El rol del Estado junto al Sector Privado

Hace dos años nada más, el país entero enfrentaba las consecuencias causadas por una fuerte sequía. Productores, inversores, gobernantes y todo aquel que tuviera algo que ver con “El Campo” no hacía otra cosa que, frente a la inminencia del problema ya instalado, analizar posibles salidas y a la misma vez, buscar alternativas para estar mejor preparados frente a una posible futura nueva sequía.

¿Qué pasó desde entonces? No mucho, si bien las autoridades de turno plantearon el problema con un alto nivel de prioridad en el debe quedaron varias acciones por ejecutarse.

Desde el sector privado, es cierto que se ha empezado a tomar la alternativa “riego” con la importancia que la misma merece, pero son muy pocos los casos en que esa inquietud  termina en un sistema instalado y funcionando.

Por otro lado, tampoco El Estado ha hecho mucho en pro de esta situación. Sería lógico pensar que un Gobierno que pretende impulsar la aplicación de nuevas tecnologías al agro, y mitigar los riesgos climáticos a los que nos toca enfrentarnos cada día, debería facilitar los mecanismos para que esto sea posible. Cabe mencionar el tiempo que puede transcurrir entre la presentación de un proyecto en las oficinas pertinentes y su aprobación…sin duda consecuencia de la falta de atención por parte de quienes tienen a su cargo esta tarea. Sin pretender menospreciar el rol que deben cumplir las autoridades al analizar la conveniencia y factibilidad de cada caso, debería hacerlo en tiempos razonables, acordes con la realidad y el interés de quienes ponen en juego su dinero.

Algo similar ocurre con el suministro de energía eléctrica.  La gran mayoría de los sistemas de riego requieren la contratación de potencias significativas, tanto sea para el funcionamiento de bombas como de sistemas de aspersión. La ejecutividad de UTE en este caso es determinante. A nivel de tarifas la problemática es diferente. Cuando se analiza el impacto del insumo “energía” en el costo de un determinado cultivo o pastura, el mismo es muy relevante. Nuevamente encontramos una fuerte contradicción con la idea de promover la aplicación de mecanismos alternativos que ayuden a producir más y mejor.

Mucho se ha hecho en este sentido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la COMAP, promoviendo proyectos de inversión y otorgando ventajas tributarias a los mismos. Sería un gran paso como país que los demás Organismos desde su función específica, sigan esta misma línea.

A nivel agropecuario, tanto los precios de los granos como los de la leche están viviendo un momento excelente. A la hora de analizar económicamente la factibilidad y conveniencia de encarar una inversión que apunte a estabilizar los niveles de producción, como se podría interpretar para el caso de la sistematización de un campo hacia el riego, los precios de lo que se produce son un factor clave. Nadie desconoce la enorme ventaja de poder administrar el agua que debe ser aplicada a un cultivo para no sólo maximizar su rendimiento, sino también para disminuir al mínimo los riesgos de su fracaso, pero a veces la realidad de precios y costos de los insumos no acompaña. El momento actual muestra una situación muy buena desde el punto de vista del valor de la producción, pero a la vez mejorable del lado del sector público.

No cabe duda que el recurso “agua” existe y con un potencial enorme, y la necesidad de poder administrarlo eficientemente también es una realidad que no escapa a los ojos de nadie. Falta lo más fácil que a veces resulta lo más difícil, contar con políticas claras que en la práctica ayuden a viabilizar la iniciativa que sin dudas llegará desde el sector privado.