En junio de 2010, inmediatamente de finalizado el proceso electoral que había comenzado un año antes (Elecciones internas, nacionales, ballotage y elecciones departamentales), y a poco más de 3 meses de haber asumido, el gobierno impulsa un proyecto de ley mediante el cual busca gravar los depósitos y colocaciones en el exterior, al mismo tiempo que se flexibiliza en algunos aspectos el secreto bancario, aumentando los poderes de la DGI. También cambia por primera vez la fuente de tributación, que en algunos casos pasa del criterio territorial a mundial.

Después de muchas discusiones, y con cambios importantes a la versión original, se aprueba la ley 18.718 el 03/01/2011 con vigencia desde el 1 de enero de 2011.

A partir de julio del 2010, ante las presiones al alza del precio de la carne, y por otras razones particulares, se comienza a evaluar la medida de prohibir la exportación de ganado en pie. Medida que finalmente es tomada, cerrando el mercado de Turquía transitoriamente. La medida tiene amplia repercusión nacional e internacional.

Desde enero del 2011 se han levantado voces, presionando al gobierno para gravar en mayor medida al agro, con el argumento de que es el sector que más ha crecido en los últimos años.

Escribimos en marzo, (El Observador, 11/03/2011) refiriéndonos al tema, de lo importante que es éste sector para la economía del Uruguay, y que se debe procurar la mayor de las atenciones antes de modificar algo, pues siempre existe el riesgo de emular la fábula de la gallina de los huevos de oro.

Ahora, y directamente desde el Poder Ejecutivo, se impulsa un nuevo “Impuesto a la Tierra”. Se argumenta que lo que se pretende con éste impuesto es recaudar fondos para financiar el déficit en infraestructura del país. También se basa la medida en la intención de procurar reducir la concentración de la tierra.

Más allá de que en nuestra opinión, (y la de Estudios realizados al respecto), la medida tendrá el efecto contrario en el caso de la concentración de la tierra, no es nuestra intención detenernos a analizar en profundidad la naturaleza ni los efectos directos de éste impuesto, ni de los hechos detallados antes.

Lo que realmente importa en éste momento, son las señales que se están dando a los inversores.

Los inversores buscan un país seguro, con reglas claras, garantías jurídicas y trabajadores capacitados.

Quienes vienen a invertir, no toman decisiones teniendo en cuenta la realidad actual o escenarios de corto plazo, sino que se mueven en función de  expectativas  de largo plazo. Y es ahí donde se comienza a complicar el asunto.

¿Por qué si ahora, porque al sector agropecuario le va bien, le creamos un nuevo impuesto?, ¿Quién puede asegurar que más adelante, no se grave en mayor medida a otros sectores porque tienen la “mala suerte” de que les vaya bien?

El Presidente, sabe muy bien de la importancia de las “señales”. Por ese motivo, se presentó en un almuerzo en el Hotel Conrad el 10 de febrero de 2010, antes de asumir su mandato, e invitó a los empresarios extranjeros no solamente a invertir en el Uruguay, sino también a vivir acá.

En Uruguay, durante mucho tiempo nos vanagloriamos de ser uno de los países más cultos, y con más altos estándares de educación del continente, y lo fuimos. Pero luego de haber dejado de serlo, por muchos años seguimos pensando que aún lo éramos.

Hemos sido un país atractivo para los inversores extranjeros, y siempre se les ha dado un trato amigable. Los episodios de los últimos 2 años, parecen cambiar esa percepción.

Que no nos pase como con la educación, que cuando nos demos cuenta de que ya no somos atractivos para los inversores, sea demasiado tarde, y el costo mucho mayor a USD 60.000.000.