El retraso de ‘Verifactu’: ¿quién asume el coste de adaptarse?

El Gobierno ha decidido aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de Verifactu, la nueva normativa de facturación electrónica, apenas un mes antes de su obligatoriedad. Muchas empresas ya habían invertido recursos, tiempo y tecnología para adaptarse, y en otros casos, proyectos se están cancelando, aumentando la incertidumbre.

Francisco García Gómez de Mercado, socio de Auren Legal, analiza en El Economista las implicaciones de esta decisión y la responsabilidad patrimonial de la Administración. Indica que la Administración solo puede ser responsable cuando sus decisiones rompen expectativas legítimas que previamente había generado, es decir, cuando provoca confianza que luego se ve defraudada por cambios inesperados. Sin embargo, esta responsabilidad ocurre solo en casos muy concretos. El retraso de ‘Verifactu’ se debe principalmente a motivos políticos, por lo que no detiene automáticamente la normativa, aunque sí puede afectar a inversiones que ya se habían realizado.

Como señala Francisco, “la Administración debe actuar con coherencia y transparencia para que los cambios sean previsibles y compatibles con las inversiones ya realizadas, garantizando así que empresas y profesionales puedan planificar y crecer con confianza”.

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