Conforme a la ley 43 de 1990, es obligatorio para las sociedades comerciales tener revisor fiscal cuando sus activos brutos al 31 de diciembre de a\u00f1o inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 SMMLV o cuando sus ingresos brutos durante el a\u00f1o inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de dicha cifra.<\/p>\n
Para la Superintendencia de Sociedades, la obligaci\u00f3n de tener revisor fiscal surge una vez sean aprobados por el m\u00e1ximo \u00f3rgano social los estados financieros de fin de ejercicio, se\u00f1alando que a partir de ah\u00ed es necesario proceder a efectuar el nombramiento e inscribirlo en el registro mercantil.<\/p>\n
Pese a tales consideraciones de orden normativo y doctrinal, concluye la entidad que para los fines de las declaraciones tributarias que deba presentar la sociedad, si los topes antes referidos ocurrieron por ejemplo en el a\u00f1o 2016, tales declaraciones que deben ser presentadas en el a\u00f1o 2017, deben ser firmadas por el revisor fiscal respectivo.<\/p>\n
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