362 – EL AGRO: RECAUDAR VS SUBSIDIAR, MEDIDAS PARA UNOS POCOS

16/02/2018

Resulta oportuno señalar diversas medidas adoptadas por parte del estado en materia de recaudación, en momentos de bonanza del sector agropecuario que impactaron directamente sobre la rentabilidad de los productores y limitaron su capacidad para afrontar momentos de dificultades.

La expansión del sector

En la última década, el sector agroindustrial experimento una gran expansión, impulsada principalmente por el contexto internacional y el aumento en el precio de los commodities.

El desarrollo del sector agropecuario se vio reflejado en un incremento de los precios de las tierras, el cual se multiplico exponencialmente como respuesta a la mayor demanda por parte de algunas de las mayores comercializadoras de granos del mundo que buscaban desembarcar en nuestro país, anticipando las perspectivas positivas que se vislumbraban para el sector.

Entre los años 2011 y 2013, con el precio de los commodities en máximos históricos, la rentabilidad del sector permanecía con una tendencia alcista, incluso considerando el incremento natural en los costos de producción que tienden a acompañar las fluctuaciones de los mercados.

Mayor presión fiscal

A comienzos del año 2012, mediante la sanción del Decreto 2/012, se introdujeron modificaciones significativas en Ley de Inversiones que redujeron la exoneración de IRAE que se lograba y la posibilidad de aprovecharla.

En respuesta al incremento del valor de la tierra, en 2013 fue aprobada la Ley 19.088 la cual introdujo modificaciones al Impuesto al Patrimonio (IP) a las explotaciones agropecuarias (EA). La nueva ley gravo a una tasa de IP de 1.5% más una sobretasa máxima de 1.5%. La tasa global resulta superior a la tasa que grava a las instituciones financieras (2.8%) y duplicaría la tasa de la industria y comercio (1.5%).

Por otra parte, debemos mencionar la sanción de la Ley 19.333 en el año 2015, la cual reestableció el Impuesto anual de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales.

La contracción del sector

En los últimos tres años, el contexto internacional se ha revertido con el precio de los commodities cayendo desde mediados de 2014, sin embargo, el precio de las materias primas y los servicios, sufrieron un ajuste progresivo a tasas más lentas, afectando considerablemente la rentabilidad del sector.

La disminución en la demanda de tierras, menores incentivos a las inversiones, la caída de los márgenes productivos y las perspectivas internacionales, han repercutido en una desvalorización de la tierra y, por lo tanto, en una caída en los precios de los arrendamientos.

En 2017 los productores pagaron globalmente tributos por USD 279,7 millones (un 10% más que en 2016). El incremento estuvo dado por un mayor monto retenido por concepto de Imeba e impuestos asociados a la gravacion de la tierra.

El total recaudado por concepto de IMEBA ascendió a USD 55.1 millones, impulsado por una mayor facturación de carnes y leche. El aumento en la recaudación derivada de los impuestos que gravan la tierra se explica exclusivamente porque se ajustan en pesos uruguayos. En la medida que la cotización del dólar cayó entre 2016 y 2017, en dólares corrientes los impuestos experimentan un incremento.

Los impuestos indirectos (de menos significado en el total de la recaudación), también mostraron un aumento importante. Se destaca por su mayor incidencia, el IVA asociado a los productores que hacen opción del Imeba y no pueden recuperarlo.

Medidas aprobadas

A la luz de la sanción definitiva en el parlamento de las primeras medidas, la devolución del IVA gasoil a contribuyentes de IMEBA y un fondo de garantía para los lecheros; parecen medidas oportunas que brindan leves bocanadas de aire a los pequeños productores que cuentan con una menor espalda financiera para afrontar los momentos de crisis.

  Sin embargo, tomando en consideración la importancia del sector agropecuario y la contribución directa e indirecta a la economía del país, deberían analizarse medidas más profundas que garanticen un mayor respaldo para todos los productores, con el fin de evitar pérdidas críticas e incentivar una pronta recuperación.