Uno de los principales costes que suele tener la constituci\u00f3n de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos hipotecarios es el gravamen por la modalidad de Actos Jur\u00eddicos Documentados (AJD), que oscila entre el 0,5% y el 2% (sobre el capital garantizado), dependiendo de la Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n
A trav\u00e9s de sentencia n\u00famero 1505\/2018, de 16 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Supremo interpreta que el obligado al pago de dicho tributo es el prestamista (acreedor hipotecario), en lugar del prestatario como se ven\u00eda entendiendo hist\u00f3ricamente. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, el n\u00famero 2 del art\u00edculo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados queda anulado: \u201cCuando se trate de escrituras de constituci\u00f3n de pr\u00e9stamo con garant\u00eda se considerar\u00e1 adquirente al prestatario\u201d. <\/em>Seg\u00fan el Alto Tribunal, dicha menci\u00f3n reglamentaria no tiene el car\u00e1cter interpretativo o aclaratorio que le otorgaba la jurisprudencia anterior, sino que constituye un evidente exceso reglamentario que ahora se declara ilegal. Modific\u00e1ndose de esta manera la jurisprudencia que el propio Tribunal ven\u00eda manteniendo. <\/p>\n La decisi\u00f3n del Supremo abre la puerta a que los prestatarios puedan solicitar la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos por el AJD abonado frente a la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica correspondiente (con intereses de demora), respecto de aquellas liquidaciones que no sean firmes (4 a\u00f1os y un mes, en t\u00e9rminos generales). <\/p>\n Por tanto, para todos aquellos prestatarios (personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas) que hayan formalizado pr\u00e9stamos\/cr\u00e9ditos hipotecarios, se hace recomendable revisar el AJD que haya sido abonado en los \u00faltimos a\u00f1os, para valorar las posibles v\u00edas de impugnaci\u00f3n del impuesto indebidamente ingresado y evitar la prescripci\u00f3n del impuesto. <\/p>\n En fecha 19 de octubre de 2018 el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Mar\u00eda D\u00edez-Picazo, ha decidido que el Pleno de la Sala, compuesto por una treintena de magistrados, revise la decisi\u00f3n de cambiar la jurisprudencia sobre el impuesto. El Pleno podr\u00eda acordar el mantenimiento de la tesis anterior de que debe ser el prestatario el que pague el impuesto. El tribunal explica que examinar\u00e1 \u00absi dicho si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado\u201d. <\/p>\n<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uno de los principales costes que suele tener la constituci\u00f3n de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos hipotecarios es el gravamen por la modalidad de Actos Jur\u00eddicos Documentados (AJD), que oscila entre el 0,5% y el 2% (sobre el capital garantizado), dependiendo de la Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":7426,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-7425","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n