Desde principios de año empresarios, políticos, sindicalistas y técnicos han discutido en forma pública diversas propuestas de cambios tributarios. En el caso del IRAE se han cuestionado las exoneraciones que se otorgan como consecuencia de la realización de determinadas inversiones, en tanto implican una pérdida de recaudación del estado.
Una lectura alternativa podría ser que, en realidad, mediante este mecanismo se baja en parte la abultada carga impositiva que deben tributar las empresas. En los hechos, los beneficios derivados de la ley de inversiones hacen bajar la tasa efectiva del IRAE, que es precisamente uno de los aspectos cruciales que miran los inversores para concretar o no concretar nuevos emprendimientos. Menor tasa efectiva de IRAE genera más inversión y más inversión indudablemente amplía las posibilidades de producción, lo que lleva a mayor recaudación en el futuro. Por tanto, lo primero que hay que señalar es que para una adecuada evaluación del costo-beneficio de las exoneraciones no sólo debe considerarse la resignación actual de recaudación sino también el aumento esperado a futuro.
Adicionalmente, no se ha considerado adecuadamente en el análisis que las exoneraciones implican contrapartidas. Las empresas, para obtener las exoneraciones, se comprometen a aumentar el empleo, a invertir en determinadas tecnologías limpias de producción, entre otros. Por tanto, un segundo punto tiene que ver con incorporar al análisis que hay efectos cualitativos positivos que balancean la pérdida de recaudación.
Un tercer aspecto tiene que ver precisamente con el destino de la recaudación. La resignación de ingresos tributarios en el caso de un proyecto altamente innovador probablemente tenga mejores efectos para el conjunto de la sociedad que el gobierno disponga de dichos recursos adicionales para gastar en rubros de dudoso retorno.
Un cuarto aspecto tiene que ver con lo paradójico que resulta que fuerzas políticas que tienen entre sus principales banderas bregar por el bienestar de los trabajadores, critiquen la ley de inversiones cuando la creación de empleo ha sido uno de los objetivos más utilizados por las empresas para acceder a beneficios. Si se acepta que buena parte de las inversiones y el compromiso de aumentar el empleo no se hubiesen concretado sin los incentivos, entonces resulta llamativo que las críticas provengan de donde provienen.
Un quinto aspecto tiene que ver con el hecho que quienes critican las exoneraciones, alegan que un importante porcentaje de las inversiones se habrían realizado de todas formas. Esto puede ser en parte cierto y refleja una debilidad del sistema, que no puede discernir claramente entre los inversores que invierten sólo si se le concederán los beneficios y aquellos que de todas formas lo habrían hecho sin que mediaren las ventajas que otorga el sistema. En relación a este aspecto, si bien puede ser cierto que muchas inversiones se habrían realizado de todas formas sin los incentivos, probablemente el monto total de las mismas habría sido menor (y los beneficios asociados también menores).
En suma, la discusión sobre los beneficios a la ley de inversiones está abierta. Como en cualquier análisis sobre temas impositivos se requiere prudencia y una adecuada evaluación. El sistema puede mejorarse, pero cambios abruptos sin una adecuada evaluación de sus efectos pueden generar resultados opuestos a los deseados.