Derivado de la publicaci\u00f3n de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita en fecha 17 de Octubre de 2012, los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas en el art\u00edculo 17 del cuerpo normativo antes descrito, estar\u00e1n obligados a recabar e integrar diversa informaci\u00f3n e interponer avisos cuando as\u00ed lo dispongan las disposiciones legales o en caso de incumplimiento tendr\u00e1n como consecuencia la imposici\u00f3n de severas multas.<\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, ya que en el art\u00edculo 17 de la Ley com\u00fanmente conocida como Priorpi, se describen 16 diversas actividades que el legislador reconoce como Actividades Vulnerables, es decir los sujetos a los que van dirigidas todas las obligaciones emanadas de dicho cuerpo normativo y, posteriormente dentro de los siguientes art\u00edculos describen una serie de obligaciones a cargo de los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas dentro de las fracciones del propio art\u00edculo 17, sin embargo, es objetivo del presente art\u00edculo \u00fanicamente dilucidar la constitucionalidad del procedimiento de verificaci\u00f3n del correcto cumplimiento de obligaciones con referencia a la integraci\u00f3n de expedientes \u00fanicos de identificaci\u00f3n.<\/p>\n
Si bien es cierto que la propia Ley Priorpi no establece la obligaci\u00f3n explicita de integrar expedientes \u00fanicos de informaci\u00f3n, si establece en su art\u00edculo 18 las primicias b\u00e1sicas de la integraci\u00f3n del expediente de identificaci\u00f3n y, posteriormente en el Acuerdo 09\/2013 publicado en el diario oficial de la federaci\u00f3n el 24 de Julio de 2014, es donde se establecen las reglas espec\u00edficas y caracter\u00edsticas detalladas que deber\u00e1n integrar los expedientes \u00fanicos de identificaci\u00f3n, cuando los gobernados realicen alguna de las 16 actividades que establece el art\u00edculo 17 de la Ley Priorpi.<\/p>\n
Una vez esclarecido el objeto de las revisiones que analizaremos, podremos comenzar a desentra\u00f1ar el procedimiento con el que cuenta la autoridad para efectos de detectar si los gobernados han o no han cumplido correctamente con sus obligaciones, mismo que por supletoriedad nos remite a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en particular al procedimiento de verificaci\u00f3n y posteriormente el procedimiento sancionador que estipula dicha normatividad.<\/p>\n
Es as\u00ed, ya que si se realiza una remisi\u00f3n al art\u00edculo 4 de la Ley Priorpi nos establece que en lo no previsto en la ley se aplicar\u00e1n supletoriamente diversas normatividades, para el caso que nos ata\u00f1e, en la fracci\u00f3n III establece que ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n supletoria la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, as\u00ed como tambi\u00e9n, la propia Ley Priorpi hace una remisi\u00f3n expresa en el art\u00edculo 35, estableciendo que para efectos de realizar las verificaciones y la imposici\u00f3n de infracciones se sujetar\u00e1 a lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, quedando claro que se apegar\u00e1 al procedimiento de verificaci\u00f3n que establece dicha ley, sin existir procedimiento especial para la verificaci\u00f3n de las obligaciones nacidas de las actividades vulnerables.<\/p>\n
Ahora bien, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su Cap\u00edtulo Decimo Primero denominado \u201cDE LAS VISITAS DE VERIFICACI\u00d3N\u201d iniciando en el art\u00edculo 62, establece las reglas espec\u00edficas del \u201ccomo\u201d se llevar\u00e1n a cabo las visitas de verificaci\u00f3n manifestando medularmente que las autoridades administrativas podr\u00e1n llevar a cabo visitas de verificaci\u00f3n que podr\u00e1n ser ordinarias o extraordinarias, a su vez, en aras de proteger los derechos humanos de los gobernados establece que los verificadores deber\u00e1n identificarse previo a la realizaci\u00f3n de la verificaci\u00f3n, as\u00ed como, deber\u00e1n de exhibir una orden de verificaci\u00f3n que contenga la informaci\u00f3n necesaria para poder realizar el acto de molestia.<\/p>\n
