En el ejercicio de sus facultades, el Gobierno declaró dos Emergencias Económicas con el propósito de responder a la pandemia generada por el virus Covid-19. Durante este periodo, se emitieron 115 decretos legislativos, los cuales debían ser sometidos a un control de constitucionalidad automático por parte del Corte Constitucional.

            De esta forma, la Corte realizó la verificación de los 115 decretos, dando un resultado de 57 decretos exequibles, 51 con exequibilidad parcial y 7 inexequibles.

Estos son los siete decretos que fueron declarados completamente inexequibles; 1) Decreto 487, que suspendió los términos del trámite de extradición durante el estado de emergencia; 2) Decreto 558, que, entre otras medidas, permitió la reducción temporal de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social; 3) Decreto 567, que invistió de funciones jurisdiccionales a los procuradores judiciales de familia para conocer de los procesos de adopción; 4) Decreto 580, el cual decretó un descuento en el servicio de agua, alcantarillado y aseo para estratos 1, 2 y 3; 5) Decreto 797, el cual reguló la terminación unilateral de contratos de arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios, justificado en las actividades no se pudieran ejercer por causa de la pandemia; Decreto 802, que modificó el Decreto 558 ya mencionado.

El análisis realizado por esta corporación, entre otras cosas, se remite a verificar si las medidas tomadas en dichos Decretos efectivamente se encuentran destinadas a reprimir los efectos de la crisis económica, y no a otorgar atribuciones ajenas a las que normalmente le corresponden a los funcionarios.

Fuente

Corte Constitucional de Colombia.