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DIAN ratifica que aún es posible depreciar en un solo año activos cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT.

Para la administración tributaria la ley 1819 de 2016 no generó el decaimiento del artículo 1.2.1.18.5. del Decreto 1625 de 2016, el cual establece que los activos fijos depreciables, cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT ($1.657.800 para 2018), podrán depreciarse en el mismo año en que se adquieran.

En criterio de la DIAN, no despareció el fundamento de derecho ni de hecho que dio lugar a la expedición del artículo 1.2.1.18.5. del Decreto 1625, y al no estar regulada la materia en el artículo 137 del Estatuto Tributario (ET), se mantiene la vigencia del mismo, por lo cual ratifica la procedencia de la depreciación de activos fijos en su totalidad en el mismo año de adquisición cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT, criterio que ya había sostenido en oficio 21942 de agosto de 2017.

De otro lado, consideró la entidad que la vida útil de los activos fijos depreciables adquiridos, establecida en el artículo 1.2.1.18.4. del mismo Decreto 1625 sí decayó con ocasión a la ley 1819, aduciendo que la materia fue expresamente regulada por el legislador, el cual señaló que para efectos fiscales, la tasa será la establecida por la técnica contable sin que exceda las tasas previstas en el parágrafo primero del artículo 137 del Estatuto Tributario.

A partir del año gravable 2018 aplica limitación de pagos en efectivo para ser aceptados como costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables

Como medida para desincentivar el uso del efectivo y fomentar la bancarización, el artículo 771-5 del Estatuto Tributario dispone que para efectos del reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno nacional.

A partir del año gravable 2018, los pagos en efectivo solo tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, por el menor valor entre:

  • El 85% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de cien mil (100.000) UVT, y
  • El 50% de los costos y deducciones totales.

Estas limitaciones se irán incrementando anualmente, disponiendo que a partir del año 2021, los pagos en efectivo que tendrán reconocimiento fiscal corresponderán al menor valor entre el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 40.000 UVT, y el 35% de los costos y deducciones totales.

En virtud a esta norma, en reciente concepto la DIAN reiteró que en todo caso las deducciones deberán cumplir además con cada uno de los requisitos que establece la legislación fiscal para su procedencia.

DIAN designa a los obligados a facturar electrónicamente

Por medio de la Resolución 72 de 2017, la DIAN seleccionó, como obligados a expedir factura electrónica en los términos del Decreto 2242 de 2015, a todos los contribuyentes que al 29 de diciembre de 2017 y durante los 5 años anteriores a esta fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica establecida en el Decreto 1929 de 2007.

La Resolución entrará a regir a partir del 29 de marzo de 2018. Quienes en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2017 hayan expedido mensualmente una cantidad de facturas de venta y/o documentos equivalentes superior a 3.000.000 contarán con un término adicional de 3 meses para iniciar la facturación; las micro y pequeñas empresas (según clasificación del artículo 2 de la Ley 590 de 2000) deberán atender esta obligación una vez la DIAN ponga a disposición la solución gratuita o antes si de manera voluntaria lo solicitan.

Es importante recordar que la Ley 1819 de 2016 determinó que los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo, deberán expedir factura electrónica a partir del primero de enero de 2019; para las vigencias 2017 y 2018 los contribuyentes obligados a expedir factura electrónica serán seleccionados por la DIAN.

Sujeción pasiva del ICA tiene reglas propias e independientes de las establecidas para el impuesto de renta e IVA

La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda reiteró que la sujeción pasiva al impuesto de industria y comercio (ICA) tiene reglas propias establecidas en la ley 14 de 1983 así como en los acuerdos y decretos en los que cada municipio lo reglamente. En tal sentido concluyó que la categoría de no contribuyente o responsable de los impuestos a la renta e IVA, como en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, tiene aplicación específica para tales impuestos nacionales por expresa disposición del Estatuto Tributario Nacional, sin que tal condición se extienda al ICA.

Preciso la entidad que el ICA es un impuesto municipal que grava la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, cuyos sujetos pasivos son las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, así como los consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, según el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.

Citando jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló la entidad que no es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la entidad de derecho público y tampoco determinar si persigue o no ánimo de lucro en la prestación del servicio o actividad desarrollada, por cuanto el hecho gravado lo constituye el ejercicio de las actividades industriales, comerciales o de servicios, sin que la ley haya hecho distinción alguna respecto de las personas jurídicas que las realizan.

Si bien la ley contempla algunas específicas excepciones como por ejemplo las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, tal excepción no se extiende a todas las entidades sin ánimo de lucro concluyó la entidad. De tal forma, quien realice tales actividades gravadas con ICA está obligado a declarar y pagar el impuesto y ser sujeto de retención en la fuente en los municipios en donde se encuentre establecido este sistema de recaudo anticipado.

Por último, señaló la entidad que la condición de públicos de los recursos aportados por un municipio en los convenios de asociación, no inciden en su calidad de ingresos gravados con ICA, pues bajo su criterio lo determinante es que la prestación de servicios constituye hecho generador del tributo.

Consejo de Estado reitera diferencia entre período gravable y vigencia fiscal para efectos del ICA

El Consejo de Estado reiteró que en el impuesto de industria y comercio (ICA) se distinguen dos conceptos, que si bien son distintos están ligados entre sí: “período gravable” es aquel que sirve de base para la cuantificación del impuesto, mientras que “vigencia fiscal” es el período en el cual se cumplen las obligaciones de presentar la declaración y pagar el impuesto.

Al resolver un litigio entre un contribuyente del ICA y el municipio de Palmira, el Consejo de Estado tuvo en cuenta que los artículos 50 y 254 del Acuerdo 17 de 2008, los cuales regularon la base gravable y periodicidad del ICA y determinaron que era un tributo de período, solo se aplican a partir del período gravable siguiente al de la expedición de dicha norma, esto es, a partir del año gravable 2009, vigencia fiscal 2010, disposición que se sustenta en el artículo 338 de la Constitución Política, en cuya virtud las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, lo cual se encuentra en línea con el artículo 363 constitucional el cual señala que las leyes tributarias no pueden aplicarse de manera retroactiva.

En tal sentido, señaló la Corporación que el municipio confundió las nociones de período gravable y vigencia fiscal, lo cual trajo como consecuencia que se aplicara retroactivamente el Acuerdo 17 de 2008 y generara, además, una doble tributación por el año gravable 2008.

Para el Consejo de Estado, por el año gravable 2008, vigencia fiscal 2009, la norma que regía era el Acuerdo 83 de 1999, sobre causación bimestral del ICA, y no el Acuerdo 17 de 2008, que fijó la causación anual del tributo, por lo cual la fiscalización y determinación del tributo por dicho período gravable debía adelantarse con fundamento en el primero de los Acuerdos citados. Como consecuencia, declaró la nulidad de los actos expedidos por el municipio y en firme las declaraciones presentadas por el contribuyente.