Estímulos Fiscales en México

En México, mediante la Ley de Ingresos de la Federación se publican anualmente estímulos fiscales aplicables a las diferentes actividades de los contribuyentes. Unos estímulos están creados para apoyar las actividades prioritarias de nuestro país como es el transporte, la agricultura, la ganadería, la pesca, minería; otros, están creados para fomentar la inversión y el ahorro como son los dirigidos a empresas mineras, las dedicadas a desarrollos inmobiliarios y a las personas físicas que hacen depósitos en sus cuentas personales de ahorro. También existen otros que promueven actividades como la cinematografía, o bien, para aquellas empresas que contraten personas discapacitadas.

La mayoría de los estímulos fiscales se determinan con base en gastos realizados que son deducibles para el impuesto sobre la renta, por ejemplo, el estímulo carretero aplicable a las empresas de transporte de carga , el cual, consiste en determinar un estímulo fiscal con base en el 50% del costo pagado en las carreteras de peaje de la red nacional de autopistas, o como también, el estímulo fiscal aplicable a empresas que hayan adquirido diésel para su consumo final en el transporte público o privado el cual será para septiembre de 2019 de 4.406 pesos por cada litro adquirido por ejemplo.

Algunos estímulos se determinan para pagar contribuciones, es decir, se utiliza un mecanismo de acreditamiento de impuesto, el cual consiste en disminuir del impuesto a cargo (generalmente es impuesto sobre la renta), el estímulo fiscal determinado, por ejemplo el estímulo carretero y el estímulo calculado en base a consumo de diésel.

Existen otros estímulos que se usan para anticipar la deducción de costos y disminuir la base gravable en el impuesto sobre la renta, o bien, para no hacer pagos a cuenta del impuesto anual, como es el aplicable a desarrollos inmobiliarios.

Otros estímulos se determinan con base en otras contribuciones, como es el estímulo a la minera que se calcula en base a los derechos pagados por concesiones mineras, o bien, el estímulo para empresas que contraten personas discapacitadas que consisten en considerar como deducción para el impuesto sobre la renta, el 100% del impuesto sobre la renta por salarios que estas personas hayan causado.

La mayoría de los estímulos fiscales no causan otras contribuciones, sin embargo, existen algunos que expresamente si, como es el estímulo carretero en donde es 100% acumulable para impuesto sobre la renta.

 

C.P.C. Edgar Mandujano Ham

Socio de Impuestos Oficina de Ciudad Juarez

Sanciones en Materia De Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Quien realice actividades vulnerables  conforme a La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) vigente, se encuentran obligados a observar dicha Ley, así como sus Disposiciones Secundarias para el cumplimiento de la misma, por otra parte, la propia Ley   establece diversas sanciones por el incumplimiento a las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). 

El artículo 52 de la LFPIORPI, establece que las multas impuestas por la Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, las cuales se fijarán en cantidad liquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal de la Federación. 

Las infracciones podrán ser: 

1. Incumplimiento en Identificar a los clientes o usuarios de manera adecuada conforme a las Ley y Disposiciones de Carácter General. 

2. Por no presentar los avisos en tiempo y forma. 

3. Aviso presentado con datos incorrectos o incompletos.

4. Aviso presentado en forma extemporánea (aplicable excepción conforme el segundo párrafo del artículo 53 de la LFPIORPI) 

5. No conservar el expediente Administrativo del Cliente y/o Usuario (documentación del cliente y/o usuario) 

6. Por dejar de atender las visitas de verificación y por no atender los requerimientos de la autoridad. 

7. Por dejar de realizar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos. 

De las infracciones antes mencionadas, la autoridad podrá imponer por cada una de ellas, una sanción consistente en multa mínima de doscientos días de salario mínimo vigente y una máxima de sesenta y cinco mil días de salario mínimo vigente  (un monto que va desde los $16,898.00 hasta $ 5,491,850.00 M.N. 00/100), por cada incumplimiento y/o aviso no presentado ante la autoridad en tiempo y forma, o bien, de manera incompleta o incorrecta dicha información. 

