Hace una semana volv\u00eda a ser noticia<\/b> el se\u00f1or Herv\u00e9 Daniel Marcel Falciani,<\/b> cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegaba su extradici\u00f3n a Suiza, para el cumplimiento en ese pa\u00eds de una pena privativa de libertad de 5 a\u00f1os por un delito de espionaje financiero agravado.<\/p>\n
Para los que no lo recuerden, Herv\u00e9 Falciani, es un ingeniero inform\u00e1tico italo-franc\u00e9s, y ex trabajador del blanco HSBC, que se hizo famoso por filtrar una lista (\u201cLista Falciani\u201d), en la que que filtr\u00f3 los datos de miles de defraudadores con cuentas en el banco suizo.<\/p>\n
El se\u00f1or Falciani pasar\u00e1 a la historia<\/b>, no solo por cuestionar los l\u00edmites del secreto bancario, sino, sobre todo, por obligar a todos los pa\u00edses afectados a revisar su posici\u00f3n jurisprudencial sobre las fuentes de informaci\u00f3n que pueden ser susceptibles de constituir material probatorio en un proceso judicial<\/b> (tomando como referencia a la contenida en la llamada \u201clista falciani\u201d).<\/p>\n
Con independencia de las decisiones judiciales que hayan adoptado los distintos \u00f3rganos judiciales a la hora de admitir o inadmitir a la famosa lista como prueba v\u00e1lida, la mayor\u00eda de ellos (incluido nuestro Tribunal Supremo) coinciden en la no conveniencia de acudir a reglas estereotipadas e interpretaciones r\u00edgidas<\/b> en esta materia, sino a una interpretaci\u00f3n \u201ccaso por caso\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, este tipo de soluciones jurisdiccionales son contrarias al principio de seguridad jur\u00eddica, principio general que preside nuestro ordenamiento -art\u00edculo 9.3 del T\u00edtulo Preliminar de nuestra Constituci\u00f3n- y en virtud del cual los ciudadanos pueden tener la certeza de que se conoce o se puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el ordenamiento jur\u00eddico al que se someten.<\/p>\n
Por otro lado, qu\u00e9 duda cabe que la esencia fundamental de cualquier ordenamiento jur\u00eddico -donde indudablemente se incluye la jurisprudencia de los \u00f3rganos judiciales- es su vocaci\u00f3n de generalidad -de lo contrario, dejar\u00eda de existir- y, que los jueces y Tribunales, ostentan la funci\u00f3n jurisdiccional dentro del sistema pol\u00edtico, y, por tanto, deben aplicar las normas, lo que asegura que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y que no se den tratos distintos a situaciones sustancialmente id\u00e9nticas.<\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, cabe decir que en nuestro pa\u00eds, \u201cla sentencia Falciani\u201d dictada por el Tribunal Supremo el 23 de febrero de 2017, vino a abrir una brecha importante en la protecci\u00f3n de derechos fundamentales<\/b>.<\/p>\n
Nuestro m\u00e1s Alto Tribunal ha sido uno de esos Tribunales que ha revisado su jurisprudencia sobre la validez de la prueba con causa il\u00edcita<\/b>, que en una primera etapa consisti\u00f3 en una posici\u00f3n protectora de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional, reafirmando su condici\u00f3n de inviolables al imposibilitar la admisi\u00f3n de pruebas obtenidas violentando alg\u00fan derecho fundamental (SSTC 9\/1984, 30 de enero, 114\/1984, 29 de noviembre y 60\/1998, 8 de abril) y estableciendo el juicio de conexi\u00f3n de antijuridicidad, un criterio para determinar cu\u00e1ndo las pruebas derivadas de otras constitucionalmente ilegitimas tampoco pod\u00edan ser valoradas (STC 81\/1998, 2 de abril, 121\/1998, 15 de junio y 49\/1999, 5 de abril).<\/p>\n
El Tribunal Supremo en esta sentencia apunta a la desconexi\u00f3n con los aparatos del Estado como el par\u00e1metro esencial para aceptar cualquier informaci\u00f3n como material probatorio en una causa. Solo exige que el particular que se haya hecho con la informaci\u00f3n, la haya obtenido con \u201cabsoluta desconexi\u00f3n de cualquier tipo de actividad estatal\u201d y por tanto, que no act\u00fae \u201ccomo una pieza camuflada del Estado\u201d<\/b>, todo ello con independencia de si la informaci\u00f3n se obtenido como consecuencia de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/p>\n
Por tanto, podr\u00edamos concluir, siguiendo el criterio de la citada sentencia, que la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 11 de lo LOPJ, cuyo tenor literal reza <\/b>\u201cno surtir\u00e1n efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, <\/i>violentando los derechos o libertades fundamentales<\/b>\u201d, no puede ser otra que la de frenar los excesos del Estado frente a los particulares<\/b>, con independencia de los excesos que se produzcan entre los particulares. Criterio \u00e9ste, que no podemos compartir.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, lejos queda ya el brocado de nuestro Tribunal Supremo<\/b> \u201cla verdad real no puede obtenerse a cualquier precio<\/b>\u201d (ATS de 18 de junio de 1992- rec 610\/1990), cuando se trata de la lucha contra la delincuencia econ\u00f3mica y financiera<\/b>.<\/p>\n
Mar\u00eda Jos\u00e9 Almagro S\u00e1nchez, Auren Abogados y Asesores Fiscales. Oficina de Auren Madrid<\/b><\/p>\n
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Hace una semana volv\u00eda a ser noticia el se\u00f1or Herv\u00e9 Daniel Marcel Falciani, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegaba su extradici\u00f3n a Suiza, para el cumplimiento en ese pa\u00eds de una pena privativa de libertad de 5 a\u00f1os por un delito de espionaje financiero agravado.
\nPara los que no lo recuerden, Herv\u00e9 Falciani, es un ingeniero inform\u00e1tico italo-franc\u00e9s, y ex trabajador del blanco HSBC, que se hizo famoso por filtrar una lista (\u201cLista Falciani\u201d), en la que que filtr\u00f3 los datos de miles de defraudadores con cuentas en el banco suizo. <\/p>\n","protected":false},"featured_media":7435,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-7434","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n