{"id":6925,"date":"2020-12-11T10:34:48","date_gmt":"2020-12-11T09:34:48","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/es\/blog\/burofax-y-proteccion-de-datos-un-factor-de-riesgo\/"},"modified":"2020-12-11T10:34:48","modified_gmt":"2020-12-11T09:34:48","slug":"burofax-y-proteccion-de-datos-un-factor-de-riesgo","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/auren.com\/es\/blog\/burofax-y-proteccion-de-datos-un-factor-de-riesgo\/","title":{"rendered":"Burofax y protecci\u00f3n de datos: \u00bfun factor de riesgo?"},"content":{"rendered":"

En el d\u00eda a d\u00eda del tr\u00e1fico mercantil no es inusual que se recurra al burofax como medida fehaciente de intercambio de informaci\u00f3n entre las partes implicadas. Los profesionales del Derecho, adem\u00e1s, la usamos con frecuencia dado que nos permite acreditar intentos de comunicaci\u00f3n previos a la interposici\u00f3n de una demanda o una querella. En definitiva, es un m\u00e9todo de notificaci\u00f3n m\u00e1s que establecido y cuyo uso ofrece todas las garant\u00edas.<\/p>\n

Pero \u00bfy si enviar un burofax violara la normativa de protecci\u00f3n de datos?<\/strong><\/p>\n

Tal parece ser el criterio de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD), en la reciente resoluci\u00f3n que puede descargarse desde este enlace<\/a>. El resumen de la situaci\u00f3n, algo compleja, es el siguiente:<\/p>\n

El reclamante es socio y representante de una entidad que llamaremos \u00abEmpresa A\u00bb; en tal naturaleza goza de poder de representaci\u00f3n de dicha entidad. Sin embargo, en Empresa A detectan que, al parecer, el reclamante se dedica -a escondidas y de forma fraudulenta<\/strong>– a hacer competencia desleal a Empresa A a trav\u00e9s de otra entidad que llamaremos \u00abEmpresa B\u00bb.<\/p>\n

Seg\u00fan parece, el reclamante cre\u00f3 Empresa B como entidad pantalla en la que coloc\u00f3 a un conocido como socio y administrador \u00fanico. Empresa B se constituye con el mismo objeto social y actividad mercantil que Empresa A, y existen indicios de que el reclamante ha usado informaci\u00f3n privilegiada<\/strong> (en tanto que representante de Empresa A) para favorecer sus negocios en Empresa B.<\/p>\n

Al detectarlo, Empresa A contrata a un despacho de abogados para que interpongan contra el reclamante una querella criminal<\/strong>. Como suele hacerse en el \u00e1mbito profesional de la abogac\u00eda, desde el despacho de abogados se ponen en contacto con \u00e9l a trav\u00e9s de burofax. Env\u00edan el burofax tanto a Empresa B como al propio reclamante, cosa que hace (y aqu\u00ed est\u00e1 la clave del problema) que en cierta manera se comunique a Empresa B el nombre y direcci\u00f3n personal del reclamante<\/strong>.<\/p>\n

Un mes despu\u00e9s<\/strong> de interpuesta la querella criminal (esto es importante por lo que veremos a continuaci\u00f3n), el reclamante interpone una queja ante la AEPD. Su razonamiento es que \u00e9l no tiene ninguna relaci\u00f3n con Empresa B<\/strong> y que, por lo tanto, Empresa A ha vulnerado la privacidad de sus datos al mencionar su nombre y su direcci\u00f3n a Empresa B (que, seg\u00fan el reclamante, no tendr\u00eda por qu\u00e9 conocer esos datos).<\/p>\n

El despacho de abogados -por resumir las actuaciones- responde que su actividad fue leg\u00edtima y que no ha habido vulneraci\u00f3n legal alguna.<\/p>\n

Sin embargo, la AEPD incoa un procedimiento sancionador<\/strong> por la supuesta violaci\u00f3n de la normativa de protecci\u00f3n de datos. Y recomienda una sanci\u00f3n de 2.000 \u20ac. El despacho de abogados -por motivos que desconocemos- opta por no recurrir y acepta el pago de forma voluntaria, cosa que reduce la cuant\u00eda hasta 1.600 \u20ac.<\/p>\n

\u00bfEst\u00e1 justificado el criterio de la AEPD?<\/strong><\/p>\n

Resulta dif\u00edcil de decir sin conocer toda la informaci\u00f3n, pero a priori<\/em> parece algo discutible<\/strong>.<\/p>\n