Así también, la autoridad además de imponer sanciones de manera económica también podrá imponer sanciones administrativas consistentes en: 

1. Revocación de permisos por actividades de Juegos y Sorteos. 

2. Cancelación definitiva de la habilitación como Corredor Publico. 

3. Cesación del ejercicio de la función como Notario Público. 

4. Cancelación de la autorización como Agente y Apoderado Aduanal. 

Es importante destacar que el incumplimiento de las obligaciones podría (acarrear la imposición de diversas multas por parte de la autoridad, además que podrá llegar a revocar, cesar o cancelar permisos, patentes y/o autorizaciones, las cuales podrían en un momento) llegar a ser una carga insostenible para los sujetos obligados, por lo que, es necesario, tener una correcta aplicación de la Legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. 

Lic. Perla Itzel Juarez Flores – Asociada 

Lic. Felipe Ochoa Martínez – Socio de Auren México experto en temas Legales y Fiscales

Auren Ciudad de México 


[1]  Artículo Operaciones Vulnerables https://www.auren.com/es-MX/blog/auditoria/2019-04-24/operaciones-vulnerables [1] Ahora se le calcula a través de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

¿Constitucional? La Interpretación del Procedimiento de verificación de expedientes únicos de identificación en Actividades Vulnerables.

Derivado de la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en fecha 17 de Octubre de 2012, los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas en el artículo 17 del cuerpo normativo antes descrito, estarán obligados a recabar e integrar diversa información e interponer avisos cuando así lo dispongan las disposiciones legales o en caso de incumplimiento tendrán como consecuencia la imposición de severas multas.

 Lo anterior es así, ya que en el artículo 17 de la Ley comúnmente conocida como Priorpi, se describen 16 diversas actividades que el legislador reconoce como Actividades Vulnerables, es decir los sujetos a los que van dirigidas todas las obligaciones emanadas de dicho cuerpo normativo y, posteriormente dentro de los siguientes artículos describen una serie de obligaciones a cargo de los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas dentro de las fracciones del propio artículo 17, sin embargo, es objetivo del presente artículo únicamente dilucidar la constitucionalidad del procedimiento de verificación del correcto cumplimiento de obligaciones con referencia a la integración de expedientes únicos de identificación.

 Si bien es cierto que la propia Ley Priorpi no establece la obligación explicita de integrar expedientes únicos de información, si establece en su artículo 18 las primicias básicas de la integración del expediente de identificación y, posteriormente en el Acuerdo 09/2013 publicado en el diario oficial de la federación el 24 de Julio de 2014, es donde se establecen las reglas específicas y características detalladas que deberán integrar los expedientes únicos de identificación, cuando los gobernados realicen alguna de las 16 actividades que establece el artículo 17 de la Ley Priorpi.

 Una vez esclarecido el objeto de las revisiones que analizaremos, podremos comenzar a desentrañar el procedimiento con el que cuenta la autoridad para efectos de detectar si los gobernados han o no han cumplido correctamente con sus obligaciones, mismo que por supletoriedad nos remite a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en particular al procedimiento de verificación y posteriormente el procedimiento sancionador que estipula dicha normatividad.

 Es así, ya que si se realiza una remisión al artículo 4 de la Ley Priorpi nos establece que en lo no previsto en la ley se aplicarán supletoriamente diversas normatividades, para el caso que nos atañe, en la fracción III establece que será de aplicación supletoria la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, así como también, la propia Ley Priorpi hace una remisión expresa en el artículo 35, estableciendo que para efectos de realizar las verificaciones y la imposición de infracciones se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, quedando claro que se apegará al procedimiento de verificación que establece dicha ley, sin existir procedimiento especial para la verificación de las obligaciones nacidas de las actividades vulnerables.

 Ahora bien, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su Capítulo Decimo Primero denominado “DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN” iniciando en el artículo 62, establece las reglas específicas del “como” se llevarán a cabo las visitas de verificación manifestando medularmente que las autoridades administrativas podrán llevar a cabo visitas de verificación que podrán ser ordinarias o extraordinarias, a su vez, en aras de proteger los derechos humanos de los gobernados establece que los verificadores deberán identificarse previo a la realización de la verificación, así como, deberán de exhibir una orden de verificación que contenga la información necesaria para poder realizar el acto de molestia.

