Reconoc\u00eda el legislador en el Pre\u00e1mbulo de la Ley 15\/2010, de 5 de Julio, los efectos de la crisis econ\u00f3mica en las Administraciones P\u00fablicas (en adelante AAPP), consistentes en un notorio incremento de impagos y retrasos de las obligaciones contractuales de \u00e9stas. <\/p>\n
Debido a esa situaci\u00f3n, quiso reducir los plazos de pago de las Administraciones, as\u00ed como establecer unas penalizaciones por el incumplimiento de los mismos; por otra parte, se crearon unos mecanismos excepcionales de pagos a proveedores que han suscitado controversias jur\u00eddicas respecto a la renuncia a los intereses de demora de quienes se acogieron a los mismos. <\/p>\n
Vamos a tratar de exponer de forma sucinta los aspectos m\u00e1s elementales del devengo de los intereses de demora derivados del retraso en el pago en los contratos administrativos, muchos de los cuales han originado no pocas controversias judiciales. <\/p>\n
Hemos de partir de la nueva Ley 9\/2017, de Contratos del Sector P\u00fablico<\/strong>, en cuyo art\u00edculo 198 se dispone la obligaci\u00f3n de las AAPP de abonar el precio en el plazo de los 30 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n de las certificaciones (en los contratos de obra) o de los documentos que acrediten la conformidad con la entrega de bienes o servicios (en los contratos de suministro o servicios); ahora bien, el contratista deber\u00e1, a su vez, haber presentado la factura correspondiente en el registro administrativo, en el plazo de treinta d\u00edas desde la conformidad de la certificaci\u00f3n o la entrega de bienes o servicios. De no hacerlo as\u00ed, el devengo de los intereses se iniciar\u00e1 a partir de los treinta d\u00edas desde la presentaci\u00f3n de dicha factura. <\/p>\n Tambi\u00e9n regula el art\u00edculo 199 de esta misma Ley 9\/2017, la obligaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de resolver expresamente en el plazo de un mes la reclamaci\u00f3n presentada por los contratistas; de no proceder a la resoluci\u00f3n expresa en dicho plazo, queda expedita la v\u00eda judicial y la posibilidad de solicitar como medida cautelar el pago inmediato de los intereses, que, de ser estimada, conllevar\u00eda la condena en costas de la Administraci\u00f3n deudora. <\/p>\n No son grandes dichas novedades respecto de la normativa anterior, pues, y siguen estando latentes las controversias m\u00e1s habituales que resumimos seguidamente: <\/p>\n a)\tPlazo de ejercicio de la acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n de los intereses de demora: <\/strong><\/p>\n Es doctrina consolidada de nuestros tribunales que el plazo de prescripci\u00f3n de cuatro a\u00f1os, se inicia en el supuesto del contrato de obras, desde la certificaci\u00f3n final de obra, y no desde cada una de las certificaciones parciales, dado que \u00e9stas tienen el car\u00e1cter solo de pagos provisionales a cuenta.<\/p>\n b) Efectos de la resoluci\u00f3n de liquidaci\u00f3n de contrato: <\/strong><\/p>\n Es absolutamente habitual que en las resoluciones de las liquidaciones de contrato llevadas a cabo por las AAPP no se incluyan los intereses de demora, y que los contratistas no impugnen dicha liquidaci\u00f3n. Las posiciones jurisdiccionales y doctrinales son contradictorias. La Audiencia Nacional, en varias sentencias, concluye que no procede reclamar intereses moratorios si no se procedi\u00f3 a la impugnaci\u00f3n de dicha liquidaci\u00f3n, salvo los devengados por el importe de la propia liquidaci\u00f3n, posici\u00f3n \u00e9ste que parece congruente con la firmeza de ese acto administrativo. El Tribunal Supremo ha admitido, por auto de 3 de julio de 2017 un recurso de casaci\u00f3n por inter\u00e9s casacional para dilucidar este controvertida pol\u00e9mica. <\/p>\n c) Efectos del pago realizado por las AAPP en base al Mecanismo Extraordinario de Pagos a Proveedores (MEPP) y Fondo de Liquidez Auton\u00f3mico (FLA): <\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n ha sido objeto de controversia si los pagos realizados a trav\u00e9s del MEPP, impiden la reclamaci\u00f3n de intereses de demora. No obstante, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de fecha 16 de febrero de 2017, que entendi\u00f3 que dicha renuncia de intereses no contraven\u00eda la Directiva 2001\/7\/UE, los tribunales, de forma mayoritaria han considerado que la renuncia a los intereses de demora y costes de cobro es v\u00e1lida. Cuesti\u00f3n distinta muy controvertida es la referida a los pagos realizados en base al FLA, pues es cierto que no hay acto de aceptaci\u00f3n por el contratista, que incluso, desconoce que el pago se hab\u00eda realizado en base a dicho mecanismo de financiaci\u00f3n de las CCAA. El criterio mayoritario es que s\u00ed que generan intereses, aunque hay sentencias recientes, como la del TSJ de Andaluc\u00eda, Sala de Sevilla, de 17 de abril de 2018 que deniegan la reclamaci\u00f3n.