Posteriormente, en su art\u00edculo 68 del mismo cap\u00edtulo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que los gobernados contar\u00e1n con un plazo de 5 d\u00edas h\u00e1biles para formular observaciones y ofrecer pruebas en relaci\u00f3n a los hechos consignados en el acta de verificaci\u00f3n realizada, entendi\u00e9ndose esta etapa como el derecho de audiencia previo a la imputaci\u00f3n formal de una supuesta infracci\u00f3n cometida, es decir, previo a que se d\u00e9 inicio al procedimiento sancionador y que se otorgue dentro de ese procedimiento el plazo de 15 d\u00edas para desvirtuar las imputaciones fincadas en su contra, el gobernado cuenta con el plazo de 5 d\u00edas del procedimiento de verificaci\u00f3n para aportar las pruebas que crea pertinentes.<\/p>\n
En ese orden de ideas, es de suma importancia que se clarifique la diferencia del plazo de 15 d\u00edas para desvirtuar dentro del procedimiento sancionador y el plazo de 5 d\u00edas posteriores al acta de verificaci\u00f3n, y la diferencia resulta ser muy simple, ya que en el plazo del procedimiento sancionador existe una imputaci\u00f3n formal de una conducta tipificada como ilegal, mientras que en la verificaci\u00f3n \u00fanicamente se establecen los hechos u omisiones derivados de la verificaci\u00f3n, por lo que, en uno el desvirtuamiento tendr\u00eda como objetivo demostrar las razones jur\u00eddicas y de hecho del porque el gobernado no se encuentra dentro de las hip\u00f3tesis infraccionadas \u2013claramente el sancionador-, mientras que en el otro el gobernado aportara y manifestar\u00e1 lo que a su derecho convenga con relaci\u00f3n a los hechos u omisiones manifestados, esto porque no existe ninguna imputaci\u00f3n formal de una conducta infraccionada, por lo que, conforme a lo manifestado en la propia Ley el gobernado aportara las pruebas y observaciones que crea pertinentes para efectos de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones legales. <\/p>\n
Una vez clarificado lo anterior, podremos concluir que el gobernado al contar con un plazo de 5 d\u00edas posteriores al levantamiento del acta de verificaci\u00f3n, podr\u00e1 en ese plazo aportar y demostrar que todo lo que se ha verificado esta realizado conforme a las disposiciones legales aplicables y la autoridad, deber\u00e1 otorgarle pleno valor probatorio a las pruebas aportadas en ese plazo, siendo que debe de tener el mismo valor probatorio lo que se aporte durante la verificaci\u00f3n as\u00ed como las pruebas que se entreguen en el plazo otorgado con posterioridad, esto en virtud de que como ya se expuso en l\u00edneas anteriores, el gobernado est\u00e1 sujeto a una verificaci\u00f3n y la propia ley establece un plazo para aportar lo que a derecho convenga en relaci\u00f3n a la verificaci\u00f3n, ya que no existe ninguna imputaci\u00f3n formal en contra del gobernado.<\/p>\n
Siendo que derivado de las disposiciones analizadas el gobernado tiene el derecho de aportar las probanzas que crea convenientes durante la verificaci\u00f3n, as\u00ed como en los 5 d\u00edas posteriores a ella, es claro que, la autoridad deber\u00e1 valorar las pruebas aportadas de la misma forma sin importar en qu\u00e9 momento se aportaron, ya que considerarlo de otra manera ser\u00eda contravenir la propia disposici\u00f3n normativa y el derecho humano de audiencia, as\u00ed como el del debido proceso. <\/p>\n
Ahora bien, esclarecida la diferencia de los diversos plazos con los que cuenta el contribuyente para la aportaci\u00f3n de pruebas y el valor probatorio que deben de tener las mismas, podremos ahora remitirnos a la interpretaci\u00f3n que realiza la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la jurisprudencia VIII-J-SS-41 en donde manifiesta que si el gobernado entrega los expedientes \u00fanicos de identificaci\u00f3n posteriormente al levantamiento del acta de verificaci\u00f3n, no se tiene la certeza de que el gobernado los haya integrado en el momento de la realizaci\u00f3n de la actividad vulnerable. <\/p>\n
Por lo que, podremos concluir que el juzgador pretende dar un valor probatorio distinto a los expedientes de identificaci\u00f3n que se aporten en la visita de verificaci\u00f3n y los expedientes que se aporten con posterioridad, entendi\u00e9ndose inmerso en la posterioridad, el plazo de 5 d\u00edas siguientes al levantamiento del acta de verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Es claro, que el juzgador realiza una interpretaci\u00f3n contraviniendo la propia legislaci\u00f3n, as\u00ed como el art\u00edculo 14 Constitucional en relaci\u00f3n al derecho humano de la audiencia previo a la imputaci\u00f3n de una conducta ilegal, siendo que el juzgador sin manifestar de manera frontal y explicita que las pruebas aportadas dentro del plazo de 5 d\u00edas no tienen valor probatorio, si manifiesta que no otorgan certeza jur\u00eddica de que se integr\u00f3 el expediente al momento de la realizaci\u00f3n de la actividad vulnerable, por lo que, materialmente est\u00e1 privando al gobernado del derecho de aportar las probanzas en el plazo de 5 d\u00edas en virtud de que no les otorgar\u00e1 el mismo valor probatorio que si se entregan al momento del levantamiento del acta.<\/p>\n