 Posteriormente, en su artículo 68 del mismo capítulo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que los gobernados contarán con un plazo de 5 días hábiles para formular observaciones y ofrecer pruebas en relación a los hechos consignados en el acta de verificación realizada, entendiéndose esta etapa como el derecho de audiencia previo a la imputación formal de una supuesta infracción cometida, es decir, previo a que se dé inicio al procedimiento sancionador y que se otorgue dentro de ese procedimiento el plazo de 15 días para desvirtuar las imputaciones fincadas en su contra, el gobernado cuenta con el plazo de 5 días del procedimiento de verificación para aportar las pruebas que crea pertinentes.

En ese orden de ideas, es de suma importancia que se clarifique la diferencia del plazo de 15 días para desvirtuar dentro del procedimiento sancionador y el plazo de 5 días posteriores al acta de verificación, y la diferencia resulta ser muy simple, ya que en el plazo del procedimiento sancionador existe una imputación formal de una conducta tipificada como ilegal, mientras que en la verificación únicamente se establecen los hechos u omisiones derivados de la verificación, por lo que, en uno el desvirtuamiento tendría como objetivo demostrar las razones jurídicas y de hecho del porque el gobernado no se encuentra dentro de las hipótesis infraccionadas –claramente el sancionador-, mientras que en el otro el gobernado aportara y manifestará lo que a su derecho convenga con relación a los hechos u omisiones manifestados, esto porque no existe ninguna imputación formal de una conducta infraccionada, por lo que, conforme a lo manifestado en la propia Ley el gobernado aportara las pruebas y observaciones que crea pertinentes para efectos de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones legales. 

Una vez clarificado lo anterior, podremos concluir que el gobernado al contar con un plazo de 5 días posteriores al levantamiento del acta de verificación, podrá en ese plazo aportar y demostrar que todo lo que se ha verificado esta realizado conforme a las disposiciones legales aplicables y la autoridad, deberá otorgarle pleno valor probatorio a las pruebas aportadas en ese plazo, siendo que debe de tener el mismo valor probatorio lo que se aporte durante la verificación así como las pruebas que se entreguen en el plazo otorgado con posterioridad, esto en virtud de que como ya se expuso en líneas anteriores, el gobernado está sujeto a una verificación y la propia ley establece un plazo para aportar lo que a derecho convenga en relación a la verificación, ya que no existe ninguna imputación formal en contra del gobernado.

Siendo que derivado de las disposiciones analizadas el gobernado tiene el derecho de aportar las probanzas que crea convenientes durante la verificación, así como en los 5 días posteriores a ella, es claro que, la autoridad deberá valorar las pruebas aportadas de la misma forma sin importar en qué momento se aportaron, ya que considerarlo de otra manera sería contravenir la propia disposición normativa y el derecho humano de audiencia, así como el del debido proceso. 

Ahora bien, esclarecida la diferencia de los diversos plazos con los que cuenta el contribuyente para la aportación de pruebas y el valor probatorio que deben de tener las mismas, podremos ahora remitirnos a la interpretación que realiza la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la jurisprudencia VIII-J-SS-41 en donde manifiesta que si el gobernado entrega los expedientes únicos de identificación posteriormente al levantamiento del acta de verificación, no se tiene la certeza de que el gobernado los haya integrado en el momento de la realización de la actividad vulnerable.

 Por lo que, podremos concluir que el juzgador pretende dar un valor probatorio distinto a los expedientes de identificación que se aporten en la visita de verificación y los expedientes que se aporten con posterioridad, entendiéndose inmerso en la posterioridad, el plazo de 5 días siguientes al levantamiento del acta de verificación. 

Es claro, que el juzgador realiza una interpretación contraviniendo la propia legislación, así como el artículo 14 Constitucional en relación al derecho humano de la audiencia previo a la imputación de una conducta ilegal, siendo que el juzgador sin manifestar de manera frontal y explicita que las pruebas aportadas dentro del plazo de 5 días no tienen valor probatorio, si manifiesta que no otorgan certeza jurídica de que se integró el expediente al momento de la realización de la actividad vulnerable, por lo que, materialmente está privando al gobernado del derecho de aportar las probanzas en el plazo de 5 días en virtud de que no les otorgará el mismo valor probatorio que si se entregan al momento del levantamiento del acta.

