Una vez más, el sector agropecuario es foco de cambios en la política fiscal.

El motivo: desestimular la concentración de la tierra. Hablar de dos mil hectáreas coneat 100, puede parecer a simple vista que no afecta demasiado al sector, pero no siempre el daño se puede cuantificar como una cifra en dólares. Más aún cuando, como en este caso, se trata de una señal muy clara hacia el desestimulo de la inversión en el campo.

Y el “mensaje” llega en un momento un tanto complicado, con escenarios regionales y mundiales que muestran niveles de volatilidad e incertidumbre muy significativos.

Por un lado, Brasil adoptando una política económica más laxa, que lo lleva a tolerar niveles de inflación más altos, frenando en cierta forma el proceso de apreciación de su moneda frente al dólar, afectando la competitividad de nuestras empresas.

Argentina en un proceso inverso, que puede resultar incluso en un mayor deterioro del valor del peso, y que también atenta contra la competitividad de los productos uruguayos.

Europa, enfrentando un escenario fiscal complicadísimo con resultados aún inciertos, pero que en ningún caso pasarán desapercibidos por el resto del mundo.

Probablemente estemos entrando en un período de enfriamiento de la economía mundial, que nadie sabe cuánto tiempo puede durar, con precios más moderados para los commodities, donde la eficiencia y por ende la inversión en innovación tecnológica serán esenciales para seguir compitiendo con éxito en la colocación de nuestros productos en el resto del mundo.

Se suma a este escenario tan poco claro, el sostenido aumento de cada uno de los rubros que mueven al negocio agropecuario: mano de obra, combustibles, servicios en general, fertilizantes, semillas, etc., que absorben gran parte del alza de precios de lo que produce el agro.

Es claro el efecto que tiene en la economía del país, el dinamismo que este sector ha adquirido en los últimos tiempos. Y no fue precisamente desestimulando la inversión, tampoco estimulándola.

El motivo fue el mayor valor de los productos que se producen en el campo, principalmente el precio de los granos y en menor medida el de la carne.

Esto atrajo a empresas agrícolas extranjeras que estuvieron dispuestas a pagar rentas más altas para poder producir en el Uruguay, lo que impactó directamente en el valor de la tierra.

Frente a este escenario de altos precios de la tierra, muchos productores medianos y chicos se vieron tentados a vender, dado que para rentabilizar sus tierras a niveles acordes con su valor, era necesario invertir en sus establecimientos, a lo que muchos no estuvieron dispuestos.

Sí en cambio, estuvieron dispuestos los inversores a los que hoy les decimos que preferimos que no inviertan más.

En casi todos los casos, estos inversores vieron en nuestro país un potencial enorme marcado en buena medida por la falta de desarrollo y las posibilidades que en este sentido se presentaban. Muchos productores también se sumaron a esta nueva realidad potenciando aún más el proceso de cambio.

Mayor inversión por hectárea, fruto de incorporar tecnología, genética, mejoramiento en las pasturas, etc., basada en un negocio que requiere cierta escala para ser viable.

De esto se trata el hecho de que muchas empresas y productores hayan adquirido extensiones importantes de tierra. Es parte del negocio agroindustrial, que no puede interpretarse como un abuso sino que debiera analizarse desde un punto de vista más realista, reconociendo todo lo que este proceso aportó a la economía del país. Sin escala, no hubiéramos visto ni la mitad de las inversiones que hoy existen. Con un panorama mundial como el actual, se hace necesario contar con políticas claras que estimulen y favorezcan la producción para estar mejor preparados frente a un contexto internacional que se vuelve aún más complicado.