El comienzo del año 2011 trajo nuevamente a escena el tema de la redistribución de la riqueza. Hemos sido testigos de cómo desde algunos sectores políticos se ha elegido un estilo muy directo para proponer alternativas, pasando por alto o descuidando aspectos económicos determinantes en un análisis de esta magnitud. Al sector agropecuario le toco, una vez más, ser el centro de estos embates. El motivo: un escenario internacional de buenos precios que favorece coyunturalmente la economía rural, combinado con un gran desconocimiento de los niveles de rentabilidad que el negocio agropecuario genera. Desde el Poder Ejecutivo, como forma de opacar estas iniciativas que a pesar de perseguir un fin muy justo, contaban con muy poco fundamento económico, se intentó dar señales claras de que la política fiscal del sector no iba a sufrir cambios significativos. Pero el daño ya estaba hecho. Señales equivocadas en momentos de alta sensibilidad económica para la toma de decisiones, no generan otra cosa que desestabilizar y provocar interpretaciones equivocadas sobre el rumbo económico por el que se pretende encausar al sector.
Si nos detuviéramos a analizar la rentabilidad o conveniencia de llevar adelante cualquier negocio, y los agropecuarios no escapan a esta realidad, deberíamos tomar en cuenta tres elementos claves: el factor temporal, el escenario de precios de lo que se produce y vende, y los costos necesarios para obtener el producto final. Si bien son varios los rubros que se pueden identificar como “Agro”, a modo de ejemplo hemos tomado el caso de una producción agrícola con arrendamiento de campo, y una producción ganadera de recría de terneros en campo propio. Considerando los últimos 5 años, en los cuales vimos pasar dos periodos de sequía, altos precios tanto para los granos como para la carne, que luego bajaron en el 2008 y volvieron a fortalecerse en estos últimos meses, pudimos comprobar que el retorno de los mismos no superaba el 5% anual.
Comparativamente, y para que se comprenda claramente lo que debería ser un margen de rentabilidad razonable para un negocio como el agropecuario, con todos los riesgos productivos y climáticos implícitos, tomemos la referencia de lo que rinde un Bono del Tesoro o una Letra de Tesorería de Uruguay: entre 3% y 6%, o sea, similar o mejor que muchas explotaciones agropecuarias. Sin embargo, una inversión en Bonos del Tesoro o Letras de Tesorería estaría exenta de IRAE mientras que cualquier explotación agropecuaria no contaría con tal exoneración. Suena poco lógico que exista quienes insisten en aumentar la carga tributaria del sector, cuando los niveles de rentabilidad están por debajo, en muchos casos, del rendimiento de un Bono del Tesoro. Más aun considerando que estos son meros instrumentos de financiamiento del país, sin un impacto directo en el PBI como si ocurre con una inversión en el sector agropecuario.
El camino para poder distribuir más justamente lo que el país en su conjunto genera, no va por la vía de aumentar impuestos sino por el camino de la calificación de su gente. Educar y preparar mejores personas parece ser la alternativa para que la “mano de obra calificada”, materia prima más valiosa y escasa, sea el vehículo para alcanzar una sociedad más equitativa.
Más impuestos al Agro seria “ajustar hacia abajo” cuando lo que el sector precisa es estabilidad y técnicos capacitados para poder consolidar este proceso de desarrollo tan significativo para la economía de todos los uruguayos.