Es decir, la legislación aplicable establece que el gobernado cuenta con el plazo de 5 días para otorgar las pruebas que crea pertinentes, empero, el juzgador mediante jurisprudencia firme del pleno de Sala Superior interpreta que particularmente los expedientes únicos de identificación que sean aportados en dicho plazo y no al momento de la verificación, no tendrán valor probatorio en virtud de que supuestamente no otorgan certeza de que se hayan integrado en el momento de la realización de la actividad vulnerable, cuestión que claramente no es más que soslayar un derecho adquirido del gobernado en contravención a nuestra propia Constitución así como los Tratados Internacionales de los que México es parte, en atención a que, el que manifieste que no otorgan certeza jurídica del momento de su integración no tiene otro objetivo más que hacer nulo el valor probatorio únicamente por el momento en el que se aportan, por lo que, para efectos prácticos el gobernado no cuenta con su derecho de aportar pruebas en 5 días posteriores a la verificación en atención a que si aporta los expedientes en dicho plazo, a los expedientes no se les otorgará el mismo valor probatorio que si se aportan en la verificación.

Conviene subrayar, que el juzgador en la interpretación analizada sustenta análisis en razón de que la creación de la Ley Priorpi fue para efectos de verificar la legal procedencia de los recursos y sus verificaciones deben de ser en el momento, es decir, equiparándolo a la flagrancia, para efectos de lograr verificar un tema de tal naturaleza y sensibilidad, ya que para eso fue creada dicha ley, sin embargo, se apega al procedimiento de verificación establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, misma que como ya analizamos otorga al gobernado el derecho de aportar pruebas posteriormente al levantamiento del acta de verificación, y este derecho debe de ser respetado sin importar las disposiciones legales que se pretendan verificar, ya que, si la Ley Priorpi contiene objetivos específicos que no son satisfechos con el proceso de verificación aplicable, debería de contener un procedimiento especial que proteja los motivos para lo que fue creada dicha norma, sin embargo, al no existir procedimiento especial claramente el juzgador violenta derechos humanos del gobernado al soslayar un derecho otorgado en ley, al intentar aplicar el procedimiento de una forma especial.

En conclusión, es clara la violación constitucional en la interpretación mediante jurisprudencia que realiza la Sala Superior en virtud de que tratando de justificar su actuar manifiesta que el otorgamiento de los expedientes en momento posterior a la verificación no otorga certeza al juzgador de que se integraran al momento de la realización de la actividad vulnerable, no es más que, privar al gobernado de su derecho de aportar los expedientes en el plazo de 5 días reconocido por la ley, en virtud de que carecerán de valor probatorio, violentando así claramente el derecho de audiencia con el que cuentan los gobernados.

Elías Eduardo Abasolo Elías

Gerente del Area Legal

Auren Aguascalientes

Informativo: Decreto de Reforma sobre el Código Fiscal del 1ero de Junio 

El día viernes 1 de junio del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Es por ello, que a manera de síntesis los invitamos a conocer el contenido de las reformas o adiciones que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, siendo estas las siguientes:

 

69-B Bis: TRANSMISIÓN INDEBIDA DE PÉRDIDAS FISCALES.

Para evitar prácticas tendientes a disminuir la base del Impuesto Sobre la Renta, se establece la facultad de la autoridad fiscal para presumir la transmisión indebida de pérdidas fiscales, cuando se actualice excepcionalmente alguno de los seis supuestos previstos en la norma y que posteriormente se lleven a cabo restructuraciones, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, como consecuencia de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció, teniéndose como finalidad única la fiscal y no así una razón de negocios, siendo esos casos donde se considerará que existe la presunción de una transmisión indebida de dicha pérdida fiscal para su disminución directa o indirecta por otro contribuyente.

Para ello, la autoridad notificará mediante buzón tributario al contribuyente que obtuvo la pérdida fiscal para que en un plazo de 20 días manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo.

La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas hechas valer por el contribuyente en un plazo que no excederá de seis meses, contado a partir de que venza el plazo para desvirtuar y notificará a través de buzón tributario la resolución mediante la cual se señale si el contribuyente desvirtuó o no, los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo.