Tengamos en cuenta que el principal argumento del reclamante es que Empresa B no ten\u00eda por qu\u00e9 conocer sus datos<\/strong>. Sin embargo, el despacho de abogados sostiene que Empresa B es una entidad pantalla del reclamante con la que s\u00ed tiene contacto directo. Y que si tienen que ejercitar el derecho a la defensa recogido en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n, es necesario que puedan identificar a la persona responsable y la manera de comunicarse con ella (el argumento est\u00e1 m\u00e1s elaborado en la propia resoluci\u00f3n de la AEPD que he enlazado arriba; recomiendo leerla para no reiterar de forma innecesaria lo que all\u00ed ya se dice).<\/p>\n

En otras palabras: una parte dice que los datos ya eran conocidos por Empresa B y otra dice que no. Pero en medio hay una querella criminal, que se ha interpuesto un mes antes de la reclamaci\u00f3n ante la AEPD.<\/p>\n

A mi entender esta es la clave: cuando llega a la AEPD, el asunto estaba sub iudice<\/em><\/strong>. Y no en un procedimiento cualquiera, sino en uno penal. Que en nuestra legislaci\u00f3n tiene car\u00e1cter preferente<\/strong>.<\/p>\n

La AEPD no era competente para determinar si Empresa B conoc\u00eda o no los datos personales<\/strong>. Eso es algo que debe determinar la autoridad penal correspondiente. Por eso, a mi entender, lo que deb\u00eda haber hecho la AEPD es apartarse del procedimiento por existir otro preferente, decirle al reclamante que alegara en sede judicial esa supuesta violaci\u00f3n de sus datos personales -cosa que puede hacer tambi\u00e9n en el procedimiento penal que ya se hab\u00eda iniciado- y archivar la reclamaci\u00f3n interpuesta.<\/p>\n

Al no hacerlo, la AEPD dio por buena la versi\u00f3n de los hechos del reclamante. Y ahora puede que haya una sentencia penal que le lleve la contraria<\/strong>. Puede ocurrir que en el orden penal, una vez juzgada la querella, se d\u00e9 por v\u00e1lida la versi\u00f3n de Empresa A, con lo que en efecto no se habr\u00eda producido violaci\u00f3n alguna de los datos personales y la sanci\u00f3n habr\u00eda sido injusta.<\/p>\n

De hecho la misma clave de la querella interpuesta es si el reclamante era o no, en realidad y de facto<\/em> el representante de Empresa B<\/strong>, a la que habr\u00eda usado de entidad pantalla para sus supuestas actuaciones ileg\u00edtimas. Esa es la esencia de la querella. Si los querellantes tienen raz\u00f3n, el hecho de que no haya vinculaci\u00f3n documental entre Empresa B y el reclamante es una ficci\u00f3n, una mentira dise\u00f1ada para ocultar el delito.<\/p>\n

Decidir si las cosas fueron as\u00ed o no corresponde por completo a las autoridades judiciales del orden penal, no a la AEPD. Porque es el elemento clave que determina la comisi\u00f3n o no del delito<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, al parecer se da la circunstancia a\u00f1adida de que Empresa A tiene conocimiento del supuesto delito por una comunicaci\u00f3n de la DGT, en la que les informan de que el reclamante ha tratado de convencer a esa Direcci\u00f3n General de que le hagan un ingreso que correspond\u00eda a Empresa A, en una cuenta que tiene el propio reclamante junto con Empresa B. Con lo que la AEPD ya dispon\u00eda de elementos para considerar que el reclamante ment\u00eda al decir que no ten\u00eda relaci\u00f3n alguna con Empresa B<\/strong>.<\/p>\n

Por eso, insisto, en mi humilde opini\u00f3n la AEPD debi\u00f3 archivar el asunto<\/strong>. Sobre todo teniendo en cuenta que este sorprendente criterio de la AEPD pone en serio peligro unos mecanismos de comunicaci\u00f3n entre las partes m\u00e1s que leg\u00edtimos y consolidados. Quiz\u00e1 antes de entrar en el tr\u00e1fico jur\u00eddico como elefante en una cacharrer\u00eda, la AEPD deber\u00eda haber ponderado si su decisi\u00f3n era la m\u00e1s acertada.<\/p>\n

Fabi\u00e1n Plaza Miranda, Auren Abogados y asesores Fiscales<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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