No más de cuatro meses atrás, en esta misma columna, dábamos nuestra opinión respecto a la falta de fundamento en la aplicación del Impuesto al Patrimonio a algunas empresas agropecuarias. Argumentábamos entonces que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 18.092, mejor conocida como “Ley de Tierras” (7/1/2007), los titulares de tierras o explotaciones agropecuarias dejaban de tener la posibilidad de hacerlo en forma innominada a cambio de acceder a pagar el 1,5% sobre el patrimonio afectado a dicha actividad.

En cambio, se facultó al Poder Ejecutivo a autorizar en forma expresa a aquellas empresas que por su naturaleza económica y jurídica no tenían manera de identificar a sus accionistas. Es el caso de la mayoría de los grandes emprendimientos agrícolas y forestales que hoy están presentes en el país, y a quienes se le debe reconocer en gran medida el impulso económico del sector, que paradójicamente hoy parece ser motivo de castigo.

Resultado de esta norma:

Algunas empresas ya lograron su autorización, otras no, pero todas ellas deben pagar Impuesto al Patrimonio.

El debate:

Y nuevamente el “Agro” a la escena política. Pero no queda nada claro el objetivo de estos nuevos planteos. Una postura pretende gravar más al sector para obtener recursos y poder financiar parte del déficit en infraestructura que se viene agudizando año tras año; otros integrantes del partido de Gobierno reafirman la idea de desalentar la concentración de tierra por parte de algunas empresas, aduciendo el compromiso político o promesa asumida durante la campaña electoral.  Se habla por un lado, de debatir si le sirve al país que la tierra esté concentrada en pocas manos, y al mismo tiempo se plantea la necesidad de reclamarle al sector agropecuario más recursos para mejorar carreteras, vías de tren, etc. 

¿Y que tendrá que ver una cosa con otra?

El momento. Parece ser el momento oportuno para cambiar de tema, dejar atrás, lo más rápido posible, los asuntos políticos de las últimas semanas, y traer al tapete otros en los que aparentemente pudiera haber consenso. Pero tampoco.

Cuesta encontrar elementos en común entre uno y otro enfoque, salvo que en ambos, el perjudicado es el sector agropecuario. Se habla de concentración de la tierra y de que los titulares de grandes extensiones deben pagar un nuevo “impuesto” o “tributo”, según sea el destino de esos recursos. Pero se olvidan que en la mayoría de esos casos, las empresas ya están pagando Impuesto al Patrimonio.

Analicemos el efecto que en uno y otro caso puede tener el hipotético nuevo gravamen, desde el punto de vista de la imagen del país, tratando de ser coherentes con el concepto de  “país amigo de los inversores”. La línea es muy fina. Suponiendo que lo que se termine aprobando, sea un nuevo impuesto con destino a rentas generales o un tributo con un destino específico, tenga el mismo efecto económico en quienes recaiga el gravamen, la interpretación puede resultar totalmente contradictoria. Es muy diferente para quienes confiaron en el país como destino de sus inversiones, que se les pida apoyo para mejorar las condiciones o el contexto en el cual llevan adelante su actividad, a que se los castigue porque confiaron demasiado, invirtieron mucho y eso va contra los intereses del país. Volvemos a caer en la liviandad de generalizar conceptos y no reparar en la realidad que hay detrás de los casos reales en los cuales empresas poseen extensiones importantes de tierra.

¿Sería lógico invertir en una planta de celulosa sin tener asegurado un cierto volumen de materia prima?

¿Tendría sentido crear una empresa agrícola que invierta en capacitación, tecnología, investigación, si no tuviera la seguridad de contar con una superficie que le de la escala necesaria para sustentar su negocio?

¿Qué capitales vendrían a invertir al país si les decimos que no queremos que crezcan, o peor aún, que queremos desalentarlos a que inviertan lo máximo posible para que sus retornos sean los esperados?

¿No sería más inteligente evitar esta publicidad internacional negativa, y analizar, en el ámbito de aplicación de la “Ley de Tierras”, la conveniencia o no de cada proyecto en particular?

Parecería ser que estamos nuevamente frente a uno de esos casos en los cuales se quiere confundir lo político con lo económico.

¿Recursos para mejorar la infraestructura vial?; ¿atomizar la propiedad de la tierra?; ¿o simplemente conviene cambiar de tema?