 La autoridad publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan, teniendo como efecto confirmar la transmisión indebida de las pérdidas fiscales obtenidas por el contribuyente que las generó, así como la improcedencia de su disminución por el contribuyente que corresponda.

 

28: CONTROLES VOLUMÉTRICOS.

Se establece que los contribuyentes que participen en la cadena de valor de la industria petrolera, tales como la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero tengan la obligación de llevar controles volumétricos.

 

29: COMPROBANTES FISCALES.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para que, mediante reglas de carácter general, establezca las características que deben contener los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.

Asimismo, se establece la obligación para que los contribuyentes emitan un ticket electrónico con las características que determine el Servicio de Administración Tributaria por las operaciones realizadas en los distintos sectores de la industria de hidrocarburos y petrolíferos, lo que permitirá un mejor control de dichas operaciones.

Con el fin de prever los supuestos en los que tratándose de actos o actividades en los que, si bien no hay obligación de emitir un comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), y dicho acto o actividad tenga efectos fiscales, éstos se encuentren amparados en un documento digital que permita un mejor control de la información tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal.

 

42: VISITA DOMICILIARÍA.

Se adiciona la facultad de la autoridad fiscal para practicar visitas domiciliarias a efecto de verificar el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales respecto de los registros electrónicos de controles volumétricos, situación que además de incidir en el correcto pago de las contribuciones permitirá identificar la procedencia de los hidrocarburos o petrolíferos.

Asimismo, las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el análisis, identificación y cuantificación de bienes o mercancías objeto de revisión, durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, debido a que por la especialidad de determinados bienes existe dificultad para que la autoridad fiscal tome muestras o los analice.

 

42: FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

Se adiciona una nueva facultad de comprobación, donde las autoridades podrán practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron, durante el periodo de tiempo que dure la verificación.

 

42 COMRPOBAR EL ORIGEN O PROCEDENCÍA DE CONCEPTOS.

Cuando en el ejercicio de facultades de comprobación en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor, pago de lo indebido, o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

 

56: DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.

Se adiciona un nuevo supuesto a efecto de poder determinar de manera presuntiva los ingresos brutos y el valor delos actos o actividades que obtengan los contribuyentes, mismo que consiste en un utilizar la información obtenida de la verificación que se efectué, calculando un promedio diario que se multiplicara por los días que corresponda al periodo sujeto a revisión.

Lic. José Andrés Valdés Barba – Gerente del Area Legal

Auren Aguascalientes

Requisitos adicionales: Deducibilidad en la Subcontratación Laboral

Derivado de la figura “outsourcing” término en inglés que se traduce como la subcontratación, externalización o tercerización, el cual podemos definir como una actividad o proceso en el cual una empresa contrata a otra para que lleven a cabo una determinada actividad o producción de la empresa contratante, con el objetivo de reducir costos, ser más competitivos y/o aumentar su crecimiento.

Con la reforma laboral implementada en el 2012 en México, se regula el régimen de subcontratación laboral, que tiene como principal objetivo el evitar la evasión de prestaciones laborales y de seguridad social, dirigidos al contratante.

En México la figura de outsourcing, para casos exclusivos, se ha utilizado para disminuir la carga fiscal en el pago de impuestos Federales y Estatales, tales como,  seguridad social, seguro  de ahorro para el retiro e infonavit, por mencionar algunos,  lo cual afecta los derechos laborales así como la participación en las utilidades de la empresa.

ANÁLISIS:

Entrando en materia, a través de las reglas misceláneas se han establecido una serie de requisitos que deberán cubrir los contratantes para poder deducir los pagos del ISR por subcontratación laboral. Para el caso de outsourcing;  copia de los comprobantes fiscales por concepto de pagos de salarios de los trabajadores que les hayan proporcionado el servicio subcontratado. La declaración  de las retenciones de impuestos efectuados a dichos trabajadores y de las cuotas obrero-patronal al IMSS, requisito de deducibilidad contemplado en la fracción V, último párrafo del artículo 27 de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, el contratante deberá obtener copia de la declaración correspondiente y acuse de recibo de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con motivo del servicio de subcontratación laboral, contemplado en la fracción II, artículo 5 y fracción VIII, artículo 32  de la Ley  del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Lo relevante es que estas disposiciones legales ya existían, sin embargo a finales de enero de 2018, el Sistema Federal implemento dentro del buzón tributario de cada contribuyente, el aplicativo de subcontratación laboral, lo cual tanto el contratante como el contratista deberán de cumplir y observar lo señalado en las reglas misceláneas aplicables a la subcontratación laboral para ambas partes.

