Desde que se empez\u00f3 a intuir el alcance de la crisis econ\u00f3mica derivada del impacto de la crisis del COVID-19 en nuestro pa\u00eds, se puso de manifiesto que, para proteger a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que no pudieran hacer frente al pago de sus obligaciones, se deb\u00eda adaptar, lo antes posible, la normativa en materia de insolvencia y concurso de acreedores.<\/p>\n
La suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos y plazos procesales, la casi paralizaci\u00f3n del trabajo de las oficinas judiciales y las consecuencias econ\u00f3micas, primero de la paralizaci\u00f3n econ\u00f3mica de los sectores no declarados esenciales y, posteriormente, de las limitaciones para la reanudaci\u00f3n de muchas de ellas, hacen prever un aumento significativo de la litigiosidad judicial en general y de los concursos de acreedores en particular (se calcula que se podr\u00edan llegar a presentar hasta 50.000 concursos)[1]<\/a>. Para paliar las consecuencias de todo ello, era necesario adaptar nuestro ordenamiento jur\u00eddico a la nueva situaci\u00f3n social, econ\u00f3mica y judicial.<\/p>\n Es indiscutible que deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para, si no evitar al menos aliviar, dos de los problemas m\u00e1s acuciantes a corto plazo: la insolvencia de empresas y negocios viables en condiciones generales de mercado y el colapso de juzgados y tribunales por la presentaci\u00f3n masiva de procedimientos con origen en la crisis derivada de la COVID-19.<\/p>\n En situaciones de incertidumbre econ\u00f3mica como la actual, debe evitarse al m\u00e1ximo la inseguridad jur\u00eddica. Por ello, no era posible afrontar la situaci\u00f3n econ\u00f3mica post COVID-19 con la actual regulaci\u00f3n contenida en la Ley Concursal, que obliga al deudor, en el breve plazo m\u00e1ximo de dos meses desde que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, a solicitar la declaraci\u00f3n de concurso, o a comunicar el inicio de negociaciones para conseguir un acuerdo de refinanciaci\u00f3n o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.<\/p>\n La normativa aprobada en materia concursal desde la declaraci\u00f3n del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, pretende evitar irremediablemente el concurso de acreedores (o el preconcurso) de un considerable n\u00famero de empresas y profesionales aut\u00f3nomos, por el mero hecho de incurrir en un estado de insolvencia durante m\u00e1s de dos meses. No podemos olvidar que el estado de alarma se habr\u00e1 mantenido durante casi tres meses.<\/p>\n As\u00ed pues, como m\u00ednimo, era imprescindible aumentar el plazo del que dispone un deudor para presentar la declaraci\u00f3n de concurso desde que conoce la situaci\u00f3n de insolvencia. La primera previsi\u00f3n en este sentido la encontramos en el art\u00edculo 43 del Real Decreto-ley8\/2020, de 17 de marzo<\/a>, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social de la COVID-19[2]<\/a>. Sin embargo, esta m\u00ednima regulaci\u00f3n era clara y manifiestamente insuficiente. Por ello, un mes despu\u00e9s se aprob\u00f3 el Real Decreto-ley 16\/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente ala COVID-19 en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia[3]<\/a>.<\/p>\n Es importante poner de manifiesto que no estamos ante una modificaci\u00f3n de la Ley Concursal (no es una reforma legal propiamente dicha), sino ante una serie de medidas de car\u00e1cter meramente temporal, que excepcionan el r\u00e9gimen contenido en la Ley Concursal, fundamentalmente, en relaci\u00f3n a los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los deudores.<\/p>\n Los objetivos de la norma son fundamentalmente tres: mantener la continuidad econ\u00f3mica de las empresas, profesionales y aut\u00f3nomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, hab\u00edan estado cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciaci\u00f3n homologado; facilitar la financiaci\u00f3n de las empresas para hacer frente a las necesidades transitorias de liquidez; y paliar el previsible aumento de litigiosidad derivados de la tramitaci\u00f3n de concursos de acreedores. Se trata, en definitiva, de que los deudores puedan ganar tiempo, m\u00e1s all\u00e1 de los dos meses previstos en la LC, para conseguir liquidez, reestructurar su deuda y compensar deudas.<\/p>\n La valoraci\u00f3n de las medidas contenidas en el RDL 16\/20 debe ser positiva, especialmente la ampliaci\u00f3n de plazos, la recuperaci\u00f3n de figuras como la del reconvenioy, muy especialmente, la eliminaci\u00f3n de la tradicional penalizaci\u00f3n en la calificaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos concedidos por personas especialmente relacionadas con el deudor, dado que, en la actual situaci\u00f3n, son precisamente el propio deudor o las personas relacionada con \u00e9l las que pueden evitar, en primera instancia, la insolvencia m\u00e1s inminente. Tambi\u00e9n es positivo que la aplicaci\u00f3n de estas medidas no se haya limitado a los deudores en insolvencia debido de forma directa a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica creada por la COVID-19.<\/p>\n Las medidas contenidas en el RDL 16\/20 son fundamentalmente:<\/p>\n Se trata, como ya hemos se\u00f1alado, fundamentalmente de medidas para ganar tiempo a la espera de la recuperaci\u00f3n de la actividad comercial y mercantil, que evite la destrucci\u00f3n de industrias, negocios y empleos. Para la implementaci\u00f3n de las modificaciones de calado que hace a\u00f1os se reclaman, tendremos que esperar a la reforma que tendr\u00e1 que producirse en un plazo no muy lejano[4]<\/a>.<\/p>\n En todo caso, no parece posible conseguir el objetivo previsto, si los operadores jur\u00eddicos y econ\u00f3micos no realizan todos los esfuerzos necesarios para cerrar acuerdos(extrajudiciales o judiciales) que permitan la continuidad de las empresas y actividades econ\u00f3micas de los aut\u00f3nomos.<\/p>\n [1]<\/a>Para hacernos una idea del impacto que este aumento de concursos supondr\u00eda para los juzgados, podemos partir de la evaluaci\u00f3n de la carga de trabajo realizada por el Consejo General del Poder Judicial, seg\u00fan el cual, en el 2019 los Juzgados de lo Mercantil ya soportaban una carga de trabajo del 360%.<\/p>\n [2]<\/a>Derogada poco despu\u00e9s por la Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica del Real Decreto-ley 16\/2020, de 28 de abril.<\/p>\n [3]<\/a>RDL convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados, el 13 de mayo de 2020, aplicable a partir de su entrada en vigor el 30 de abril del 2020.<\/p>\n [4]<\/a>El pasado 7 de mayo se aprob\u00f3 el Texto Refundido de la Ley Concursal<\/a>, que entrar\u00e1 en vigor el pr\u00f3ximo 1 de septiembre, y est\u00e1 pendiente la incorporaci\u00f3n a nuestro ordenamiento jur\u00eddico de la Directiva (UE) 2019\/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuraci\u00f3n preventiva, exoneraci\u00f3n de dudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de restructuraci\u00f3n, insolvencia y exoneraci\u00f3n de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017\/1132 (Directiva sobre reestructuraci\u00f3n e insolvencia).<\/p>\n\n
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