Rescate de Capital Integrado

Si bien no es frecuente que una Sociedad realice de forma voluntaria una reducción de su Capital Integrado, existen situaciones que motivan a los accionistas a realizar un rescate de capital. Algunas razones podrían ser:

● La Sociedad entiende que es capaz de desarrollar su actividad con menos recursos de los que dispone o dicho de otra manera, le resulta excesivo el patrimonio con el que cuenta.

● A la Sociedad le pueden surgir oportunidades de iniciar nuevos emprendimientos considerando más conveniente apalancar la inversión con fondos propios que surjan del rescate, en lugar de acudir al financiamiento externo.

¿En qué consiste la Reducción de Capital Integrado?

El rescate de capital supone una restitución de los aportes realizados por los accionistas mediante el pago del valor de las acciones que son rescatadas.

Se trata de disminuir el Capital Integrado, reduciendo simultáneamente y en la misma proporción los restantes rubros patrimoniales.

El rescate se realizará en forma proporcional a los porcentajes accionarios para no afectar la participación social. El pago a los accionistas podrá realizarse en cuotas en un plazo máximo de un año a partir de la fecha del rescate.

Una vez que la Asamblea de Accionistas defina el porcentaje a reducir de los rubros patrimoniales que surjan de un balance especial a esa fecha, el rescate de dichos rubros deberá realizarse al Valor Patrimonial Proporcional (VPP).

Hay que tener presente que si una vez realizado el rescate, el Capital Integrado quedara disminuido a menos del 25% del Capital Autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 290 de la Ley 16.060, deberá realizarse una reforma de Estatutos disminuyendo dicho Capital Contractual para adecuarse a los mínimos de integración previstos por Ley.

¿Cuáles son los requisitos para la Reducción de Capital Integrado?

1- Informe del órgano de Control Interno: De existir Síndico o Comisión Fiscal, deberán presentar un informe fundado con la resolución. En caso contrario se resolverá mediante Asamblea de Accionistas.

2- Confección de un Balance Especial: Se realizará previo a la resolución del recate. Del análisis del mismo la Asamblea definirá no sólo la proporción de los rubros patrimoniales a ser rescatados sino también el valor de las acciones que se rescatan.

3- Protección de los Acreedores: Es obligatorio previo al rescate realizar publicaciones por 10 días informando a los acreedores sobre la reducción de Capital. Al verse disminuido el patrimonio social que tienen como garantía de sus créditos, se les otorga el plazo de 30 días desde la última publicación para que éstos manifiesten su oposición.

4- Comunicación a la AIN: A partir del día inmediato siguiente al que finaliza la fecha para la oposición de acreedores, existe un plazo de 60 días para comunicar la reducción de Capital.

Si se realiza simultáneamente la reducción de Capital Contractual el plazo para comunicar la reforma de Estatutos, se reduce a 30 días.

Se expondrá mediante Certificado Contable la situación patrimonial previa y posterior al rescate, puesto que ya no es obligatoria la presentación del balance especial.

Independientemente del atractivo que supone la restitución de capital, deberá también evaluarse el impacto fiscal asociado al rescate. Este dependerá no sólo de la estructura patrimonial de cada sociedad sino también de sus accionistas, debiendo analizarse cada caso particular según se trate de personas físicas o jurídicas, residentes o no.

De este análisis surgirá la conveniencia de realizar el rescate de manera que suponga un verdadero beneficio para los accionistas.

florencia.matonti@mvd.auren.com

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ética y ejercicio profesional

Hoy en día las exigencias sociales a nivel profesional son cada vez mayores y varían según los individuos y el entorno en que los mismos ejercen su actividad.

En todas las profesiones podemos encontrar lineamientos de conducta “ideales” para llevar a cabo nuestro encargo, pero en lo que refiere a Profesionales de la Contabilidad, la IFAC (Federación Internacional de Contadores – en inglés), ha desarrollado y emitido un Código de Ética con la finalidad de fortalecer la profesión en el mundo y colaborar con el desarrollo de economías internacionales.

