En medio de la polémica que surge por el impuesto a las grandes fortunas que impulsa el oficialismo, los expertos plantean serios reparos a la letra del proyecto.
Los tributaristas consideran que un impuesto a la riqueza podría ser válido pero critican cómo está estructurado el proyecto del oficialismo porque vulneraría principios de la Constitución y podría ser cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia,
Por un lado, hay que tener en cuenta que esto es un impuesto, no es un aporte solidario, coincidieron Domínguez y Gabriel Hermida, socio de Impuestos de Auren Argentina.
Sin embargo, podría haber afectación del principio de no retroactividad, porque el proyecto toma los bienes al 31 de diciembre de 2019. Esto implica una aplicación retroactiva del gravamen. Y los tributos deben fijarse a futuro, enfatizaron Domínguez y Hermida.
El supuesto aporte solidario se trata de un tributo directo que, como de acuerdo a la Constitución nacional, debería ser coparticipable, consideró Víctor Hernández, socio de Impuestos de Auren Argentina.
En lugar de eso se propone darle distintas asignaciones específicas a su recaudación que alcanzan al 100% de la misma, las que serán efectuadas por el Estado nacional.
Esto es una forma de eludir legalmente la obligación de coparticipar este tributo, proponiendo a cambio en el artículo 8 del proyecto una «aplicación federal de los fondos recaudados por el aporte extraordinario» que no se sabe qué es exactamente, dejando totalmente en el Gobierno Nacional el ejercicio discrecional de la facultad de asistir a las Provincias, sin ningún tipo de reglas para la distribución entre las mismas, enfatizó Hernández.
Hubiera sido mucho más transparente y apegado a la Constitución que, si bien con destinos expresos, los fondos aplicados a los mismos hubieran seguido los porcentajes previstos en la Ley de Coparticipación, subrayó Hernández.
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