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El pasado 2 de diciembre el Gobierno aprob\u00f3, con la extraordinaria y urgente necesidad a la que nos tiene acostumbrados \u00faltimamente, el Real Decreto Ley 3\/2016, estableciendo una serie de medidas de \u00e1mbito tributario dirigidas a incrementar la recaudaci\u00f3n del Estado y a reducir el d\u00e9ficit p\u00fablico, tal como se reconoce en la exposici\u00f3n de motivos del texto normativo. <\/p>\n
Efectivamente, el objetivo<\/u> de dicho Decreto Ley, el de incrementar la recaudaci\u00f3n<\/u> del Estado, se ver\u00e1 cumplido con las nuevas medidas aprobadas, la pregunta es, nuevamente, si los medios empleados para ello respetan los tantas veces invocados principios b\u00e1sicos del derecho tributario (seguridad jur\u00eddica, capacidad econ\u00f3mica, no confiscatoriedad\u2026), que, recordemos, son principios reconocidos por la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Como habr\u00e1n podido intuir, en el presente post<\/i> no se pretende hacer un estudio t\u00e9cnico de las novedades introducidas por dicho Decreto, sino analizar y cuestionar la viabilidad de un sistema tributario en constante cambio a consecuencia de la actuaci\u00f3n confusa del legislador estructurada, como se dir\u00eda coloquialmente, a salto de mata<\/i>. <\/p>\n
Tributar por rentas que no existen: <\/u><\/b><\/p>\n
Una de las novedades introducidas por el RDL 3\/2016, que probablemente m\u00e1s dar\u00e1 que hablar, tanto por las dudas interpretativas que puede generar como por su posible contradicci\u00f3n con los principios b\u00e1sicos, es el nuevo mecanismo de reversi\u00f3n obligatoria de los deterioros de valor de participaciones que fueron deducibles con anterioridad a 2013. El nuevo sistema consiste en revertir, durante los ejercicios de 2016 a 2020, como m\u00ednimo la quinta parte del importe del deterioro que fue deducible en su d\u00eda. <\/p>\n
Esta medida supone, en primer lugar, un gran incremento de la cuota tributaria del IS para muchos contribuyentes, incremento desmesurado y sobretodo injustificado, por cuanto se pretende incluir en la base imponible del impuesto una renta ficticia que realmente no existe<\/u>, sino que se ha generado por un cambio legislativo que afecta a la deducibilidad de los deterioros de valor. Es decir, se podr\u00eda cuestionar la existencia de hecho imponible en la reversi\u00f3n de la deducibilidad de los deterioros de valor de participaciones, <\/i>atentado as\u00ed contra <\/i>los principios de capacidad econ\u00f3mica y no confiscatoriedad.<\/u><\/p>\n
En segundo lugar, este nuevo apartado contradice el principio de seguridad jur\u00eddica, ya que establece un cambio en el r\u00e9gimen de reversi\u00f3n inesperado y sobrevenido para todas las empresas con car\u00e1cter retroactivo<\/u>. Es evidente que aprobar una medida con tal trascendencia en la cuota del impuesto el d\u00eda 3 de diciembre, tres semanas antes de que concluya el periodo impositivo para muchos contribuyentes del IS (31 de diciembre), afecta claramente a la planificaci\u00f3n fiscal de las empresas y sobre todo a su seguridad jur\u00eddica, porque el resultado panificado o esperado en relaci\u00f3n a las operaciones del ejercicio, no tendr\u00e1 nada que ver en aquellos contribuyentes a los que el nuevo sistema de reversi\u00f3n les afecte en mayor medida.<\/p>\n
Aumento de los costes indirectos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (SII):<\/u><\/b><\/p>\n
El mismo d\u00eda 2 de diciembre el Gobierno aprob\u00f3 el Real Decreto 596\/2016, con otra medida especialmente controvertida con efectos desde el 1 de julio de 2017, el ya conocido SII (Suministro Inmediato de Informaci\u00f3n).<\/u> Este nuevo r\u00e9gimen ya fue objeto de explicaci\u00f3n y estudio en antiguos posts, <\/i>por lo que en este caso no podemos decir que haya sido una medida inesperada, porque ya hac\u00eda tiempo que se ven\u00eda hablando de este nuevo sistema y era sabido que el Gobierno estaba trabajando en su implantaci\u00f3n. Aun as\u00ed, nadie se esperaba que la medida se aprobara con tanta rapidez con un Gobierno, pr\u00e1cticamente, acabado de constituir. <\/p>\n
Tanto el Gobierno como Hacienda han promocionado todas las ventajas del nuevo sistema, desde la modernizaci\u00f3n de la llevanza de Libros Registros hasta el anuncio de la disminuci\u00f3n de los requerimientos de informaci\u00f3n por parte de Hacienda, al disponer de toda la informaci\u00f3n de los contribuyentes obligados casi al momento. \u00bfPero se han planteado si dichas ventajas compensan los costes reales del SII? <\/p>\n
A nadie escapa el hecho de que el nuevo SII implica un aumento de los costes de cumplimiento de las obligaciones formales del IVA<\/u>, ya que las empresas deber\u00e1n actualizar sus sistemas y programas inform\u00e1ticos<\/u> para adaptarse a dicha obligaci\u00f3n, y adem\u00e1s aumentar\u00e1 el coste de asesores y gestores<\/u> que les ayuden a cumplir en plazo todas sus obligaciones. Dichos costes son inherentes al d\u00eda a d\u00eda de las grandes empresas, o por lo menos \u00e9stas tienen m\u00e1s posibilidad de asumirlos, pero a\u00fan existen muchas Pymes que utilizan un sistema de llevanza de libros no tan avanzado que, hasta la fecha, les bastaba para cumplir con sus obligaciones formales, pero que deber\u00e1n actualizar y asumir el coste de dicha actualizaci\u00f3n cuando se vean obligados al SII. Recordemos que, a pesar de que la entrada en vigor del SII en julio de 2017 no afecte a todas las empresas, es cuesti\u00f3n de tiempo que la obligaci\u00f3n se extienda a todos los contribuyentes del IVA. <\/p>\n
Estas novedades no hacen m\u00e1s que confirmar el deficiente sistema legislativo<\/u>, sobre todo desde la perspectiva fiscal, que venimos sufriendo en los \u00faltimos a\u00f1os, con un abuso excesivo del Real Decreto Ley, que se ha mal utilizado para ir modulando el camino de la pol\u00edtica fiscal sobre la marcha y sin previa planificaci\u00f3n, a expensas de los cambios pol\u00edticos y de las exigencias de Europa. No estar\u00eda de m\u00e1s, ir pensando en cambiar estas din\u00e1micas legislativas, que aparte de atacar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos, est\u00e1n afectando a la planificaci\u00f3n econ\u00f3mico-fiscal de las empresas y est\u00e1n perjudicando seriamente la imagen del sistema legislativo espa\u00f1ol de cara al exterior, desincentivando la inversi\u00f3n extranjera.
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Berta Garc\u00eda Y Daniel Viader, <\/b>Abogados y Asesores Fiscales. <\/strong><\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pasado 2 de diciembre el Gobierno aprob\u00f3, con la extraordinaria y urgente necesidad a la que nos tiene acostumbrados \u00faltimamente, el Real Decreto Ley 3\/2016, estableciendo una serie de medidas de \u00e1mbito tributario dirigidas a incrementar la recaudaci\u00f3n del Estado y a reducir el d\u00e9ficit p\u00fablico, tal como se reconoce en la exposici\u00f3n de motivos del texto normativo. <\/p>\n","protected":false},"featured_media":7810,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-7809","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n
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