Más específicamente en Uruguay, ha sido el CCEAU (Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay) el que recoge los principios y valores fundamentales en el desempeño de la profesión, siendo los mismos:

Integridad: Las actividades desarrolladas en el ejercicio de la profesión deben ser conducidas con franqueza, lealtad y equidad.

Objetividad: El profesional dejará de lado prejuicios, conflictos de intereses e influencia indebida de terceros al momento de emitir juicios profesionales o empresariales.

Independencia de criterio: El profesional denerá mantenerse al margen de influencias o amenazas que compromentan su juicio. Este principio se relaciona con los dos anteriores, integridad y objetividad.

Transparencia: sobre la honestidad. Las decisiones y conclusiones Proceder de forma clara evitando sospechas deben documentarse adecuadamente.

Profesionalidad/Competencia: Preocupación constante por actualización de conocimientos y prácticas. El profesional deberá abstenerse de prestar servicios en aquellas áreas que no le competen o donde no posee la experiencia adecuada para lograr un trabajo de calidad.

Confidencialidad: Preservar la privacidad de la información obtenida en la relación profesional/ empresarial. No revelar la misma a terceros sin autorización del cliente, salvo que exista un derecho o deber legal/profesional de revelarla, sin hacer uso de la misma en beneficio propio o de un tercero.

Legalidad: Cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Responsabilidad: El profesional se hará cargo frente a quienes se puedan ver afectados por su accionar o por las acciones de terceros que actúen en su nombre.

Respeto por las personas: Se tendrá en cuenta la vida personal y profesional de los seres humanos, teniendo siempre presentes los principios éticos. Se debe considerar el punto de vista de los demás independientemente que se compartan o no, sobre todo de colegas y ayudantes.

Compromiso social: Todo profesional intentará que sus acciones aporten al desarrollo de la sociedad y el medio ambiente. Es un compromiso con la comunidad, sus problemas y carencias, más allá de los objetivos personales y profesionales.

Normas de conducta para el ejercicio profesional:

En la actualidad ninguna norma exige a los Profesionales egresados de Ciencias Económicas el cumplimiento o adhesión a los principios impartidos por el CCEAU. La matriculación en el mismo es voluntaria y su cometido es orientar al profesional.

No obstante, ningún profesional debería realizar actividades o negocios que puedan dañar su integridad y prestigio. Adoptar estos principios es fundamental para presevar e incrementar este último.

Se deberá prestar asesoría con debida diligencia y abstenerse de actuar en cuestiones para las que no se esté debidamente capacitado.

sofia.scarenzio@mvd.auren.com

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Impuesto al Patrimonio Agropecuario de las Personas Físicas

Continuando con el análisis del Impuesto al Patrimonio (IP) sobre las Personas Físicas (PF), núcleos familiares (NF) y sucesiones indivisas (SI), que vence en mayo próximo, comentaremos en esta oportunidad la tributación que recae sobre el patrimonio afectado indirectamente a explotaciones agropecuarias. Entendiendo por indirectamente cuando el titular no realiza por sí la explotación agropecuaria, sino que esta es desarrollada por un tercero.

