En los primeros meses de este año, la Justicia hizo lugar a más de 1000 amparos presentado por importadores para lograr destrabar sus operaciones. Con las nuevas restricciones dispuestas esta semana por el Gobierno, advierten que se generarán más reclamos por la vía judicial, aunque las chances de conseguir resultados favorables son inciertas.

“Lo que estamos viendo es una película de terror”, dice Gabriel Hermida, socio de Impuestos de Auren Argentina, que sigue de cerca las complejidades del circuito importador.

Los importadores que buscan ingresar productos que fueron “vetados” por el Gobierno en un contexto de escasez de dólares ante una demanda creciente, pueden recurrir a la justicia para conseguir un amparo que les permita sortear el filtro de las Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), el instrumento con el que se monitorea el ingreso de mercadería al país y con el que el Gobierno abre y cierra el grifo de estas operaciones.

Obtener la SIMI es el primer paso para concretar la operación. El segundo es que el Banco Central libere el acceso a los dólares a través del Mercado Único y Libre de Cambios MULC).

Obtener el amparo es un proceso judicial que lleva dos o tres meses e implica un costo adicional para el importador del 20 al 30% según el monto a litigar. Este costo se refiere a las tasas judiciales y los honorarios de abogados. Hasta ahora las chances de obtener un aval para sortear las SIMI vienen siendo altas.

Pero ese es solo el primer paso, Con ese fallo a favor, el importador tiene que pedirle al Central que le libere los dólares correspondientes. En este punto, como el Central niega los dólares o dilata la respuesta, el importador debe recurrir una vez más a la justicia. Y es aquí donde enfrenta un cuello de botella.

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