control del Lavado de Activos

09/09/2016

En esta oportunidad hablaremos sobre el tema lavado de activos y los controles necesarios a aplicar para mitigarlo, dado que el mismo se ha tornado cada vez más relevante tanto para nuestro país, como para la región y el mundo.

Específicamente nos enfocaremos en los sujetos del sector no financiero obligados a denunciar las actividades que consideren sospechosas de realizar maniobras de blanqueo de capital o financiamiento de actividades terroristas.

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es un proceso por el cual el dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas se introducen en la economía con el objetivo de legalizar y gozar de los beneficios económicos.

El blanqueo de capitales es un fenómeno internacional con el firme objetivo de eludir normativas de ciertos estados desviando el dinero hacía aquellos países con deficiencias en la regulación y en el control de este delito.

En nuestro país se encuentra reglamentado por la Ley 18.494 de 5 de junio de 2009 que modificó la Ley 17.835 y el Decreto 355/010.

¿Quiénes son los sujetos obligados?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 17.835 en su redacción dada por las leyes 18.494 y 19.355 son sujetos obligados:

  • Los Casinos,
  • Las inmobiliarias y los intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,
  • Los escribanos,
  • Los rematadores,
  • Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas,
  • Los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación,
  • Las personas físicas o jurídicas que realicen a nombre y por cuenta de terceros transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales (este es el caso de algunos estudios jurídicos, notariales y de contadores públicos).

¿Cuáles son las principales obligaciones?

Dichas obligaciones consisten principalmente en cumplir e implementar las disposiciones establecidas en el decreto 355/010:

  • Definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes,
  • Registro de las transacciones que con ellos realicen,
  • Conservar los documentos que acrediten las transacciones realizadas,
  • Establecer políticas de capacitación del personal,
  • Observación de las guías de operaciones riesgosas o señales de alerta
  • Determinar los procedimientos para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas

Cabe aclarar que la comunicación será reservada y ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas se realicen en cumplimiento de las obligaciones.

En el caso de los escribanos, éstos se encuentran particularmente obligados a aplicar la debida diligencia principalmente cuando lleven a cabo las siguientes operaciones para con su cliente:

  • Compraventa de bienes inmuebles
  • Administración del dinero, valores u otros activos del cliente,
  • Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores,
  • Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos,
  • Compraventa de establecimientos comerciales.

A su vez existen diferentes formas de diligencia; Mínima o Intensificada:

Diligencia Mínima:

Para el caso de personas físicas se debe:

  • Identificar al cliente y verificar (nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, estado civil, domicilio, profesión y volumen de ingresos),
  • Determinar si actúa a nombre propio o de un tercero, y en este último caso verificar la representación e identificar y verificar la identidad del tercero.

Si se trata de personas jurídicas se debe:

  • Verificar su constitución y representación,
  • Identificar y verificar la identidad del representante,
  • Conocer su objeto social, giro habitual del negocio y estructura de propiedad y control,
  • Identificar al beneficiario final de la operación.

Tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas se deben buscar antecedentes para determinar su vinculación con actividades ilícitas o con categorías de riesgo, se debe indagar sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial y obtener una justificación razonable de la procedencia de los fondos.

Diligencia Intensificada:

Si se aplica diligencia intensificada los sujetos deberán incrementar el procedimiento de debida diligencia para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como clientes no residentes, principalmente para aquellos que provengan de los países donde no se aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o no se apliquen correctamente, que impliquen la no presencia de las partes en la realización de las operaciones. Asimismo se deben definir procedimientos especiales de debida diligencia para las personas políticamente expuestas, para las personas jurídicas en especial, las sociedades con acciones al portador y los fideicomisos.

¿Cuáles son los umbrales para la aplicación de la debida diligencia?

Para el caso de Diligencia Mínima, se aplicarán los siguientes umbrales monetarios:

  • Casinos; cuando los clientes realicen operaciones de compra o canje de fichas, apertura de cuentas o transferencia de fondos por un monto superior a USD 3000.
  • Los rematadores; en los casos de realizar ventas en remate público por valores superiores a USD 15.000
  • Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas; cuando realicen operaciones en efectivo iguales o superiores a USD 15.000.

Cabe mencionar que a los efectos de los umbrales mencionados, se considerará como una sola operación aquellas múltiples que en conjunto superen los montos referidos, en el período de un año calendario, cuando se determine que son realizadas por o en beneficio de una misma persona física o jurídica.

Para el caso de Diligencia Intensificada, se aplicarán los siguientes umbrales monetarios:

Para el caso de las inmobiliarias, escribanos y otros intermediarios en actividades de compraventa, construcción, promoción e inversión u otras transacciones que involucren inmuebles, cuando el monto supere los USD 100.000 siempre que se realicen en efectivo y USD 200.000 para operaciones efectuadas mediante instrumentos bancarios.

Conclusión

Entendemos que el lavado de activos es una problemática que a través del tiempo ha traspasado fronteras, y hoy en día es una realidad que todos los países padecen. Las consecuencias económicas generadas por el mismo son de tal magnitud que nos exige un mayor compromiso de todos los sujetos obligados financieros y no financieros para combatir y controlar el mismo apoyados en la normas, utilizando los avances de la tecnología y aplicando los instrumentos de la debida diligencia.

matilde.ferreira@mvd.auren.com