  • Como vimos, en entregas anteriores, por el patrimonio que no está afectado a la actividad agropecuaria las PF, NF y SI tributan el impuestos sobre el excedente del Mínimo no Imponible (MNI). Para el 31/12/16 es de $ 3.638.000 para las PF y SI, y de $ 7.276.000 para NF. Al patrimonio gravado se le aplicarán tasas progresionales.
  • Ahora bien, la liquidación del IP sobre el patrimonio afectado indirectamente a la actividad agropecuaria tiene una forma de liquidación independiente al resto del patrimonio personal, no aplicándose el MNI y tasas progresionales mencionadas.
  • En primer lugar, si bien no se aplica un MNI para el patrimonio agropecuario, existe una exoneración. En efecto, de acuerdo al artículo 38 del Titulo 14 el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias estará exento siempre y cuando el valor de los correspondientes activos no supere las 12.000.000 unidades indexadas (UI).
  • A estos efectos se consideran como activos exclusivamente la suma de:
  • -El valor de los inmuebles rurales propiedad del contribuyente ( valor de catastro a 2012 reajustado por el índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura)
  • -El valor de los bienes muebles y semovientes valuado por el 40% del valor de los inmuebles rurales. Este valor deberá ser computado tanto por el propietario, como por quienes realicen la explotación y no sean propietarios.
  • Por lo tanto, a la hora de determinar si corresponde o no la exoneración, solamente se tendrá en cuenta la valuación de los inmuebles rurales incrementados en un 40%. En caso de que no corresponda, el impuesto se liquida sobre el total del patrimonio y no sobre el excedente.
  • En los casos en que los titulares de los activos afectados a explotaciones agropecuarias conformen una unidad económica administrativa (UEA), se considerará a efectos de la exoneración la suma de los inmuebles rurales de la UEA. Es decir, la exoneración no dependerá de los inmuebles rurales del que se sea titular el contribuyente del IP, sino que dependerá de todos los inmuebles rurales que sean titulares los integrantes de la UEA.
  • En segundo lugar, el patrimonio agropecuario determinado fiscalmente estará gravado a la tasa del 0,75% si sus activos individuales valuados de acuerdo a lo visto precedentemente no supera las 30.000.000 de UI y a la tasa del 1,5% si supera este monto.
  • En tercer lugar, el patrimonio afectado a actividad agropecuaria puede estar alcanzado por una sobretasa creada por la Ley Nº 19.088. Dicha sobretasa aplica en los casos de que los activos valuados de acuerdo a lo visto precedentemente excedan las 30.000.000 UI. La tasa aplicable varía entre 1% y 1.5% en función del valor de los activos.
  • Finalmente, quienes posean exclusivamente patrimonio afectado indirectamente a la actividad agropecuaria y el monto total de los activos valuados de acuerdo a lo visto precedentemente no supere las 6.000.000 UI no estarán obligados a presentar declaración jurada.

elizeth.ligorio@mvd.auren.com

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Más control, más rentabilidad.

Todas las empresas, con independencia de su tamaño o su giro, se preocupan por mantener cierto nivel de rentabilidad o aumentarlo. La realidad es que todos quieren ganar más.

En principio se puede creer que hay dos formas de alcanzar dicho objetivo: aumentar los ingresos (aumentar las cantidades vendidas o los precios) y disminuir los gastos.

Si bien esto es cierto, no siempre es fácil. Hay elementos que vienen dados por el mercado donde se actúa que no se pueden modificar. Por ejemplo, un aumento en el precio del bien vendido puede traer como resultado una caída en la demanda, que afecta las cantidades vendidas, y en consecuencia no genera un incremento en los ingresos.

Sin embargo, hay un tercer mecanismo para incrementar la rentabilidad de una empresa: actuar sobre sus controles. De esta forma se puede lograr ser más eficiente en la realización de operaciones y se puede minimizar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

En nuestro país existe una gran cantidad de empresas – pequeñas y medianas – caracterizadas por la ausencia de controles, basadas en “la confianza”, aunque esto no es una característica exclusiva de esas empresas.

¿Qué sucede en esas empresas? A voluntad – o no – de uno o alguno de sus miembros se producen operaciones que la perjudican económicamente; muchos de los cuales se podrían haber evitado si la empresa contara con los controles adecuados.

¿Cuáles son estos hechos?: productos que salen de la empresa sin representar ventas para la empresa, ventas que no son cobradas por la empresa (menos ingresos), gastos que no son necesarios para la operativa, salidas de fondos para gastos no vinculados a la empresa (más gastos).