<\/p>\n d) Imposibilidad de reclamar intereses de demora si existe incumplimiento del contratista:<\/strong><\/p>\n Si consta dicho incumplimiento en el expediente administrativo, no puede reclamar intereses moratorios, por la aplicaci\u00f3n del art. 6 de la Ley 3\/2004.<\/p>\n e) Endoso de las certificaciones de obra o facturas a entidades bancarias: <\/strong><\/p>\n Es doctrina y jurisprudencia consolidada que el hecho de proceder a cesiones de cr\u00e9dito o endosos de las facturas o certificaciones de obra por parte de los contratistas, no impide a \u00e9stos la reclamaci\u00f3n de los intereses moratorios, al ser los contratistas y no dichas entidades bancarias, los realmente perjudicados por el retraso de las AAPP. <\/p>\n f) Base de c\u00e1lculo: <\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n es relativamente consolidado el criterio, que lo constituye la base imponible, sin la inclusi\u00f3n de la cuota del IVA. S\u00f3lo admiten algunos tribunales reclamar los intereses devengados por la cuota del IVA, de y desde la certificaci\u00f3n final y previa justificaci\u00f3n de su liquidaci\u00f3n ante la Hacienda P\u00fablica. <\/p>\n g) D\u00eda de inicio del c\u00f3mputo del periodo de carencia: <\/strong><\/p>\n En este sentido, el d\u00eda de inicio es el de la conformidad de la certificaci\u00f3n de obra o documento acreditativo de la entrega de bienes o servicios, siempre que el contratista hubiera presentado en el plazo de 30 d\u00edas la factura correspondiente en el registro de la Administraci\u00f3n contratante. <\/p>\n h) D\u00eda final: <\/strong><\/p>\n Es un criterio absolutamente consolidado que no es el d\u00eda de pago de la administraci\u00f3n, sino el d\u00eda de cobro efectivo por el contratista.<\/p>\n i) Tipo de inter\u00e9s: <\/strong><\/p>\n Es el establecido en el art\u00edculo 7.2 de la Ley 3\/2004, es decir, la suma del tipo de inter\u00e9s aplicado por el Banco Central Europeo a su m\u00e1s reciente operaci\u00f3n principal de financiaci\u00f3n, m\u00e1s ocho puntos. No obstante, se ha admitido por el Tribunal Supremo recurso de casaci\u00f3n, por inter\u00e9s casacional, por auto de 22 de febrero de 2017, respecto del primer apartado del art\u00edculo 7, que establece que inicialmente el tipo de inter\u00e9s, es el pactado entre las partes, por si se asimila a dicho pacto el establecimiento en pliegos de un tipo de inter\u00e9s distinto. <\/p>\n j) Anatocismo: <\/strong><\/p>\n Al respecto, hemos de indicar que los tribunales vienen aplicando el anatocismo en aquellas reclamaciones respecto de los c\u00e1lculos de intereses de demora que son sustancialmente estimados en la demanda. <\/p>\n k) Admisibilidad de Recurso de apelaci\u00f3n: <\/strong><\/p>\n Finalmente, es criterio consolidado del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia que s\u00f3lo cabe dicha impugnaci\u00f3n respecto de aquellas reclamaciones de intereses que excedan de la cuant\u00eda de 30.000 euros por cada factura individualizada y no por el total reclamado en el supuesto de acumulaci\u00f3n de intereses reclamados. <\/p>\n En definitiva, podemos concluir que lejos de ser una mera aplicaci\u00f3n matem\u00e1tica el c\u00e1lculo de los intereses moratorios derivados del retraso en el pago por parte de las Administraciones P\u00fablicas, existen importantes controversias no resueltas, no s\u00f3lo referente a los criterios de c\u00e1lculo, sino incluso a la procedencia o improcedencia de los intereses de demora, con el agravante de que la deseable uniformidad jurisdiccional respecto de tales cuestiones parece dif\u00edcil de lograr, dado el limitado acceso a los recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n de estas cuestiones. <\/p>\n Jos\u00e9 Javier Cabello Burgos, Abogado. Auren Abogados y Asesores Fiscales Oficina de M\u00e1laga.<\/strong><\/p>\n \n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Reconoc\u00eda el legislador en el Pre\u00e1mbulo de la Ley 15\/2010, de 5 de Julio, los efectos de la crisis econ\u00f3mica en las Administraciones P\u00fablicas (en adelante AAPP), consistentes en un notorio incremento de impagos y retrasos de las obligaciones contractuales de \u00e9stas.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":7507,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-7506","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n