En una nueva clara demostración de que, aún con pandemia y crisis económica, el costo lo deben asumir los Contribuyentes y nunca el Estado (en todos sus niveles) es quien debe ser racional, se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación la Disposición 2-PE-21 OD 379, que pasará a la Cámara de Senadores y una vez aprobada, se transformará en Ley con la promulgación por parte del Poder ejecutivo Nacional, de una nueva modificación en la Ley del Impuesto a las Ganancias.

El mencionado “Proyecto” de Ley, dispone nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada; así por ganancias de hasta $5.000.000, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre $5.000.000 y $50.000.000, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a $50.000.000 pagarán el 35%, siempre con el criterio escalonado y progresivo, ya que si una empresa supera los $50 millones, pagará por los primeros 5 millones, el 25 por ciento, luego el 30 y por el resto de lo que supere los $50 millones, recién abonará el 35 por ciento.

Lo antedicho, viene como moneda de cambio a la baja del Impuesto a las Ganancias de las Personas Humanas, que a partir de los $150.000.- (y los de hasta $174.000.- con algunas particularidades) de salarios brutos dejarán de abonar dicho impuesto. Ahora bien, si analizamos la baja de recaudación (por la Personas Humanas) versus la suba de recaudación (por las Personas Jurídicas / Sociedades), el efecto neto de más recaudación para el Estado es de aproximadamente $ 40 mil millones (siempre en función a datos oficiales).

Este aumento de recaudación y por ende de mayor presión fiscal sobre los Contribuyentes, no es aislado; está en línea con el esquema de aumentar la progresividad tributaria, que los que más tiene, más soporten las cargas impositivas; siempre dentro del marco de “el sacrificio los hacen los Contribuyentes y nunca el Estado (en todos sus niveles) hace sacrificio alguno”.

Desde un punto de vista técnico y estrictamente objetivo / pragmático; mientras que desde 2017 se intentó bajar la presión tributaria y alentar inversiones (Ley de Sinceramiento Fiscal, reducción de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales, Pacto Fiscal para la reducción / eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos); a partir de diciembre de 2019 se aumentaron / crearon diversos tributos (entre otros: aumento de las alícuotas de Bienes Personales, cambio en la forma de cómputo de los Quebrantos en el Impuesto a las Ganancias, derogación del Pacto Fiscal y su consecuente liberación para el aumento de Ingresos Brutos, creación del Aporte Solidario, creación del Impuesto País, aumento de Impuestos Internos, aumento real de los Derechos de Exportación, aumento del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y ampliación del mismo a las Plataformas de Pago por Internet, cambios en la Ley de Economía del Conocimiento que dejan fuera de los Beneficios a muchas empresas).

Mientras en el resto del mundo, a raíz de la pandemia que se está sufriendo; los países en general trataron de eximir / suspender la aplicación de impuestos a los Contribuyentes de manera masiva, en nuestro país se dieron algunos beneficios (ATP, diferimiento en el pago, préstamos) con requisitos leoninos o comparaciones contra períodos anteriores que resultan no comparables.

El informe “Doing Business” del Banco Mundial del 2019 estableció que la carga fiscal representa 106% de las ganancias de una compañía argentina, contra 65% en Brasil, 36,8% de Perú y 34% de Chile; y cruzando el río tenemos a Uruguay que para de establecer desde hace varios años innumerables beneficios para atraer inversores que expandan su economía.

Nos vanagloriamos desde lo discursivo de ser un país con tierras, alimentos, inteligencia incomparable de sus habitantes; pero a la hora de competir con ese mundo tenemos un Sistema Tributario atrasado, no competitivo, desprovisto de toda seguridad jurídica, que ahuyenta a las inversiones; y en vez de tener un Estado que entiende que así no vamos a avanzar, lo que hace es seguir asfixiando a los Contribuyentes.

Por Gabriel Hermida, Socio de Impuestos de Auren Argentina.