Después de haber llevado a cabo las elecciones presidenciales y en donde también se renovaron más de 18 mil cargos públicos a nivel federal y local, nos encontramos atravesando los cinco meses que dura la transición presidencial. Durante este periodo, el gobierno entrante y que tomará posesión el próximo diciembre comienza a presentar sus principales objetivos y políticas en materia económica, así como sus estrategias sociales, de seguridad y en materia de anticorrupción para abatir los rezagos y problemas actuales de México. Dicho gobierno, comenzó a dar muestra de lo que será “una nueva forma de conducción y actuar de la administración pública” a través de la publicación de los “Cincuenta puntos para la austeridad y contra la corrupción” en los cuales se mencionan algunos aspecto como: “No habrá adquisiciones para funcionarios”; “No habrá más de cinco asesores por secretaría en el Gobierno Federal”; “Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas…”; “Se cuidarán los bienes de las oficinas de servidores públicos…”, entre otros.
Si bien los puntos anteriores resultan atractivos y tangibles desde el punto de vista ciudadano al representar menos privilegios, salarios y compensaciones para la burocracia del país, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Estas medidas tendrán como resultado un gobierno más eficaz? ¿La provisión de servicios públicos por parte del Gobierno Federal será más eficiente y con mayor calidad? Las respuestas las podemos encontrar no solo en la optimización administrativa o de gasto que se pretende realizar, sino en la gestión de las operaciones y procesos del propio sector público; es decir, las actividades que realiza la administración pública están diseñadas para llevarse a cabo con eficiencia y eficacia y generar el mayor valor posible a los ciudadanos. Sin una reflexión y análisis profundo sobre lo anterior podríamos enfrentarnos a “un gobierno más barato” sin que eso se traduzca en una mejora sustantiva en la provisión de servicios y una mejor atención a las necesidades de los ciudadanos.
Para lo anterior, la administración pública y sus servidores públicos deben hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de mi actividad? ¿Qué productos o servicios se realizan?, ¿Cómo se hacen?, ¿Quién los hace?, ¿Cuáles son los requerimientos del ciudadano (cliente)? Hacerse estas preguntas es poner en el centro de las operaciones y actividades al ciudadano y velar continuamente por su satisfacción. Sin una reflexión como esta existe el riesgo de llevar a cabo cambios administrativos y presupuestales sin que se logre un impacto en la mejora en la provisión de servicios públicos.
Auren Bajío ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de reingeniería organizacional y de procesos, así como en el diseño y optimización de la estructura operativa en distintas dependencias del sector público, logrando en cada proyecto una reducción de los costos internos innecesarios (actividades que no agregan valor), acortar los tiempos de ciclo (mayor rapidez en la entrega de productos o servicios públicos) e incrementar la calidad y valor percibido por los ciudadanos a través de la mejora continua. Con lo anterior, mediante un cambio combinado a nivel administrativo y operativo se podría lograr un mayor enfoque de calidad y entrega de valor agregado en los productos y servicios públicos al ciudadano.
Luis Mayorga Muñiz
Socio de Sector Público – Oficina Auren Léon
Luis Ángel Pérez Gómez
Gerente de Proyectos – Oficina Auren Léon