Así se cumple la ecuación:

+ gastos – ingresos = – rentabilidad

Entonces, las empresas necesitan tomar conciencia que el “gasto” necesario para implementar controles eficaces y eficientes, no es un gasto sino una inversión, que le permitirá ganar más dinero (disminuyendo gastos o incrementando ingresos o una combinación de ambos)

Para determinar cuáles son los controles necesarios e implementarlos, las empresas podrán hacerlo con personal interno o tercerizando el servicio.

Los controles a implementar, dependen de cada empresa, de cuales sean sus objetivos y de cuales sean los riesgos que se identifiquen.

¿Pero es suficiente tener controles? No. Además de determinar e implementar los controles, se deben desarrollar procedimientos que aseguren el adecuado funcionamiento de los controles y el cumplimiento de sus objetivos.

Así las empresas verán el cumplimiento de la ecuación:

+ controles = + rentabilidad

andrea.beltran@mvd.auren.com

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impuesto al patrimonio de personas físicas al 31 de diciembre

  • En mayo vence la presentar la Declaración Jurada anual del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) por el año 2016. Por tal motivo repasaremos los principales aspectos a tener en cuenta en la confección de la liquidación.
  • Fecha de determinación

Las personas físicas y núcleos familiares (cónyuges que vivan conjuntamente al 31 de diciembre) deberán determinar su patrimonio al 31 de diciembre.

  • Las sucesiones indivisas se verán alcanzadas siempre que al 31 de diciembre no se halle ejecutoriado el auto de declaratoria de herederos.

Patrimonio Fiscal

El patrimonio se determina por la diferencia de activos y pasivos fiscalmente ajustados.

  • El activo comprende todos los bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República.

En relación al pasivo solamente se admite deducir el promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con:

  • Banco públicos y privados
  • Casas Financieras
  • Cooperativas de Ahorro y Crédito
  • Empresas cuya actividad principal sea administrar créditos (tarjetas de crédito)
  • Fondos de inversión cerrados de crédito
  • Los fideicomisos con excepción de los de garantía

Cuando existen activos en el exterior, activos exentos, bienes excluidos y bienes no computables de cualquier origen y naturaleza, se computará como pasivo el importe que exceda el valor de dichos activos.

Se estará alcanzado por el impuesto siempre que el patrimonio fiscal supere el Mínimo No Imponible (MNI). El monto para el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 asciende a $ 3.638.000, en el caso de núcleos familiares el monto se duplica quedando en $ 7.276.000.

El patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias se liquidará en forma independiente al resto del patrimonio personal.

Valuación de activos

A continuación repasamos los criterios de valuación fiscal aplicable a los activos más relevantes:

  • Inmuebles: Valor real de catastro. Al inmueble destinado a casa-habitación del sujeto pasivo se le deducirá el 50%, con un tope equivalente al mínimo no imponible correspondiente.
  • Si el inmueble está arrendado se computarán por un valor equivalente a quince veces el monto de arrendamiento anual; el valor fiscal de estos inmuebles no podrá superar el valor real de catastro.
  • Ajuar y muebles de la casa habitación: se incluirá en el activo el 10% del monto de los bienes gravados y exentos computables para el ajuar, deducido el pasivo admitido. Sobre el monto que exceda el doble del mínimo no imponible correspondiente, se aplicará un porcentaje del 20%. Se declaran comprendidos en este valor ficto las obras de arte, colecciones, documentos, repositorios y libros.
  • Vehículos automotores: valor por el que debió pagarse la patente de rodados del año, multiplicada por el factor 25.
  • Créditos a cobrar: saldos a cobrar al 31 de diciembre.

Activos exentos relevantes

No se computarán en el activo los títulos de Deuda Pública, Nacional o Municipal, valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, por el Banco Central del Uruguay, Bonos y Letras de Tesorería, acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo y participaciones en el patrimonio de los sujetos pasivos de IRAE (salvo algunas excepciones).

Los depósitos en instituciones bancarias o cajas populares cuyos titulares sean personas físicas, pero deben computar para la determinación del ficto del valor del ajuar y muebles de la casa-habitación.