Nos enfocaremos específicamente a lo que contratante deberá obtener del contratista, outsourcing o insourcing, según sea el caso, para poder hacer deducible el gasto por subcontratación laboral, así como poder acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por la prestación de dicho servicio.

 

PROCEDIMIENTO POR EL CUAL EL CONTRATANTE REALIZA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN AUTORIZADA POR EL CONTRATISTA, ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL.

 

  • El contratante ingresará al aplicativo “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones” disponible en el buzón tributario, a partir del día 27 del siguiente mes que se requiera consultar, y deberá:
  • Se considerará que el contratante no cumple con los requisitos de deducibilidad o acreditamiento cuando el acuse que emite el aplicativo “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones”, señale inconsistencias en el período y ejercicio seleccionado.

 

I.     Seleccionar el período y ejercicio de la información que desea consular del contratista. Dicho período debe estar dentro del rango autorizado por el contratante.

II.    Identificar los CFDI con los que se realizó el pago de los servicios de subcontratación y confirmar el importe del IVA pagado, así como la fecha de pago.

III.   Verificar y validar que el nombre y el número de trabajadores por los que recibió la autorización por parte del contratista coinciden con el contrato objeto de la subcontratación.

IV.   Deberá generar con su e.firma y conservar como parte de su contabilidad, el acuse relativo a la consulta de la información autorizada por el contratista.

Las inconsistencias en el período y ejercicio seleccionado en que incurre el contratista pueden ser cualquiera de las siguientes y se muestran en el aplicativo a que se refiere el Apartado A de esta regla, con las siguientes leyendas:

  • Cuando existe omisión en la presentación de la declaración mensual del ISR retenido
  • Cuando existe omisión en la presentación de la declaración del IVA
  • Cuando no exista información de los CFDI del pago de la contraprestación del servicio emitido por el contratista o cuando el contratante no confirme el pago de la contraprestación del servicio.
  • Cuando el total de la suma de las retenciones de sueldos y salarios del ISR, en los CFDI emitidos por el contratista a los trabajadores objeto del contrato, es mayor al importe total de retenciones de sueldos y salarios de las declaraciones de los pagos provisionales mensuales del ISR del contratista.
  • Cuando el total de la suma de las retenciones de asimilados a salarios del ISR, en los CFDI emitidos por el contratista a los trabajadores objeto del contrato, es mayor al importe total de retenciones de asimilados a salarios de las declaraciones de los pagos provisionales mensuales del ISR del contratista.
  • Cuando el importe del IVA pagado de los CFDI emitidos por el contratista por el pago de la contraprestación del servicio prestado, es mayor al importe total del renglón IVA trasladado, de las declaraciones del pago definitivo del IVA del contratista.
  • Cuando el número de trabajadores objeto del contrato, validado por el contratante es menor, que el registrado por el contratista.
  • Cuando el contratista al ser el patrón de todos los trabajadores objeto del contrato, no haya expedido CFDI de nómina por sueldos y salarios a algunos o a todos los trabajadores objeto del contrato.
  • El contratista no sea el patrón de algunos o de todos los trabajadores objeto del contrato y al realizar el contratante la consulta se visualice el listado de los trabajadores que no tienen una relación laboral con el contratista y por tal razón no se pueden mostrar los CFDI de nómina por sueldos y salarios de dichos trabajadores.
  • Cuando el contratista haya expedido CFDI de nómina distinto a sueldos y salarios a sus trabajadores objeto del contrato.
  • Cuando no se localicen todos los CFDI emitidos por el IMSS por concepto del pago de las cuotas obrero-patronales en los que el receptor sea el contratista.

 

El acuse que emite el aplicativo “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones”, se generará sin inconsistencias en el período y ejercicio seleccionado, una vez que el contratista corrija las mismas.

