El pasado lunes 9 de Julio, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dict\u00f3 una sentencia que pone fin la pol\u00e9mica sobre la diversidad de soluciones dadas por los tribunales, seg\u00fan la comunidad aut\u00f3noma de origen, a las reclamaciones de los ciudadanos solicitando la devoluci\u00f3n de las plusval\u00edas pagadas durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017, en la que se declaraba inconstitucional los preceptos del art\u00edculo 107 y 110 de la Ley de Haciendas Locales, los contribuyentes acudieron a los tribunales para recuperar su dinero. La soluci\u00f3n judicial dada a estas reclamaciones ha dependido hasta ahora de la comunidad aut\u00f3noma en la que se haya producido la venta de la vivienda, hecho que ha generado una notable discrepancia doctrinal y jurisprudencial sobre el alcance de la inconstitucionalidad declarada. <\/p>\n
As\u00ed, una parte de la doctrina y Tribunales Superiores de Justicia como los de Madrid, Castilla-Le\u00f3n, Galicia, Catalu\u00f1a y Navarra<\/b>, han declarado la existencia de un vac\u00edo legal cuya consecuencia pr\u00e1ctica es la imposibilidad de practicar liquidaciones del impuesto en tanto en cuanto el legislador no establezca unas nuevas reglas; As\u00ed, cualquier liquidaci\u00f3n del IIVTNU practicada con anterioridad a una reforma legal que evite que se graven en el futuro plusval\u00edas inexistentes o minusval\u00edas (reforma legal que no se ha producido a la fecha), en tanto que carente de cobertura legal quebrantar\u00eda los principios de seguridad jur\u00eddica y reserva de ley aplicables en materia tributaria. <\/p>\n
Otra parte de la doctrina y Tribunales Superiores de Justicia, como el de Arag\u00f3n<\/b>, que, por el contrario, vienen considerando que la Sentencia no pretendi\u00f3 ni tuvo voluntad de realizar un pronunciamiento de inconstitucionalidad de car\u00e1cter absoluto, radical o incondicionado de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL; la inconstitucionalidad concurre, \u00fanicamente, en la medida o cuando se someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incremento de valor. En definitiva, que la inconstitucionalidad fue tan solo parcial y aplicable \u00fanicamente en aqu\u00e9llos supuestos en que se somete a tributaci\u00f3n situaciones inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica, <\/b>cuando se acredite un aumento de valor del terreno al momento de la transmisi\u00f3n esos preceptos resultan aplicables por la Administraci\u00f3n y por los \u00f3rganos de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso-Administrativo. En definitiva, para los defensores de esta segunda tesis estar\u00edamos ante una inconstitucionalidad parcial, no total de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 del TRLHL. <\/p>\n
Existiendo estas dos corrientes doctrinales y jurisprudenciales que han provocado grandes dosis de inseguridad jur\u00eddica, al resolverse cuestiones similares de forma muy distinta, el TS ha considerado que la cuesti\u00f3n con inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia que se desprende de la Sentencia del TSJA de 27 de Septiembre de 2017 sometida a casaci\u00f3n es: <\/p>\n
\u201cDeterminar si, para garantizar la seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 de la Constituci\u00f3n), la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley (art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n) y el respeto a la reserva de ley en materia tributaria (art\u00edculos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constituci\u00f3n), la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2\/2004 de 5 de Marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59\/2017 de 11 de Mayo, obliga en todo caso a la anulaci\u00f3n de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de un situaci\u00f3n inexpresiva de capacidad econ\u00f3mica\u201d:<\/i><\/p>\n
