En lo que corresponde a la revelación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de operaciones de libranza por parte de entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades ha emitido un concepto en el cual se expresa que el patrimonio autónomo actuará como intermediario en la labor de compra de cartera a nombre de una persona no vigilada por la Superintendencia Financiera. A raíz de un planteamiento sobre los casos en los cuales los Fondos de Inversión estén actuando como compradores y no como intermediarios de un tercero comprador, se cuestiona si en estos casos le son aplicables o no las medidas de protección que se encuentran en este capítulo.

Una persona que no es vigilada por la Superintendencia únicamente podrá comprar la cartera de su elección derivada de operaciones de libranza realizadas por operadores del sector real, por medio de patrimonios autónomos o Fondos de Inversión Colectiva. Mediante el decreto 1047 de 2015 en su capitulo 54, se prevén mecanismos de protección del sujeto comprador.

Sin embargo, señala la entidad, que las protecciones mencionadas anteriormente no aplican a los Fondos de Inversión Colectiva debido a que estas no son personas naturales ni jurídicas (cosa que debe tener el comprador de cartera de libranza). Los Fondos de Inversión Colectiva por otro lado, tienen una naturaleza distinta ya que están sometidos a un marco regulatorio estricto y a la profesionalización de sus administradores, los cuales a su vez están vigilados por la Superintendencia Financiera.

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto 1008 de 2020 (decreto que modifica al Decreto 1074 de 2015), estas medidas de protección tienen como finalidad proteger al comprador de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza y no a los Fondos de Inversión Colectiva.

Fuente

Oficio 220-001937 del 14 de enero de 2021.