tiempo que transcurra entre la fecha de aprobación del reglamento de suscripción y la fecha en que se efectúe la propuesta, ni el plazo que se estipule en ésta para que los accionistas manifiesten su intención de suscribir acciones ofrecidas, puede ser indefinido.

Adujo la entidad que la naturaleza de las normas que regulan el contrato de suscripción de acciones son imperativas, por lo cual no son susceptibles de ser modificadas por voluntad de las partes. En tal sentido, puntualizó que el artículo 386 del Código de Comercio expresa que el reglamento de suscripción de acciones, una vez aprobado, contendrá el plazo de la oferta, que no será menor de quince días ni excederá de tres meses. Concluyó la entidad que en virtud a esta norma, se excluye la posibilidad de modificar el término o condicionarlo.

Una entidad inversora que tenga influencia financiera puede solicitar información mensual con el de aplicar método de participación patrimonial.

Se consultó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública la manera en que una sociedad, que realiza inversiones en otras sociedades que dan lugar al método de participación patrimonial, pueda conocer los resultados mensuales para la toma de decisiones gerenciales, considerando que la información de los resultados de las compañías que reciben la inversión se conoce definitivamente al cierre del año.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló al respecto que la utilización del método de participación, supone influencia significativa sobre otra entidad, entendida como el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control de ésta (párrafo 3 de la NIC 28), con lo cual destacó el Consejo que la entidad inversora puede solicitar la información financiera mensual con el fin de aplicar correctamente el señalado método de participación.

Puntualizó el Consejo que el hecho de que no sea la información definitiva de fin de ejercicio, no obsta para obtener los datos necesarios que permitan utilizar el método, resaltando que en Colombia la contabilidad se lleva de acuerdo con los marcos técnicos normativos vigentes.

Importante tener en cuenta que para propósitos tributarios, los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, no serán objeto del impuesto sobre la renta; la distribución de dividendos o la enajenación de la inversión, se regirán por las disposiciones generales del Estatuto Tributario.

21.15% efectivo anual será el interés bancario corriente aplicable en octubre para créditos de consumo.

A través de la Resolución 1298 del 29 de septiembre de 2017, la Superintendencia Financiera certificó el interés bancario corriente efectivo anual, para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, en 21.15%, aplicable para el mes de octubre de 2017.

Considerando que el interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder 1.5 veces el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, en 31,73% queda el límite de usura, delito en el que incurriría quien reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda el límite antes referido.

Para efectos de determinar la tasa de interés moratorio de las obligaciones tributarias administradas por la DIAN, estableció la ley 1819 de 2016 que se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente, determinada por la Superintendencia Financiera, para las modalidades de crédito de consumo, menos dos puntos, con lo cual la tasa para el período de octubre de 2017 queda en 29,73%.

Por su parte, la Superintendencia certificó en 36,76% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de microcrédito, tasa que será aplicable entre el primero de octubre y 31 de diciembre de 2017.

Finalmente, en la Resolución comentada la entidad certificó en 37,55% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo de bajo monto, tasa que regirá entre el primero de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018

Gobierno estableció requisitos y condiciones para autorizar a Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes de MIPYMES.

Con el fin de dinamizar la industria nacional y las exportaciones el Gobierno expidió el Decreto 1451 de 2017 pretendiendo la exportación de bienes producidos por las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El Decreto entrará a regir el 26 de septiembre de 2017.

En tal sentido, estableció el Decreto que las Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes de las MIPYMES son aquellas personas jurídicas autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objeto social principal es la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno a empresas clasificadas por la Ley 590 de 2000 como MIPYMES o los fabricados por productores socios de las mismas.

Estas Sociedades de Comercialización Internacional, diferentes a las ya reguladas, se consideran operadores de comercio exterior, para lo cual la DIAN no exigirá documento distinto a la resolución ejecutoriada que la reconoce como tal y la constitución de la correspondiente garantía para responder por los derechos, impuestos, sanciones e intereses a que haya lugar.