Tasas

Las tasas aplicables son progresionales. En el caso de no residentes que no tributen IRNR van desde el 0.7% al 1.5%, para el resto de los contribuyentes van desde 0.6% hasta el 0.9%, aplicables al monto que exceda el MNI correspondiente.

elizeth.ligorio@mvd.auren.com

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proyectos de Inversión: beneficio potencial y aprovechamiento efectivo

En otras ocasiones hemos analizado en este espacio los beneficios fiscales que pueden obtener las empresas que presenten Proyectos de Inversión ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), al amparo del Decreto N° 2 de 2012.

En esta oportunidad nos centraremos en la exoneración en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y la capacidad de las empresas de capitalizar este beneficio.

Los Proyectos de Inversión son analizados mediante una Matriz de Indicadores, que evalúa la capacidad de la empresa de comprometerse con alguno de los siguientes objetivos:

  • generación de empleo de calidad;
  • aumento de exportaciones;
  • descentralización geográfica;
  • invertir para producir de forma más limpia (P+L) o en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i);
  • otros objetivos específicos en función del sector de actividad.

Exoneración de IRAE

En función de los compromisos que asuma la empresa en uno o más indicadores, y considerando el nivel de inversión destinada al Proyecto, se determina el porcentaje de exoneración de IRAE a aplicar sobre la inversión comprometida, con un mínimo del 20% de exoneración y hasta un 100% de la inversión.

Esta exoneración constituye una suerte de “cheque” que podrá imputarse únicamente al pago del IRAE, considerando asimismo algunas condiciones particulares:

–el plazo máximo para el aprovechamiento de esta exoneración, que surge de la Matriz de Indicadores, con un mínimo de tres años (aumenta en caso se trate de una empresa nueva). A mayor porcentaje de exoneración sobre la inversión mayor plazo:

%

Plazo

En “marcha”

Nueva

20%

3 años

4 años

25%

3 años

5 años

30%

4 años

6 años

35%

5 años

7 años

40%

5 años

8 años

50%

7 años

10 años

60%

8 años

12 años

70%

9 años

14 años

(*) Ejemplo para un Proyecto de USD 2 millones de inversión.

–el IRAE de cada uno de estos años, dado que podrá descontarse hasta el 60% del impuesto en cada ejercicio económico.

Entonces, es posible que la empresa obtenga una exoneración expresada como porcentaje a aplicar sobre la inversión comprometida (beneficio potencial), que no pueda luego absorber totalmente, porque no se generen resultados fiscales suficientes durante el plazo máximo concedido para el aprovechamiento de la exoneración (aprovechamiento efectivo).

Esta situación obliga a analizar conjuntamente tres variables: inversión, compromisos a asumir y resultados fiscales proyectados, siendo este último junto con el plazo de aprovechamiento los que determinarán la exoneración efectiva en el IRAE.

Entonces, obtener altos porcentajes de exoneración de IRAE no necesariamente es beneficioso para la empresa, dado que implica asumir compromisos exigentes, que tendrán que ser cumplidos aún en caso de no generar resultados fiscales suficientes para captar todo el beneficio.

Otros beneficios fiscales

Además de la exoneración de IRAE existen otras exoneraciones a los Proyectos de Inversión que no dependen de los compromisos asumidos:

exoneración de tasas y tributos a la importación de bienes no competitivos de la industria nacional;

crédito por el IVA asociado a las compras en plaza destinadas a la obra civil;

–exoneración del Impuesto al Patrimonio por 8 años para proyectos en Montevideo y 10 años para los localizados en el interior.

En síntesis, la presentación de un Proyecto de Inversión exige un análisis integral, de la inversión en sí misma y de la situación de la empresa, actual y proyectada en lo que refiere principalmente a la generación de resultados futuros. Éstos determinarán el beneficio económico resultante del Proyecto, y por tanto la rentabilidad del mismo.

veronica.rodriguez@mvd.auren.com

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