El ‘rearme’ presupuestario exigido por la OTAN pone a prueba la Ley de Defensa

La reciente petición de la OTAN a España para incrementar el gasto en Defensa plantea una cuestión clave: ¿qué implicaciones legales y operativas tiene este aumento del presupuesto público?

En El Confidencial, Francisco García Gómez de Mercado, socio del área de Derecho Público de Auren Legal, y Noelia Ayala, Of Counsel del mismo área, analizan el marco normativo que regula la contratación pública en los ámbitos de la defensa y la seguridad, a través de la Ley 24/2011 y su conexión con la Ley de Contratos del Sector Público.

“La existencia de un marco normativo específico, inspirado en directivas europeas y complementado por la legislación española en materia de contratos públicos, busca equilibrar dos exigencias: por un lado, la eficacia y flexibilidad necesarias en contextos sensibles como la defensa y, por otro, el respeto a los principios de transparencia, concurrencia y legalidad que deben presidir toda actuación pública”, señalan.

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