Son indudables los avances que en los últimos 10 años se han conseguido en materia de transparencia económica de las Administraciones Públicas. La demanda de la ciudadanía de una mayor transparencia como un valor transversal y esencial en una sociedad democrática fue acogida en el año 2013 por el legislador con la aprobación de la Ley de transparencia de las Administraciones Públicas.

La transparencia refuerza la credibilidad de las Administraciones y legítima con más fuerza su acción pública. No obstante, este progreso y sensibilidad hacia la transparencia de la Administración no ha sufrido el mismo mimetismo legislativo en las organizaciones y partidos políticos, financiados mayoritariamente con recursos públicos.

El ordenamiento jurídico actual regula el régimen de fiscalización y control, sin la imposición expresa de someter a auditoría sus cuentas anuales, sometiéndolos en exclusiva al control del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo. Sin embargo, este régimen de fiscalización no da respuesta a una de las características básicas que debe tener la información económico-financiera: la oportunidad, entendida como la necesidad que los usuarios, en este caso los ciudadanos, dispongan de la información en un tiempo adecuado y suficientemente corto para que les sea de utilidad. La actual regulación nos lleva a una situación en que el último informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos va referido a las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Ante esta situación, sólo uno de los cuatro partidos políticos con mayor representación en las Cortes somete y publica de manera voluntaria a auditoría sus cuentas anuales. Como contrapunto a esto, todos los partidos con representación en el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte someten sus cuentas anuales a auditoría de cuentas, son publicadas y puestas a disposición de los ciudadanos, toda vez que su financiación es mayoritariamente privada en contraste con la financiación de partidos políticos de España que procede de las arcas públicas.

Los partidos políticos, tienen una magnifica oportunidad de definir y posicionarse como quieren seducir a la ciudadanía y como quieren que esta los perciba no sólo a través de sus programas y proyectos sino también necesariamente través de la calidad y el alcance de la información financiera. La actividad de auditoría de cuentas debe ser un instrumento imprescindible para relegitimar la actividad política y devolverle el crédito que merece. 

Miquel Francesc Gelabert Morro, Socio de Auditoría de Auren