Si no se aprueba una ley que ratifique parte de los cambios recientes podría haber reclamos de deudas por parte de la AFIP a un grupo de asalariados; mientras tanto, tres provincias fueron a la Corte Suprema contra la pérdida de recursos que les provocan las medidas de Massa.
Asi al final de un año en el que se sucedieron varios cambios -algunos empujados por la alta inflación y algunos por el interés electoral de Sergio Massa-, el impuesto a las ganancias tiene algunos aspectos que quedaron en un escenario de incertidumbre que el gobierno del presidente electo Javier Milei o bien el Congreso tendrá que resolver. Un escenario sobre el cual, a su vez, podría influir una decisión de la Corte Suprema, que comenzó a recibir reclamos de provincias que, por las modificaciones dispuestas, pierden una cantidad significativa de recursos.
Las dudas no están solo vinculadas con cómo será la carga fiscal para los asalariados, jubilados y autónomos en 2024 –para ese período se aprobó una ley que recibe bastantes cuestionamientos y a la que le falta su reglamentación-, sino que tampoco hay claridad, dada la manera en que se hicieron las modificaciones, con respecto al impuesto correspondiente a este año.
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En el proyecto de ley de presupuesto que el Ministerio de Economía mandó al Congreso, pero cuyo tratamiento quedó en suspenso (en rigor, se espera una iniciativa del nuevo gobierno) se había previsto darle fuerza de ley a los cambios. Un artículo buscaba ratificar el decreto 473 “y las normas dictadas en su consecuencia” (las tablas usadas en estos meses fueron dispuestas por la AFIP a partir del decreto), en tanto que otro artículo reproduce la tabla de Ganancias con los valores incrementados en un 35%, tal como la usada para calcular las retenciones hasta septiembre.
¿Qué pasa si el Congreso no aprueba esas ratificaciones y cuándo debería hacer el trámite? “Alterar la retención sin alterar el impuesto es una desprolijidad propia de la forma de hacer las cosas de Massa –afirma el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical, San Luis)-. Eso va a tener que ser enmendado eventualmente para evitar que la liquidación salga con saldo a pagar”. ¿Y eso debería enmendarse este año? Según el legislador, cuando lo dispuesto es “a favor del contribuyente, nadie objeta ni la forma ni la retroactividad”.
Según apunta Fraga, también podría ocurrir que la AFIP postergue el pago de los saldos eventuales hasta que sea aprobada una nueva ley.
Si todo funcionara normalmente, analiza por su parte el contador Gabriel Hermida, socio de Impuestos de la firma Auren, cualquier cambio a una ley debería hacerse por ley; sin embargo, “en la Argentina un decreto es suficiente para modificar una ley, y en la práctica hasta hubo normas de la AFIP que modifican o interpretan leyes en lugar de solo reglamentar aspectos administrativos”.
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