 

Como se puede observar para efectos de deducibilidad y acreditamiento  del ISR e IVA, se deberá contar con el acuse relativo a la consulta de la información autorizada por el contratista SIN INCONSISTENCIAS, lo que conlleva a que el contratista esté actualizando mes con mes la información sobre las altas o bajas de los empleados objeto del contrato ya que de lo contrario el contratante no podrá deducir los pagos por los servicios de subcontratación laboral.

Una vez más las autoridades federales nos pasan la estafeta para fiscalizar a los contribuyentes, ya que con toda esta información que se debe de adjuntar a la contabilidad genera mayor carga administrativa para los contratantes.

C.P.C. Raúl de Jesús Suárez Magaña – Socio de Auren México experto en Auditoría y Fiscal.

L.C.P. Néstor Abraham Martínez Carbajal – Gerente Fiscal Guadalajara 

Auren Guadalajara 

Reforma Fiscal en Estados Unidos 2018

Después de un muy atropellado proceso de aprobación entre los legisladores norteamericanos de las dos principales corrientes políticas, se aprobó una de las reformas fiscales más importantes en los últimos 30 años.

En este boletín haremos un breve resumen de algunas de las más importantes que afectarán a las Corporaciones tanto en su ámbito Nacional como en el Internacional.

 Impuesto Corporativo

1. Se reduce la tasa del impuesto corporativo para quedar finalmente en el 21% en lugar del 35% que se venía aplicando. La tasa aplica a los ejercicios fiscales que inicien a partir del 1 de enero del 2018

2. Se deroga el Impuesto Alterno Mínimo (AMT por sus siglas en inglés). Posibilidad de devolución del impuesto pagado en años anteriores.

3. Se permitirá la deducción inmediata de ciertas inversiones en bienes tangibles y ahora muy pocos intangibles, bajo las siguientes reglas generales:

• 100% para aquellas adquiridas y utilizadas después del 27 de septiembre del 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2022.
• Reducción de 20% para los siguientes ejercicios, de tal manera que se aplicaría el 80%; 60%; 40%; y 20%  para inversiones realizadas en el 2023, 2024, 2026 y 2026 respectivamente.

4. Las pérdidas operativas se ajustan a las siguientes reglas:

• Se limita su amortización hasta un máximo del 80% de la utilidad gravable respecto de las pérdidas generadas a partir del 2018
• Pérdidas del 2017 se podrán amortizar contra utilidades futuras por períodos indefinidos, pero, por regla general, ya no pueden aplicar el denominado “carryback”
5. Limita la deducción de intereses hasta el 30% de la utilidad fiscal ajustada (similar al EBITDA -utilidades antes de intereses, depreciación y amortización-)

6. El denominado “Transition Tax” o impuesto obligatorio aplicable a utilidades retenidas en el extranjero y que se considerarán como repatriadas queda en el 15.5% si se trata de efectivo o equivalentes y en el 8% para los demás casos. Este impuesto se pagará durante los próximos 8 años (tasa del 8% en cada uno de los primeros cinco años).

7. Deducción de 100% de los dividendos recibidos de corporaciones extranjeras y cuando se trata de empresas del Grupo. El porcentaje varía respecto al año pasado cuando se tienen tenencias accionarias distintas por debajo del 100%

8. Sociedades de personas o empresas de socio único, que reciban ingresos que califiquen en la categoría de ingresos empresariales bajo las reglas de la nueva norma se sujetarían a una tasa máxima del 29.6% en lugar de las aplicables en el capítulo de individuos 

9. Se introduce un impuesto para atacar la erosión de la base fiscal o anti-abuso (BEAT) el cual se determina sobre la aplicación de un 10% sobre la “base gravable modificada”. Los ajustes a la base parecen estar dirigidos a pagos de regalías e intereses (entre otros) pagados a partes relacionadas. 

Como se puede apreciar, la versión final de la reforma fiscal tuvo cambios significativos respecto a las versiones originales que se fueron discutiendo durante el año, sin embargo, las modificaciones aprobadas son muy extensas y complejas por lo que se deben analizar con mucho cuidado.

Por su extensión y relevancia, las reformas en materia de personas físicas se abordara en un boletín adicional. 

Lic. Miguel Rodríguez – Socio de Auren Mexico experto en Precios de Transferencia

Auren Cancún