Pues bien, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 9 de Julio de 2018, acoge sin ambages la segunda de las tesis citadas. <\/b>La Sala de lo Contencioso resuelve un recurso contra, precisamente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Arag\u00f3n. El Alto Tribunal concluye que la interpretaci\u00f3n dada por el tribunal de instancia es correcta y descarta por tanto la posibilidad de que el demandante (el BBVA) recupere el dinero pagado como plusval\u00eda (m\u00e1s de 137.000 euros) por la venta de su inmueble. Adem\u00e1s, declara que es el obligado tributario el que debe probar la inexistencia de incremento de valor para evitar el pago del impuesto o, en su caso, reclamar su devoluci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, diferencia entre el alcance y los efectos de la inconstitucionalidad de la Sentencia del TC 59\/2017 para cada uno de los art\u00edculos del TRLHL analizados, fijando la interpretaci\u00f3n de los preceptos, resumidamente, de esta forma: <\/p>\n
1\u00ba.<\/b>– Los art\u00edculos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL adolecen tan s\u00f3lo de una INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD PARCIAL<\/b>, tan s\u00f3lo estimable cuando el obligado tributario ha logrado probar la inexistencia de incremento de valor en la transmisi\u00f3n. Lo que es lo mismo, dichos preceptos son constitucionales y resultan plenamente aplicables cuando el obligado tributario no logra acreditar que la transmisi\u00f3n de la propiedad de los terrenos no ha puesto de manifiesto un incremento de valor. <\/p>\n
Para ello, entre otros argumentos, el TS hace suyo el siguiente razonamiento del FJ 3\u00ba de la sentencia del TSJA: <\/p>\n
\u201cDe admitirse la anulaci\u00f3n de cualesquiera liquidaci\u00f3n recurrida que se hubiera emitido en aplicaci\u00f3n de los preceptos declarados inconstitucionales en los t\u00e9rminos de las sentencias rese\u00f1adas, se estar\u00eda igualando las consecuencias de estas sentencias con los efectos de una sentencia con declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad gen\u00e9rica y sin matizaciones. Es decir no se entiende para qu\u00e9 se habr\u00edan hecho las salvedades en el Fallo y fundamentos de las sentencias\u201d <\/i> <\/p>\n
2\u00ba.<\/b>– Por contra el TS declara que el art\u00edculo 110.4 del TRLHL, que imped\u00eda al obligado tributario acreditar o probar la inexistencia de incrementos de valor como situaci\u00f3n inexpresiva de capacidad econ\u00f3mica, s\u00ed que adolece de INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL Y NULIDAD ABSOLUTA.<\/b> <\/p>\n
De esta forma anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jur\u00eddico la prohibici\u00f3n de probar queda totalmente expedita la v\u00eda para llevar a cabo la prueba de la inexistencia del incremento. <\/p>\n
En la actual situaci\u00f3n de inexistencia de soluci\u00f3n legislativa a la problem\u00e1tica existente, es decir, ante la inexistencia de regulaci\u00f3n por parte del legislador sobre la forma de determinar si concurre o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributaci\u00f3n, la sentencia del TS<\/b> pasa a analizar y resolver sobre a qui\u00e9n corresponde la carga de la prueba de la inexistencia de incremento, sobre qu\u00e9 medios probatorios sean id\u00f3neos para ello.<\/b><\/p>\n
Determina el TS que sin duda corresponde al<\/b> SUJETO PASIVO DEL IIIVTNU probar la inexistencia de plusval\u00eda real conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en el art\u00edculo 105.1 y 106.1de la Ley 58\/2003 de 17 de Diciembre, Ley General Tributaria y Ley de Enjuiciamiento Civil. <\/b> <\/p>\n
Puede perfectamente el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y demostrada la inexistencia de incremento no proceder\u00eda, en consecuencia, la liquidaci\u00f3n del impuesto<\/b>. <\/p>\n
Determina, y esto es tambi\u00e9n muy importante, que al sujeto pasivo le basta con ofrecer cualquier principio de prueba que, al menos indiciariamente, permita apreciar la inexistencia del incremento de valor,<\/b> y para ello cita expresamente (i).- La diferencia de valor entre el de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n reflejado en las correspondientes escrituras p\u00fablicas; (ii).- La prueba pericial que confirme los indicios de inexistencia de incremento; (iii).- Emplear cualquier otro medio de prueba ex articulo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor. <\/p>\n
NO SE EXIGE PUES PRUEBA PLENA SINO MERAMENTE INDICIARIA.<\/b> <\/p>\n
Y aportada por el sujeto pasivo esta prueba indiciarias DEBERA SER LA ADMINISTRACION LA QUE PRUEBE EN CONTRA DE QUE ELLO NO ES ASI PARA PODER APLICAR LOS PRECEPTOS DEL TRLH QUE EL FALLO DEL TC HA DEJADO EN VIGOR EN CASO DE PLUSVALIA.<\/b> <\/p>\n
Prueba en contra de la Administraci\u00f3n que, de por s\u00ed, entra\u00f1a importantes dificultades y que podr\u00e1 siempre ser objeto de controversia en v\u00eda administrativa y en sede judicial. <\/p>\n
