Diagnóstico general: con problemas en el medidor de la capacidad contributiva. Eso podría decir un informe técnico tras un análisis del esquema del impuesto a las ganancias, tanto del que se aplica sobre los ingresos de las personas, como del que pesa sobre los resultados de las empresas. Ganancias es, conceptualmente y según coinciden los entendidos en temas tributarios, uno de los impuestos más progresivos y, por tanto, uno de los más adecuados para que los Estados recauden los recursos que necesitan. Aunque parezca paradójico dada esa consideración, es también uno de los tributos que más debates protagoniza. La causa principal de que ello ocurra está en los efectos del problema más acuciante en la economía cotidiana de los argentinos: la inflación. Y la manera, claro, en que el incremento constante de los precios distorsiona los esquemas que definen quiénes y cuánto tributan.
La decisión política más reciente es el envío al Congreso, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto de ley que busca fijar una alícuota adicional por única vez de 15% por la “renta inesperada”, a empresas con una ganancia anual neta imponible de al menos $1000 millones que, además, cumplan con una de dos condiciones: que el resultado contable ajustado por inflación del ejercicio fiscal alcanzado por la sobretasa represente 10% o más de los ingresos, o que esa variable supere en 20% (o en más) la ganancia del período previo. Tanto la idea como el diseño de la carga propuesta recibieron ya varias críticas, y el proyecto podría no avanzar.
Según Gabriel Hermida, profesor de Impuestos en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y socio de Impuestos en la firma Auren, la actualización debería ser mensual y automática. “Hace falta una reforma muy amplia para llevar todo a su valor real”, indica, en relación, por ejemplo, a la desactualización de los montos deducibles por gastos del contribuyente.
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