La persona jurídica que pretenda ser autorizada como Sociedad de Comercialización Internacional que comercialice bienes de MIPYMES deberá acreditar, entre otros requisitos, que cuenta con un plan de trabajo con PROCOLOMBIA o que ha sido beneficiaria de recursos reembolsables o no reembolsables por parte de las entidades adscritas, vinculadas o programas especiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, plan que incluirá metas y resultados del último año, así como las inversiones realizadas para efectuar ventas internacionales; que no tiene deudas en mora en materia aduanera, tributaria o cambiaria, a favor de la DIAN, a menos que se tenga un acuerdo de pago vigente sobre las mismas; presentar los estudios de mercado que incorporen su plan exportador; contar con un sistema de control de inventarios que permita efectuar las verificaciones y controles sobre las mercancías nacionales, importadas y exportadas, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La autorización como Sociedad de Comercializacion Internacional que comercialice bienes de las MIPYMES tendrá un término indefinido y está sujeta al mantenimiento de los requisitos y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto.

Dentro de los beneficios de la Sociedad de Comercializacion Internacional que comercialice bienes de MIPYMES, se encuentran el de adquirir bienes exentos del IVA, que sus compras no estarían sujetas a retención en la fuente, la posibilidad de obtener el certificado de reembolso tributario (CERT) , por las exportaciones realizadas, cuando el gobierno lo determine, entre otros.

El pago derivado del acuerdo de reorganización debe ser indexado, así el acuerdo no lo indique.

Desde el inicio del proceso de reorganización empresarial establecido en la ley 1116 de 2006, se determinan las obligaciones del deudor insolvente, discriminando el capital y los intereses causados hasta ese momento, y si bien su reconocimiento y pago queda sujeto a lo que se disponga en el acuerdo logrado entre los acreedores y la empresa, en ejercicio de su autonomía negocial, el pago siempre debe tener en cuenta la indexación.

Para la Superintendencia de Sociedades, el pago debe ser completo, lo cual necesariamente debe comprender el componente de indexación, la depreciación de la moneda, por lo cual concluyó la entidad que no se requiere que el acuerdo lo indique, aduciendo que la pérdida de poder adquisitivo (inflación) es un hecho notorio.

Señaló la entidad, acudiendo a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que no resulta ser exacto y legal que el deudor moroso que paga con moneda desvalorizada, extinga en esas condiciones íntegramente la obligación debida y, menos, que el pago así efectuado sea justo y equitativo, pues de aceptarse obtendría un provecha indebido derivado de su propio incumplimiento y con desmedro económico para el deudor.

En tales condiciones, sostuvo la entidad, que así en el acuerdo de reorganización se prescinda de la causación de intereses, o del reconocimiento de los mismos o su condonación, tal hecho no excluye la obligación de reconocer la indexación al momento del pago.

Por último, precisó la Superintendencia que cuando se acuerde el pago con intereses, éstos ya contemplan la indexación.

Mensajes de datos pueden usarse para avisar a acreedores procesos de fusión o escisión.

Dentro de los procesos de escisión y fusión, exigen las normas que los representante legales de las sociedades participantes en el proceso, publiquen avisos en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de iguales características en el domicilio de cada una de las sociedades participantes. Adicionalmente, se exige que la publicidad también deba surtirse por separado, a través de telegrama o por cualquier otro medio que produzca efectos similares.

Es una medida de protección en favor de los terceros acreedores con ocasión de la escisión o fusión, para garantizar los derechos que pueden ejercer en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 222 de 1995, como el de exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos.

Considerando que el objetivo de la comunicación a los acreedores es la publicidad, señaló la Superintendencia de Sociedades que de acuerdo con las propias normas que rigen estos procedimientos, son permitidos otros medios de comunicación diferentes al telegrama para proporcionar la publicidad aludida, a condición de que tengan un alcance semejante.

Precisó la entidad que en la práctica el telegrama ha sido reemplazando por otros mecanismos escritos de comunicación tanto o más eficientes por su inmediatez, agilidad, economía y facilidad en su acceso, tales como el mensaje electrónico de datos, dentro del cual se destacan el intercambio electrónico de datos (EDI), internet, correo electrónico, télex o telefax, y el cual tiene plena validez como eficiente medio escrito de comunicación, según el artículo 2 de la Ley 527 de 1999.

Frente a los requisitos jurídicos de los mensajes de datos para su reconocimiento como medio idóneo escrito de comunicación, la misma ley 527 dispone que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

En tal sentido, concluyó la entidad que el mensaje electrónico de datos se entiende idóneo para la publicidad individual que ha de dirigirse a los acreedores en los procesos de escisión y fusión de compañías.