Mucho se ha hablado sobre la obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de titulares de participaciones patrimoniales al portador y mucha incertidumbre se ha generado al respecto y seguramente se seguir\u00e1 generando.<\/p>\n
Se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley en el cual se pretende que las sociedades que se encuentran inactivas desaparezcan de los registros de DGI, BPS y de Direcci\u00f3n General de Registros.<\/p>\n
Se estima que luego del 31 de mayo de 2013, vencimiento del plazo para la identificaci\u00f3n de los titulares de participaciones patrimoniales al portador han quedado sociedades y sobre todo S.A con acciones al portador que no han realizado la comunicaci\u00f3n al BCU, ni han nominado sus acciones, por lo cual se las ha considerado sociedades inactivas.<\/p>\n
En la pr\u00e1ctica DGI ha clausurado de oficio a todas aquellas sociedades que no han cumplido con sus obligaciones tributarias (presentaci\u00f3n de declaraciones juradas y pagos de ICOSA), pero \u00e9sta clausura es solo a nivel administrativo.<\/p>\n
Con el proyecto de ley presentado se pretende que todas aquellas sociedades en las cuales sus accionistas no demuestren inter\u00e9s en cumplir con las obligaciones fiscales tiendan a desaparecer y se realice una depuraci\u00f3n que pretende resolver la inactividad de muchas de las Sociedades An\u00f3nimas existentes en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Se establecen b\u00e1sicamente dos soluciones para implementar la depuraci\u00f3n:<\/p>\n
1. Sociedades que no identifiquen al menos el 50% del capital integrado quedar\u00e1n disueltas de pleno derecho.<\/p>\n
2. Los titulares que no cumplan con la obligaci\u00f3n de identificarse perder\u00e1n la calidad de titulares de pleno derecho. Procediendo la sociedad a liquidar su cuota parte.<\/p>\n
Las sociedades omisas pueden optar por realizar la comunicaci\u00f3n dentro del plazo de 90 d\u00edas previsto por el proyecto, pero no se los libera de las sanciones previstas por la ley 18.930, por la obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n previa.<\/p>\n
Transcurrido ese plazo inicial, las sociedades disueltas de pleno derecho tendr\u00e1n 120 d\u00edas para su liquidaci\u00f3n, procediendo a extinguir el pasivo, distribuir el activo, destruir las acciones y comunicar la clausura ante DGI y BPS.<\/p>\n
DGI comunicar\u00e1 directamente a la Direcci\u00f3n General de Registros la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad, para que \u00e9ste \u00faltimo proceda con la extinci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica.<\/p>\n
Si no acredita la extinci\u00f3n del pasivo y adjudicaci\u00f3n de activo, la sociedad ser\u00e1 pasible de una multa del 50% del valor de sus bienes.<\/p>\n
En aquellos casos en que no se pueda obtener el consentimiento de los accionistas para la liquidaci\u00f3n de la sociedad se faculta a los administradores de las sociedades para que puedan proceder a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la misma.<\/p>\n
Lo importante de este proyecto es que se prev\u00e9 la posibilidad de extinguir la personer\u00eda jur\u00eddica en el Registro de Comercio prescindiendo del requisito de certificado especial; \u00e9sto sin perjuicio de que la responsabilidad tributaria pueda corresponder y que cada organismo proceder\u00e1 al cobro cuando corresponda.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se prev\u00e9 que luego del plazo establecido por el proyecto las entidades que pretendan regularizar su situaci\u00f3n ante el BCU lo hagan solo por el 100% de la titularidad de las participaciones.<\/p>\n
Asimismo se pretende responsabilizar a los socios fundadores o antecesores cuando los titulares de las participaciones no cumplan con la comunicaci\u00f3n de su titularidad al BCU.<\/p>\n
Lo que se pretende con este proyecto es que no queden participaciones al portador sin identificar, pudiendo as\u00ed efectuar mejores controles en materia tributaria, comercial, registral y sobre todo en tema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
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