El art\u00edculo 208 de la ley del plan nacional de desarrollo 2014-2018 (ley 1753 de 2015), establec\u00eda que la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos podr\u00eda imponer multas hasta por el equivalente a 2.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales (SMLM) para personas naturales y hasta por el equivalente a 100.000 SMLM para personas jur\u00eddicas, facultando al Gobierno Nacional a reglamentar criterios y metodolog\u00eda para graduar y calcular las multas. <\/p>\n
Al analizar su constitucionalidad, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible dicha norma al encontrar que su \u00fanico prop\u00f3sito fue elevar las sanciones de 2.000 a 100.000 SMLM, sin establecer los bienes jur\u00eddicos protegidos, los elementos del tipo disciplinario, el procedimiento administrativo sancionatorio, y la graduaci\u00f3n de las sanciones, sin que tampoco se hiciera referencia directa a cu\u00e1l es el objetivo de estas sanciones, ni discriminar su relaci\u00f3n o conexidad con los objetivos o presupuestos generales del Plan desde sus pilares b\u00e1sicos y sus objetivos generales.<\/p>\n
En palabras de la Corte, si bien los servicios p\u00fablicos domiciliarios est\u00e1n directamente relacionados con varias esferas de los derechos fundamentales y, por ende, la facultad administrativa sancionadora en dicho \u00e1mbito es particularmente importante, elevar las sanciones a imponer a las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos domiciliarios no guarda relaci\u00f3n material con ninguno de los objetivos se\u00f1alados en la Ley del Plan de Desarrollo, ni con los programas, objetivos, metas y estrategias se\u00f1alados en este.<\/p>\n
Por otra parte, en la Sentencia la Corte se\u00f1al\u00f3, en relaci\u00f3n con la supuesta violaci\u00f3n del art\u00edculo 359 de la Constituci\u00f3n, que si bien el mismo proh\u00edbe el establecimiento de rentas de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, su jurisprudencia ha sostenido que tal prohibici\u00f3n constitucional es solo para ingresos tributarios del orden nacional y no incluye multas o ingresos parafiscales.<\/p>\n<\/p>\n
Fuente: Corte Constitucional, Sentencia C-92 del 3 de octubre de 2018<\/p>\n
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