El pasado a\u00f1o finaliz\u00f3 con cambios en el \u00e1mbito normativo de la prevenci\u00f3n del lavado de activos. Con fecha 20 de diciembre de 2017, el parlamento aprob\u00f3 la Ley N\u00ba 19.574 denominada \u201cLey integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u201d (en adelante la \u201cLey\u201d).<\/p>\n
Como su nombre lo anticipa, uno de los objetivos principales de la Ley, fue recopilar en un mismo documento, la normativa referida a la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo existente en nuestro pa\u00eds. Anteriormente, para poder estar informados y actualizados, los diferentes interesados deb\u00edan indagar en varias leyes, decretos, rendiciones de cuentas y dem\u00e1s.<\/p>\n
Adem\u00e1s de basarse en normativa vigente, la Ley incorpor\u00f3 algunas modificaciones significativas. A continuaci\u00f3n detallaremos los cambios que consideramos m\u00e1s trascendentes:<\/p>\n
– Creaci\u00f3n de la \u201cComisi\u00f3n Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo\u201d, la cual depender\u00e1 de la Presidencia de la Rep\u00fablica. Dentro de sus cometidos, resaltamos la implementaci\u00f3n y desarrollo de una red de informaci\u00f3n, nutrida en gran medida por la colaboraci\u00f3n de diferentes organismos p\u00fablicos. La referida Comisi\u00f3n, seg\u00fan lo establece la Ley, podr\u00e1 aplicar contramedidas financieras y sanciones a pa\u00edses considerados con riego elevado en el lavado de activos, de acuerdo a las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
– A los sujetos obligados fuera del sector financiero establecidos en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley N\u00ba 17.835 y en la redacci\u00f3n dada por el art\u00edculo 50 de la N\u00ba Ley19.355 (casinos, inmobiliarias, rematadores, personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas dedicadas a la compra y venta de antig\u00fcedades, explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentaci\u00f3n, entre otros) se le suman los escribanos, abogados y contadores.<\/p>\n
– Consideraci\u00f3n de la defraudaci\u00f3n tributaria, como una actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos, cuando el monto de el o los tributos defraudados, en el ejercicio fiscal, superen los 2.500.000 UI \u2013 equivalente aprox. a USD 325.000 (para aquellos ejercicios iniciados a partir del 1\u00ba de enero de 2018) y los 1.000.000 UI \u2013 equivalente aprox. a USD\u00a0130.000 (para los ejercicios iniciados a partir del 1\u00ba de enero de 2019).<\/p>\n
En referencia a las primeras dos profesiones nuevas de sujetos obligados (escribanos y abogados) las obligaciones se reducen a una serie de operaciones detalladas en el art\u00edculo 13, literal c y d de la Ley, cuando los profesionales act\u00faen a nombre y por cuenta de sus clientes, no incluyendo el asesoramiento a los mismos, cualquiera sea tu tipo.<\/p>\n
Con respecto a los contadores, la obligaci\u00f3n de reportar situaciones sospechosas, comprende tanto las operaciones referidas anteriormente de los abogados y escribanos, como aquellas que resultasen de la confecci\u00f3n de informes de revisi\u00f3n limitada y auditor\u00eda de estados financieros.<\/p>\n
A similitud de los abogados y escribanos, los contadores no se encuentran obligados a informar aquellas transacciones inusuales resultantes del asesoramiento brindado a sus clientes.<\/p>\n
Tanto los nuevos sujetos obligados, como la inclusi\u00f3n del delito tributario como precedente del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, generan un impacto muy importante en el que hacer de los profesionales mencionados.<\/p>\n
Con estos cambios nuestro pa\u00eds incorpora las \u00faltimas recomendaciones del GAFI. Otras podr\u00e1n surgir luego de su evaluaci\u00f3n en el 2019.<\/p>\n
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