Es decir, la legislaci\u00f3n aplicable establece que el gobernado cuenta con el plazo de 5 d\u00edas para otorgar las pruebas que crea pertinentes, empero, el juzgador mediante jurisprudencia firme del pleno de Sala Superior interpreta que particularmente los expedientes \u00fanicos de identificaci\u00f3n que sean aportados en dicho plazo y no al momento de la verificaci\u00f3n, no tendr\u00e1n valor probatorio en virtud de que supuestamente no otorgan certeza de que se hayan integrado en el momento de la realizaci\u00f3n de la actividad vulnerable, cuesti\u00f3n que claramente no es m\u00e1s que soslayar un derecho adquirido del gobernado en contravenci\u00f3n a nuestra propia Constituci\u00f3n as\u00ed como los Tratados Internacionales de los que M\u00e9xico es parte, en atenci\u00f3n a que, el que manifieste que no otorgan certeza jur\u00eddica del momento de su integraci\u00f3n no tiene otro objetivo m\u00e1s que hacer nulo el valor probatorio \u00fanicamente por el momento en el que se aportan, por lo que, para efectos pr\u00e1cticos el gobernado no cuenta con su derecho de aportar pruebas en 5 d\u00edas posteriores a la verificaci\u00f3n en atenci\u00f3n a que si aporta los expedientes en dicho plazo, a los expedientes no se les otorgar\u00e1 el mismo valor probatorio que si se aportan en la verificaci\u00f3n.<\/p>\n
Conviene subrayar, que el juzgador en la interpretaci\u00f3n analizada sustenta an\u00e1lisis en raz\u00f3n de que la creaci\u00f3n de la Ley Priorpi fue para efectos de verificar la legal procedencia de los recursos y sus verificaciones deben de ser en el momento, es decir, equipar\u00e1ndolo a la flagrancia, para efectos de lograr verificar un tema de tal naturaleza y sensibilidad, ya que para eso fue creada dicha ley, sin embargo, se apega al procedimiento de verificaci\u00f3n establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, misma que como ya analizamos otorga al gobernado el derecho de aportar pruebas posteriormente al levantamiento del acta de verificaci\u00f3n, y este derecho debe de ser respetado sin importar las disposiciones legales que se pretendan verificar, ya que, si la Ley Priorpi contiene objetivos espec\u00edficos que no son satisfechos con el proceso de verificaci\u00f3n aplicable, deber\u00eda de contener un procedimiento especial que proteja los motivos para lo que fue creada dicha norma, sin embargo, al no existir procedimiento especial claramente el juzgador violenta derechos humanos del gobernado al soslayar un derecho otorgado en ley, al intentar aplicar el procedimiento de una forma especial.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, es clara la violaci\u00f3n constitucional en la interpretaci\u00f3n mediante jurisprudencia que realiza la Sala Superior en virtud de que tratando de justificar su actuar manifiesta que el otorgamiento de los expedientes en momento posterior a la verificaci\u00f3n no otorga certeza al juzgador de que se integraran al momento de la realizaci\u00f3n de la actividad vulnerable, no es m\u00e1s que, privar al gobernado de su derecho de aportar los expedientes en el plazo de 5 d\u00edas reconocido por la ley, en virtud de que carecer\u00e1n de valor probatorio, violentando as\u00ed claramente el derecho de audiencia con el que cuentan los gobernados. <\/p>\n
El\u00edas Eduardo Abasolo El\u00edas <\/strong><\/p>\n Gerente del Area Legal <\/strong><\/p>\n Auren Aguascalientes<\/strong> <\/p>\n \n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Derivado de la publicaci\u00f3n de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita en fecha 17 de Octubre de 2012, los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas en el art\u00edculo 17 del cuerpo normativo antes descrito, estar\u00e1n obligados a recabar e integrar diversa informaci\u00f3n e interponer avisos cuando as\u00ed lo dispongan las disposiciones legales o en caso de incumplimiento tendr\u00e1n como consecuencia la imposici\u00f3n de severas multas.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":4999,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-4998","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n