Coincidi\u00f3 que tan s\u00f3lo dos d\u00edas despu\u00e9s de publicada la sentencia el d\u00eda 11 de Julio tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Zaragoza una Jornada sobre Urbanismo, Tributos Locales y Plusval\u00eda en la que intervinieron, entre otros: el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Zapata H\u00edjar, por su condici\u00f3n de Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Arag\u00f3n quien dict\u00f3 la sentencia objeto de revisi\u00f3n por el TS y que ocasiona la STS que comentamos: y, tambi\u00e9n, el Excmo. Sr. D. Jes\u00fas Cudero Blas, que es uno de los magistrados integrantes de la Secci\u00f3n Segunda de la Sala Tercera del TS de la que emana esta sentencia. <\/p>\n
Este Magistrado del TS vino a poner de manifiesto que con esta sentencia no se resuelven todos los problemas que afectan a la inconstitucionalidad total o parcial de las citadas normas del IIVTNU, por no haber sido planteados en este recurso, pero que estima ir\u00e1n siendo resueltos en sucesivas sentencias que tambi\u00e9n han sido admitidas por inter\u00e9s casacional. <\/p>\n
Cit\u00f3 cuestiones como la de qu\u00e9 ocurre en los supuestos en los que el incremento sea m\u00ednimo o escasamente relevante; qu\u00e9 ocurre o m\u00e1s bien si en el valor de adquisici\u00f3n deben de computarse los gastos de urbanizaci\u00f3n si los hubiere; la incidencia del valor monetario de los importes pagados al comprar y al vender; cuestiones de caducidad y prescripci\u00f3n, entre otras.<\/p>\n
No sabemos qu\u00e9 har\u00e1 al respecto el Legislador, pero que se introdujera en esta materia la v\u00eda de la tasaci\u00f3n pericial contradictoria regulada para comprobaciones de valores en otros tributos no parece descabellado. <\/p>\n
Estaban presentes letrados consistoriales del Ayuntamiento de Zaragoza que consideraban no procedente la v\u00eda de solicitud de rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones y de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos que se planteaba por la mayor\u00eda de los recurrentes. <\/p>\n
Tanto el Magistrado del TSJA como el Magistrado del TS dejaron claro que entienden procedente la solicitud de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos y rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones y que entienden que la solicitud de devoluci\u00f3n de las liquidaciones y pagos que se hayan efectuado durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os es perfectamente admisible. Incluso se habl\u00f3 de la viabilidad de plantear recurso de revisi\u00f3n pero, como se indica, consideraron suficiente la solicitud de ingresos indebidos. <\/p>\n
Particularmente considero plenamente acertado el criterio del Tribunal Supremo y, de hecho siempre que hemos recurrido liquidaciones o solicitado devoluciones de ingresos indebidos por IIVTNU se ha presentado prueba de que no exist\u00eda incremento de valor, v\u00eda que nos parec\u00eda la m\u00e1s segura. <\/p>\n
A la espera de que las sucesivas sentencias del TS vayan resolviendo las cuestiones pendientes, la pauta para preparar recursos parece clara y siempre que constatemos, bien por las escrituras, bien por los valores catastrales, bien por informe pericial, bien por otra prueba, la inexistencia de incremento de valor en las transmisiones que se nos sometan a revisi\u00f3n por parte de los clientes podremos plantear rectificaciones de autoliquidaciones y solicitud de ingresos indebidos para las futuras liquidaciones y para las pasadas siempre, claro est\u00e1, que no hayan transcurrido cuatro a\u00f1os desde las mismas. <\/p>\n
Roberto Gracia Est\u00e9vez, Socio Director del Departamento Jur\u00eddico de la Oficina de Zaragoza<\/b><\/p>\n
Auren Abogados y Asesores Fiscales.<\/b><\/p>\n
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El pasado lunes 9 de Julio, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dict\u00f3 una sentencia que pone fin la pol\u00e9mica sobre la diversidad de soluciones dadas por los tribunales, seg\u00fan la comunidad aut\u00f3noma de origen, a las reclamaciones de los ciudadanos solicitando la devoluci\u00f3n de las plusval\u00edas pagadas durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":7456,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-7455","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n