Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, con respecto a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, tienen la obligaci\u00f3n de identificar y actualizar los beneficiarios finales de los productos o servicios y las personas p\u00fablicamente expuestas, conforme el literal e) del numeral 2 del art\u00edculo 102 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero. Esta obligaci\u00f3n debe cumplirse aun cuando dichas entidades hayan celebrado un contrato antes de la vigencia de la Circular Externa 55 de 2016, la cual modific\u00f3 el Sistema de Administraci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. <\/p>\n
Cuando los clientes de las entidades vigiladas se negaren a suministrar informaci\u00f3n sobre sus beneficiarios finales y personas p\u00fablicamente expuestas, las entidades vigiladas deber\u00e1n demostrar la debida diligencia y esfuerzos necesarios, sin haber sido posible la obtenci\u00f3n de la informaci\u00f3n, y deber\u00e1 dejar constancia de ello.<\/p>\n
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