Salus populi suprema lex est, y ya cumplidos seis meses desde aquel 11 de marzo de este 2020 en el que la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud declar\u00f3 el brote de coronavirus como pandemia global, en este mundo hoy cerrado en sombras, a\u00fan guardan vigencia los puntos 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 40 (\u201cMedidas extraordinarias aplicables a personas jur\u00eddicas de derecho privado\u201d) del RD \u2013 ley 8\/2020. Hasta el 31 de diciembre de este dantesco a\u00f1o.<\/p>\n
Una de las certezas que nuestra ciencia jur\u00eddica ha podido aportar en este nuevo tiempo de normalizaci\u00f3n de ese tipo de medidas; ya menos urgentes, como lo eran meses atr\u00e1s y as\u00ed daban t\u00edtulo al Real Decreto – ley, \u201curgentes y extraordinarias\u201d, pero que, sin duda, suponen un rebus sic stantibus sobre par\u00e1metros y paradigmas de normalidad.<\/p>\n
Normalidad extraordinaria de tempestades con sus correspondientes olas, sobre las que debemos decir tanto que estamos en la segunda, como que esperamos tercera y m\u00e1s. Y lamentablemente, al infausto escenario que llegar\u00e1 con la calma. O al lobo. Es por ello por lo que, si en abril habl\u00e1bamos de flexibilidad o en julio de seguridad, quiz\u00e1s ahora sea el momento de analizar otra dimensi\u00f3n del derecho, la valorativa; la axiolog\u00eda de normas extraordinarias como este art. 40 que en aquellos momentos no dudamos que fuera eficaz (sociol\u00f3gicamente, de una flexibilidad ejemplarizante) y v\u00e1lido (incuestionable su formalidad), pero del que s\u00ed dudar\u00edamos met\u00f3dicamente ante este flujo y reflujo global.<\/p>\n
Dichas medidas del citado art\u00edculo, puntos 1\u00ba y 2\u00ba, recordamos, son la habilitaci\u00f3n para celebrar telem\u00e1ticamente (en el primer p\u00e1rrafo del p. 1\u00ba) \u201clas sesiones de los \u00f3rganos de gobierno y de administraci\u00f3n de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones\u201d y (segundo p\u00e1rrafo) del mismo modo, \u201clas juntas o asambleas de asociados o de socios\u201d; junto con la medida habilitante de la adopci\u00f3n de acuerdos por escrito y sin sesi\u00f3n del 40 punto dos, sobre \u201clos acuerdos de los \u00f3rganos de gobierno y de administraci\u00f3n de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones\u201d. Disposiciones condicionadas para su aplicaci\u00f3n por las garant\u00edas que all\u00ed se prev\u00e9n correlativamente.<\/p>\n
Si bien, su clave de arco hemos de entender que es la m\u00e1xima inicial de los tres p\u00e1rrafos: el \u201caunque los estatutos no lo hubieran previsto\u201d. Siendo aqu\u00ed d\u00f3nde debemos apostillar abogando a favor del principio (\u00bfacaso aqu\u00ed negativo?) de la libertad estatutaria que se consagra por los art\u00edculos 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 114.2 & 175.2 del Reglamento del Registro Mercantil. No otra cosa que (1255 del C\u00f3digo Civil) la expresi\u00f3n concreta en el \u00e1mbito societario del principio contractual de autonom\u00eda de la voluntad.<\/p>\n
Y permiti\u00e9ndonos dejar a un lado a las otras figuras, a fin de centrarnos en lo que este legislador, tan alejado de aquella decimon\u00f3nica Nomograf\u00eda o el Arte de Redactar Leyes de Bentham, denomina sociedades mercantiles, llegar a concretar nuestro an\u00e1lisis en confrontar el primer p\u00e1rrafo de este art. 40 con la LSC, Real Decreto Legislativo 1\/2010.<\/p>\n
De este modo, y puesto que su art\u00edculo 182 (\u201cAsistencia telem\u00e1tica\u201d) dice que \u201csi en las sociedades an\u00f3nimas los estatutos prev\u00e9n la posibilidad de asistencia a la junta por medios telem\u00e1ticos, que garanticen debidamente la identidad del sujeto (\u2026)\u201d; por tanto, \u00bfel legislador de 2020 no estar\u00eda vulnerando (justificadamente) una \u201creserva estatutaria\u201d?<\/p>\n
Ret\u00f3rica, s\u00ed. Una pregunta as\u00ed en estas circunstancias. Como \u201cponer multas por exceso de velocidad en una carrera\u201d. Pero nuestro deber forense no deja de ser la realizaci\u00f3n de aquella dimensi\u00f3n del derecho, la justicia, a modo de ecl\u00edptica solar en toda esta deriva continental. Y, por tanto, no considerar plena a una norma s\u00f3lo por su eficacia y validez.<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan cuando en estos momentos las instituciones se han revelado como el Leviat\u00e1n por excelencia. Por lo que, letrados, tambi\u00e9n nos resultar\u00eda tentador alejarnos de las tesis sociedad \u2013 instituci\u00f3n y hacer un alegato en defensa de la sociedad \u2013 contrato, en la que impere la autonom\u00eda de la voluntad. Una voluntad hoy as\u00ed tan capitidisminuida.<\/p>\n
Siguiendo aqu\u00ed en sus concepciones a los Coase, Alchian y Demsetz, Jensen y Meckling, Easternbrook y Fishchel. En unos instantes en los que todav\u00eda se augura muy distante el restablecimiento de aquella vida social pac\u00edfica que apuntaba Hobbes (cap\u00edtulo XIX de su obra) como deber del soberano. Si bien, antes deber\u00eda primar nuestra responsabilidad.<\/p>\n
Pues nos encontramos en una pandemia, \u201creuni\u00f3n de todo un pueblo\u201d, en su significado etimol\u00f3gico. Debiera ser aquella salus (\u201cbienestar\u201d), de todos, lo que habr\u00eda de imperar.<\/p>\n
Ignacio S\u00e1iz Garc\u00eda, Abogado del departamento de Media & Technology de Auren.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Salus populi suprema lex est, y ya cumplidos seis meses desde aquel 11 de marzo de este 2020 en el que la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud declar\u00f3 el brote […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":6932,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-6931","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n