Para que una empresa esté adecuadamente protegida de los posibles riesgos penales que pueden afectarla, no basta con implementar un programa de integridad en los términos de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que sólo previene un acotado número de hechos de corrupción, sino que debe atender al amplio abanico de delitos corporativos (lavado de dinero, fraudes, delitos marcarios, fiscales, cambiarios, ciberdelitos, etc.), en función de los estándares internacionales y las legislaciones de los países con los que opera.

Claudio Lamela – Socio de Legales, especialista en Compliance

Auren Buenos Aires